Ante el hecho consumado de la designación del peronista Ramón Puerta como presidente provisional del Senado e inmediato reemplazante de Fernando de la Rúa, la mayoría del Gobierno optó por tomarse el nuevo escenario con tranquilidad y, en algunos casos, con optimismo y con elogios hacia el misionero. Dentro de ese marco, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, dijo que el Ejecutivo tomaba de manera “positiva” la nueva situación, y reveló anoche, en la Casa Rosada, que el Presidente y Puerta dialogaron telefónicamente y que se reunirán entre el martes y el miércoles próximos. El propio senador electo confirmó los contactos y aseguró que en su encuentro con De la Rúa tratarán “temas formales”.
La jugada que terminó con Puerta como segundo en la línea sucesoria del poder mostró una vez más diferencias entre el Gobierno y el radicalismo. Mientras el grueso de los funcionarios nacionales, desde De la Rúa a Colombo, quiso dar una imagen de que estaba todo “bajo control”, el presidente de la UCR, Angel Rozas, reiteró varias veces que la jugada del peronismo era “un golpe institucional”.
El mismo Puerta salió a responder esa acusación. “Sería un pésimo negocio” provocar ese golpe, dijo el flamante senador y virtual vicepresidente. “Queremos llegar al gobierno en 2003 por las urnas, como lo hicimos siempre”, agregó. Más tarde, desde Posadas, confirmaría que se encontrará con De la Rúa la semana entrante, cuando regrese a la Capital Federal.
En el Gobierno el tono mayoritario fue de mesura y hasta de optimismo, en algunos casos. “Frente a lo resuelto ayer (por el jueves) no hay que dramatizar”, afirmó De la Rúa, y consideró que “la fuerza, la garantía y la potestad” permanecen en sus manos. Pero sí se permitió una pequeña queja: “Fue un error alterar una tradición parlamentaria que era valiosa”, dijo, en relación a que históricamente la presidencia de la Cámara alta quedaba para el partido gobernante.
Quien no tuvo empacho en elogiar a Puerta fue Cavallo. “Lejos de avizorar dificultades, avizoro una excelente relación con el nuevo Senado”, dijo, y confió en Puerta porque juzgó que “siempre obró con buena fe y patriotismo”. Ambos se conocen: acompañaron al primer gobierno menemista, uno como gobernador de Misiones, el otro como ministro de Relaciones Exteriores y posteriormente como titular del Palacio de Hacienda. Apenas el ministro de Interior, Ramón Mestre, reaccionó en contra de la jugada peronista, al relacionarla con el aumento del riesgo país. Según el funcionario, la estrategia justicialista “provocó zozobra en el ámbito económico”.
En cambio, desde Uruguay, el canciller Rodríguez Giavarini también se mostró tranquilo. “Acá triunfaron las instituciones. El partido (la UCR) fue claro al mencionar que hubiese preferido una decisión tradicional al esquema, pero en este caso hay que resaltar que ha estado vigente el cumplimiento de la norma”, señaló. Y, plegándose al tono general del Gobierno, se despegó de Mestre. “No creo que los mercados hayan leído como negativa la asunción de Puerta, porque también tienen otras cuestiones para analizar”, indicó.

OBLIGAN A LOS SENADORES A DECLARAR SU PATRIMONIO
A punta de fallo judicial

Por R. C

A partir de hoy, cualquier persona podrá conocer la declaración jurada de un senador. La jueza Susana Haydée Córdoba estableció que la Secretaría Administrativa de la Cámara alta tiene la obligación de dar a conocer el patrimonio de sus miembros. La magistrada hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la Fundación Poder Ciudadano, a cuyos integrantes se les negó este año ese tipo de información.
La Ley de Etica Pública establece que todo ciudadano tiene derecho a conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. El órgano encargado de almacenar esa información, dice la ley, debe ser la Comisión de Etica Pública. Pero como dicha comisión no se integró, por ahora es la Secretaría Administrativa del Senado la que se encarga de juntar los datos patrimoniales de los legisladores. El 24 de mayo, Poder Ciudadano solicitó a esa dependencia las declaraciones patrimoniales de los años 1999 y 2000 de los senadores y ex senadores del cuerpo. La respuesta oficial fue un no rotundo. El argumento, que la Comisión de Etica aún no fue creada. A su vez, los senadores consultados por la Fundación decían que ya habían presentado sus declaraciones a la secretaría administrativa. Un Gran Bonete interminable.
Ante ese panorama, Poder Ciudadano presentó un recurso de amparo en el marco del programa Acción Colectiva por la Justicia. Y la jueza Susana Haydée Córdoba, del juzgado contencioso administrativo número cinco, hizo lugar el jueves a la denuncia de la fundación. “El fallo debe servir de base para que los nuevos senadores asuman un compromiso con el respeto a la legalidad y no opten por privatizar información pública que todo ciudadano tiene derecho a conocer”, dijo Silvana Lauzán, coordinadora del Monitoreo Cívico del Senado realizado este año por Poder Ciudadano.
Vale la pena recordar que éste no es el primer problema que la fundación tuvo para realizar ese trabajo. Por citar sólo otro inconveniente, muchas veces no dejaron entrar a los encargados del informe a las reuniones de comisión, que según establece la ley, son abiertas.

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