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Por Adriana Meyer
 Cuando el ministro de Salud
afirmó ante Página/12 “que no panda el cúnico”,
pocos días antes de llamar a conferencia de prensa para anunciar
que el ántrax estaba entre nosotros, no imaginó que terminaría
dando explicaciones ante un juez. Los fiscales federales Eduardo Freiler
y Federico Delgado impulsaron una denuncia del defensor adjunto de la
Ciudad de Buenos Aires Antonio Brailovsky, quien había pedido que
se investigue si Héctor Lombardo incumplió sus deberes de
funcionario y provocó una “intimidación pública”.
Setenta y dos horas después del anuncio, especialistas del Hospital
Muñiz determinaron que el supuesto ántrax llegado por carta
a Parque Patricios desde Miami no era patógeno. Más tarde,
definitivamente, se confirmó que la enfermedad nunca llegó
a la Argentina. Pero Lombardo no volvió sobre sus pasos. “No
tengo ninguna autocrítica que hacer sobre el manejo de la crisis
provocada por el ántrax, no hemos hecho más que seguir los
consejos de la Organización Mundial de la Salud”, adujo. Brailovsky
quiere saber “si la conducta asumida por las autoridades sanitarias
no se constituyó en actos apresurados, alarmistas y temerarios,
que infundieron un temor público inédito en nuestro país”.
Los fiscales decidieron impulsar una acción penal contra Lombardo
y el director del Instituto Malbrán, Andrés Ruiz, a quienes
acusaron de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos
e intimidación pública, a partir de la presentación
del Defensor Adjunto porteño. Y pidieron al juez federal Rodolfo
Canicoba Corral una larga serie de medidas, según el dictamen al
que Página/12 tuvo acceso exclusivo. Según Brailovsky, pudo
haber existido un “perjuicio a los bienes del Estado en virtud de
los distintos operativos que tuvieron que implementarse a consecuencia
del irresponsable accionar del señor ministro y del director del
hospital”, y la conducta de ambos funcionarios “habría
generado pérdidas para las empresas postales y gastos por parte
de los ciudadanos que podrían haberse sentido afectados por la
alarma”. La denuncia destacó, además, que en la conferencia
de prensa del 19 de octubre las autoridades no aclararon en ningún
momento que los resultados no eran definitivos.
Freiler y Delgado recordaron algunos datos que reflejan la situación
desencadenada tras el anuncio oficial de la llegada del ántrax:
las líneas telefónicas saturadas de la Brigada de Riesgos
Especiales de los Bomberos, las más de 6 mil piezas postales enviadas
a analizar a los hospitales Malbrán y Muñiz, el colapso
de las líneas telefónicas de consulta gratuita, la oleada
de ciudadanos que, alarmados, concurrieron a los centros de salud, los
cientos de sumarios policiales iniciados y las aproximadamente 2500 consultas
en el juzgado federal de turno.
El 24 de octubre el juez Canicoba Corral aseguró que las esporas
de ántrax detectadas en el sobre recibido por la publicista retirada,
que se bautizó Patricia, “no tenían capacidad de enfermar”.
Los fiscales tomaron en cuenta que Lombardo se negó a hacer una
autocrítica y que Ruiz admitió que “hubo distintas
presiones para que se conociera el resultado del análisis el 19
de octubre y eso indujo a dar una información errónea”.
El magistrado había exigido enterarse del resultado del análisis
antes de que fuera puesto en conocimiento de la opinión pública.
Y su evaluación posterior de los acontecimientos lo llevó
a decir que “se instaló en forma apresurada la idea de una
guerra bacteriológica”, y se creó “una psicosis
evitable”.
Al impulsar la investigación, los fiscales afirmaron que “son
muchos los elementos” que hace plausible la hipótesis planteada
por el denunciante, “ya sea a partir del temor público generado
o las verdaderas voces de alarma que, emanadas de los funcionarios encargados
de velar por la salud de la población, se amalgamaron para producir
tal efecto”.
LOBBY
DE DOS SENADORES Y UN GOBERNADOR A DUMON
Por las jubilaciones riojanas
Por Irina Hauser
“Le venimos a pedir por
favor que cese la persecución contra los jubilados de La Rioja”,
se plantaron a coro el gobernador riojano Angel Maza y los senadores Eduardo
Menem (PJ) y Raúl Galván (UCR) en el despacho del ministro
de Trabajo, José Dumón. Ya no saben qué hacer para
amortiguar el impacto político de los reclamos de una multitud
de supuestas amas de casa y empleados bancarios riojanos que habían
sido beneficiados con jubilaciones truchas que les fueron dadas de baja
este año por la ANSeS. Dumón intentó calmar los ánimos,
pero al parecer no hará concesiones.
Los tres riojanos temen otras complicaciones. El organismo de la seguridad
social está a punto de suspender 1100 retiros de amas de casa,
que se sumarán a otros 1200 que ya anuló por no cumplir
ni con los 55 años de edad mínima exigida –aparecieron
jubiladas de 25 años– ni con el requisito de residir en La
Rioja. Aunque en realidad el total de mujeres bajo la lupa son 8000. En
el ámbito de la Justicia, el fiscal federal Guillermo Marijuán
está evaluando ordenar la detención de una decena de jubilados
bancarios truchos que no se presentaron a declarar, entre ellos Edgar
Romero Chacón, el profesor de tenis de Zulemita.
–Me voy a preocupar por que no haya injusticias –fue la respuesta
escueta y ambigua de Dumón al trío.
La mayoría de las jubilaciones cuestionadas fueron otorgadas por
la provincia de Carlos Menem cuando se produjo el traspaso del sistema
previsional provincial a la Nación, en 1996. El problema de estar
pagando de más lo tuvo el Estado. Pero hay un grupo de jubilaciones
que el gobierno riojano aún no se pudo sacar de encima y que en
teoría ya no tiene con qué pagar: se trata del 30 por ciento
de los retiros de la Universidad de La Rioja (Unlar), de Eposlar (el ente
del agua) y Epelar (el ente de energía). En total son cerca de
200 y según los relevamientos oficiales, incluso algunas falsas.
Maza, Menem y Galván presionaron también al ministro para
que concrete la trasferencia al sistema nacional, pero, según allegados
a Dumón, por el momento está todo en veremos. Incluso ven
difícil que alguien pare la suspensión de más jubilaciones.
La presencia de Galván fue lo que más sorpresa causó
en la ANSeS. Algunos funcionarios de ese organismo no olvidan que el escándalo
de las jubilaciones riojanas el senador fue personalmente a dar de baja
a su jubilación de privilegio de 3700 pesos refunfuñando
y lamentando en el alma “porque tenía la costumbre de donarla
a la escuelita de ciegos de la provincia ¿Y qué harán
ahora los pobres cieguitos?”
Menos asombrosa fue la presencia de Eduardo Menem, que tiempo atrás
se ofreció a patrocinar al sindicato riojano de Amas de Casa –algunas
de cuyas integrantes se habían lanzado a la protesta –en la
presentación de un pedido de no innovar que recibió respuesta
favorable del juez Enrique Chumbita. Es el mismo magistrado que habilitó
a Carlos Menem a candidatearse cuando estaba preso y que reclamó
la competencia en la causa de jubilaciones bancarias que conducen el fiscal
Marijuán y el juez Rodolfo Canicoba Corral, donde ya fueron indagadas
cerca 140 personas, entre ellas ex diputados, ex funcionarios y amigos
del poder provincial.
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