Por Laura Vales
A punto de terminar su semana
más negra en el PAMI, el interventor Raúl Pistorio se reunió
ayer en el Congreso con una decena de diputados del oficialismo y la oposición.
Vamos a bajar gastos para generar un nuevo ahorro de 20 millones
mensuales en 2002, dijo ante los legisladores con el tono de quien
planea quedarse un largo tiempo en la obra social. En la Casa Rosada,
sin embargo, todo el mundo lo da por renunciado e incluso no se ocultan
los nombres de la sucesión. El anuncio se va a hacer en unos
días, con los cambios de gabinete. Es nada más que una cuestión
de tiempo, fue la frase repetida ayer.
Dos ministros dijeron a Página/12 que el hombre a quien De la Rúa
quiere encargar la tarea de monitorear al PAMI es Ramón Mestre,
una vez que deje su cartera en manos de Raúl Pascual. Una de las
posibilidades abiertas es que Oscar Aguad actual interventor de
Corrientes y hombre de confianza del ministro del Interior asuma
en lugar de Pistorio. En cualquier caso la idea central es que Mestre,
con fama bien ganada de administrador impiadoso, supervise un seguro proceso
de ajuste.
Hubo otro gesto que se interpretó como un preanuncio de que la
suerte del interventor está definida. Ayer Pistorio volvió
a ser criticado por su segundo Edgardo Trivisono, que llamó a refundar
la obra social y aseguró que con el actual presupuesto de 2100
millones de pesos es suficiente para garantizar las prestaciones
médicas y sociales.
Decir que Trivisono sintoniza con el grupo Sushi es quedarse muy
corto, explicó un funcionario cercano a De la Rúa;
él es el médico de Aíto, el que se encargó
de llevarlo a la clínica cuando tuvo la complicación respiratoria,
Inés (Pertiné) lo adora. Es claro que si habló de
esta manera es porque tiene algún guiño.
El PAMI acumula deudas por 1800 millones de pesos (400 más de lo
que dejó Alderete) y prácticamente todas sus prestaciones
están cortadas. El Gobierno se comprometió ayer a auxiliarlo
con 60 millones en bonos Lecop.
El socorro reconoció un alto funcionario del Ejecutivo a
Página/12 es como una gota de agua en el mar, pero la situación
está tan deteriorada que fue recibido como una buena noticia.
Con eso al menos se puede empezar a hablar con los prestadores,
apuntaron en la obra social cuando se confirmó que los fondos están
asegurados.
El interventor anticipó que los Lecop servirán para cancelar
la deuda de julio y parte de agosto y estimó que los 60 millones
podrían ser utilizados en un 50 por ciento la semana próxima
y el resto en 15 días. Con eso se espera que los servicios comiencen
a restablecerse.
La promesa de auxilio se formalizó en el despacho del presidente
de la Cámara de Diputados, el radical Rafael Pascual, donde Pistorio
y el vicejefe de Gabinete, Héctor Rodríguez, se reunió
con una decena de legisladores, entre ellos los radicales Eduardo Santín
y Cristina Guevara, los peronistas Oraldo Britos y Graciela Caamaño,
la frepasista María América González y Alfredo Villalba,
del Frente para el Cambio.
Los diputados había amenazado con frustrar la continuidad de la
última sesión si no aparecía una respuesta para el
PAMI.
Un detalle que refleja la dimensión de la crisis es que Pistorio
reconoció que en el PAMI se malgasta el dinero y que se crearon
oficinas y reparticiones con el único fin de acomodar gente,
contó uno de los que participaron del encuentro.
El ajuste que se viene, según Pistorio, no va a tocar las prestaciones
de salud ni implicará despidos. Sí se van a achicar los
gastos de publicidad (sólo habrá avisos para los llamados
a licitación y para algunas campañas como la antigripal)
y en el área de emergencia, donde de acuerdo a la intervención
se está gastando el doble de los costos de mercado.
El compromiso del Gobierno incluyó también la promesa del
vicejefe de Gabinete de promulgar la ley para darle al PAMI un aporte
especial de 160 millones. Y una comunicada el miércoles por Economía:
incluir en el canje de la deuda 265 millones de dólares que el
PAMI debe a los bancos en concepto de intereses.
Votaron la normalización
Diputados dio media sanción ayer en su última sesión
al proyecto de normalización del PAMI, que termina con las
intervenciones y permite que los jubilados elijan a sus autoridades.
La ley reafirma el carácter público no estatal
del PAMI e incorpora controles internos y externos; es una afirmación
del espíritu solidario que debe tener el sistema de seguridad
social, explicó la diputada Cristina Guevara, al presentar
la iniciativa que con media sanción pasará ahora para
su tratamiento en el Senado. El proyecto define las prestaciones
de la obra social como servicios de interés público
y vuelve intangibles los recursos para su financiamiento
e impide delegar, ceder o transferir a terceros las
funciones de conducción, administración, planificación,
evaluación y control del organismo. Según el proyecto,
el directorio del PAMI se compone de 11 representantes de los centros
de jubilados, dos de los trabajadores y dos del Ejecutivo.
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