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Por Raúl
Dellatorre
 Empresas petroleras y propietarios
de estaciones de servicio coincidieron en señalar la profundización
de la crisis de ventas de combustibles en los últimos meses. Según
Carlos Calabró, de la Federación de Expendedores de Combustibles,
1200 bocas de ventas están en riesgo de cerrar porque no podrán
sostener la explotación con el actual nivel de facturación.
Manuel García, de la Asociación de Estaciones de Servicio
Independientes, estimó en medio millar la cantidad de instalaciones
que podrían cerrar en los próximos 90 días. De acuerdo
con cifras de la Cámara de la Industria del Petróleo, las
ventas de naftas en octubre descendieron en casi un 13 por ciento respecto
de un año atrás. Pero la baja en las estaciones de barrio
de la Capital y del Gran Buenos Aires superaría el 40 por ciento.
El presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo,
Juan José Aranguren, y el subsecretario de Combustibles, Cristian
Folgar, salieron al cruce de las intenciones de imponer aumentos en el
Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Aseguraron que no contribuiría
a aumentar la recaudación en las actuales circunstancias, porque
el mercado viene disminuyendo y se muestra muy sensible a los ajustes
en los precios. “Las ventas vienen cayendo desde 1996, cuando se
aumentó de 38 a 48 centavos (por litro) el impuesto”, señaló
Folgar. “En ese año se comercializaron 6 millones de metros
cúbicos de nafta, y este año no llegaremos a 4 millones:
esos dos millones implica recaudación fiscal que se perdió”,
agregó.
Aranguren coincidió en cuestionar el aumento del ITC sugerido por
el Grupo Productivo, que encabeza la UIA, al gobierno nacional como parte
de un paquete de medidas de emergencia. Estimó que “una suba
del ITC impactará sobre la recaudación en forma negativa,
y terminará siendo nulo”. Proveniente de Shell, el dirigente
empresario se quejó de que “en esta caída de la demanda,
las más afectadas son las petroleras no integradas que no compensan
con venta de crudo.
“Los costos fijos son mayores a medida que cae la demanda –explicó–,
y las empresas ya absorbieron mayores cargas impositivas como el impuesto
al cheque y otros fijados por varios municipios para cubrir el déficit
cero, como la creación de tasas o pedido de adelanto en el pago
de impuestos.” El titular de la CIP manifestó preocupación
por la difícil situación por la que atraviesa la comercialización
de combustibles: “Falta demanda o sobran estaciones de servicio”,
dijo.
En tal sentido, Manuel García señaló a Página/12
que “salvo las estaciones que están ubicadas en puntos de
venta privilegiados, la caída de la facturación con respecto
al año pasado llega al 40 por ciento; el alquiler de cocheras y
los servicios de lavado y engrase prácticamente desaparecieron,
y las ventas en minimercados se redujeron a la mitad”. Con este panorama,
estimó que de las 5800 estaciones de servicio que aún existen
–hace un año eran 6300–, otras 500 podrían cerrar
en los próximos tres meses. “No están en condiciones
de seguir soportando la carga de sus costos fijos, ni siquiera de pagar
la luz, y las que tienen minimercados son las más expuestas”,
puntualizó.
Según García, este cuadro de situación no reconoce
diferencias entre las estaciones de bandera (marca) y las “blancas”.
“Las primeras, porque manejan un margen de beneficios muy chico sobre
el valor de venta, y las segundas porque son las primeras en perder ventas
por una cuestión de desconfianza del público”, refirió.
El titular de AESI indicó que “hay gente que carga nafta por
dos pesos, es decir dos litros, algo que nunca había sucedido”.
De acuerdo a las estadísticas de la entidad, entre 1994 y este
año el promedio de ventas mensuales por boca de expendio pasó
de 130 mil litros a 70 mil.
Carlos Calabró, titular de Fecra, reclamó la aplicación
de un plan de competitividad para el sector, a fin de paliar la crisis.
“Existe gran preocupación por la situación que atraviesa
el sector, que llevaría a la desaparición de 1200 estaciones,
como lo grafican los datos suministrados por la Cámara de la Industria
del Petróleo”, señaló Calabró en el marco
de un encuentro empresario que compartió con Aranguren. Dijo que
el sector padece las consecuencias de “tener una carga impositiva
muy alta”, que lleva a la existencia de problemas de evasión
en zonas de frontera. “Paraguay le compra combustible a Argentina
y lo vende más barato de lo que lo vendemos aquí”,
describió, y “si los consumidores van a comprar combustible
a Paraguay más barato, también pierde de recaudar el gobierno
nacional y se destruyen empleos”.
PROPUESTA
JUSTICIALISTA PARA LA CONSTRUCCION
En busca del techo perdido
El diputado justicialista Gerardo
Martínez reclamó que el Estado recupere la gestión
del Banco Hipotecario para convertirlo en un instrumento de promoción
de la construcción de viviendas y del crédito para el mismo
fin. “No se han cumplido las expectativas previstas en la ley que
dispuso su privatización, tanto en el ofrecimiento de créditos
a los compradores de viviendas como a la financiación intermedia
para la construcción”, expresó el titular de la Uocra
en los fundamentos de los dos proyectos de ley elevados al Congreso.
El primer proyecto propone “que las acciones todavía en poder
del Estado tengan los mismos derechos que las pertenecientes al capital
privado, posibilitando que el Estado recupere la conducción del
Banco”. Además, se sugiere “que las provincias, a través
de sus institutos de vivienda, puedan ser accionistas e integrar el Directorio”.
La propuesta integral de Gerardo Martínez plantea también
otras medidas que permitan recuperar el sector, crear fuentes de trabajo
y financiar los emprendimientos, a través de los siguientes instrumentos:
 Mejorar la capitalización
del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura, creado con los fondos
obtenidos por la venta parcial del BH, difiriendo la devolución
de una deuda con el Banco Central.
Ratificar la especificidad
e intangibilidad de los Fondos Fonavi, “para evitar su desvío
a otros fines, como está propuesto en el proyecto de Presupuesto
del año 2002”.
Autorizar a que un porcentaje
del Fonavi se aplique como subsidio explícito, para el fomento
de planes cuya financiación se integre con ahorro previo de los
compradores y financiación bancaria.
Crear un Fondo Fiduciario Federal
para el Desarrollo de Programas de Vivienda, con el objeto de potenciar
los recursos que disponen los organismos específicos de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto respectivo propone transferir a este fondo los importes que
la Ley de Privatización del Banco Hipotecario destinaba a un departamento
del Banco de la Nación, y los fondos que se obtengan de la enajenación
de inmuebles fiscales ociosos. Este Fondo Fiduciario, conforme a la propuesta,
tendría un Consejo de Administración propuesto por las provincias
que adhieran al mismo.
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