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Por Eduardo Fabregat
 El “caso Nurina”
entró en su etapa judicial. Ayer, en un largo procedimiento que
comenzó alrededor de las 15 y se extendió hasta bien entrada
la noche, el juez federal Claudio Bonadío allanó las oficinas
de CIE-R&P en la calle Ramón Freire al 900, en búsqueda
de documentación relacionada con la denuncia de Daniel Grinbank
sobre presunto lavado de dinero. La delegación fue recibida en
el edificio por el presidente de la filial argentina del grupo de capitales
mexicanos George González, que se dijo a disposición de
la Justicia. Bonadío dio así curso al requerimiento del
fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que en la denuncia presentada
había elementos suficientes como para abrir la investigación
judicial.
Para los representantes locales del consorcio mexicano, el día
de ayer comenzó temprano y con múltiples actividades. El
escrito de Grinbank, que denuncia un pago sospechoso de 8,5 millones de
dólares a la compañía por parte de Nurina Corp. –una
empresa panameña de efímera vida–, ya había
despertado interés en el fiscal, con lo que podía preverse
un inminente procedimiento. Por otra parte, el presidente González
redactó y firmó un comunicado que repitió algunas
afirmaciones realizadas un día antes en México: tras “rechazar
tajantemente la participación en cualquier operación de
lavado de dinero”, allí se enuncia que “el señor
Daniel Grinbank se encuentra demandado por la compañía”,
y que su escrito “es un intento de desprestigio y difamación
que se deriva de su situación legal”. Pero también
agrega que “la transacción referida es una operación
absolutamente legal, intercompañía, para la cual CIE cuenta
con toda la documentación correspondiente, que se encuentra a disposición
de las autoridades competentes cuando así lo requieran”. Grinbank
fue socio en un 50 por ciento de los mexicanos para la explotación
de la marca Disney en America Latina a partir de 1996, luego tuvo un 30
por ciento y finalmente, tras vender su parte, quedó como presidente
de la filial. Luego de eso comenzaron sus cruces judiciales con el holding.
El fiscal federal solicitó a Bonadío, además de los
allanamientos, una serie de medidas que incluyen una pericia contable
sobre la compañía –que quedaría a cargo del
Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia– y un
pedido al Banco Central de la República Argentina para que informe
acerca de las entidades financieras con las que opera el grupo, y si alguna
entidad reportó operaciones sospechosas de la firma denunciada
por Grinbank. Al cierre de esta edición, los investigadores del
juzgado habían recabado en el edificio de Belgrano “un setenta
u ochenta por ciento” de la documentación, según dijo
a Página/12 una fuente del juzgado federal.
Por otra parte, el ex socio de los mexicanos y luego presidente de CIE
R&P afirmó a este diario que las operaciones a discutir no
sólo alcanzan al contrato entre Nurina y la empresa y los excesivos
precios pagados por las radios que investiga el Comfer. Para el denunciante
también debería examinarse una línea que alcanza
a la sucursal chilena del mismo grupo. Grinbank señaló que
en el libro diario de la empresa en Chile existe un asiento contable de
un millón de dólares, fechado en setiembre de 2000 (la misma
época del pago de 8,5 millones en la cuenta del Banco Río
argentino) proveniente de una empresa, Christer Holding Inc., que tendría
características similares a Nurina Corp. El dato podría
originar en Chile una causa judicial similar a la que se abrió
ayer en el juzgado de Bonadío, presumieron fuentes judiciales.
Esta investigación, por otra parte, podría echar luz sobre
el estado de las cosas en el mundo de los medios y la producción
de espectáculos en la Argentina, tras varios años de legislación
flexible, negociaciones bajo cuerda y holdings de interminables ramificaciones.
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