Por Nora Veiras

La imagen del comienzo de clases 2002 fundida con el probable “incendio” en trece provincias provocado por la falta de pago en término de los sueldos convenció a Educación de buscar una salida de emergencia. El ministro Andrés Delich anunció que en el proyecto de presupuesto que se enviará el lunes al Congreso se prevé la creación de un “Fondo para el financiamiento de salarios docentes”, integrado por 600 millones de dólares provenientes de un crédito del Banco Mundial. Por ese camino se le prestará por única vez a las provincias la plata equivalente a una partida salarial para que puedan pagar en tiempo y forma los haberes. En ese contexto, sobre el incentivo docente sólo hay un compromiso de palabra –no se sabe ni cómo ni cuándo– para ponerse al día con los 330 millones de pesos adeudados de este año. El Congreso, en el mejor de los casos, tendría que decidir de dónde conseguir además 660 millones para mantener el incentivo el año próximo.
“El Fondo de Incentivo Docente sigue existiendo hasta el 31 de diciembre del 2003, pero lo que pasa es que ahora no tiene forma de financiamiento. Eso es lo que deben discutir los diputados. Creo que el debate en Diputados seguramente va a circular alrededor de volver a votar un impuesto específico”, explicó Delich en declaraciones a “Otra cosa” de Radio Splendid. En buen romance, el Fondo existe sin fondos. Las hipótesis en la Cámara baja son varias: incorporar los 660 millones como estaba con garantía del Tesoro nacional –una opción que parece irrealizable en el marco del ahogo del déficit cero–, reducir ese monto a la mitad y asignarlo de modo tal que lo reciban sólo los maestros que tienen sueldos más bajos y únicamente por un cargo. Hasta ahora, ninguna bancada dio su acuerdo a la eliminación de ese fondo que surgió como herramienta para levantar la Carpa Blanca. Sin embargo, de dónde saldrían los recursos nadie lo sabe. La sola suma de la deuda, 330 millones de pesos, más otros 660 millones implicaría que la Nación invierta 1000 millones para ponerse al día con los maestros. Una cifra desmesurada a la luz de las prioridades de los hombres de Domingo Cavallo.
Al margen del incentivo, el presupuesto que ayer Delich presentó a la prensa computa una lectura optimista de las cifras:
Los recursos globales pasarían de 2975,4 a 3445,5. Llegan a 451,1 millones de incremento sumando como inversión los 600 millones del Fondo de Financiamiento para pago en término de los sueldos provinciales, los 200 millones de otro crédito del BID previstos para conectar las escuelas a Internet y los recursos extras derivados de la aplicación del programa social que había anunciado la ex ministra Patricia Bullrich. Con esos fondos denominados técnicamente “bajo la línea” de presupuesto compensan el recorte de los 660 millones del fondo.
Las becas pasarían de 48,1 millones a 300 millones. Serían de 400 pesos anuales para chicos de 14 a 17 años con padres que cobren menos de 1000 pesos. Según el Ministerio, la Encuesta Permanente de Hogares contabiliza 717 mil chicos de esa edad por debajo de la línea de pobreza y con el programa se los atendería.
El presupuesto universitario se mantendría globalmente en 1797,7 millones de pesos, pero Educación retendrá 158 millones del total para redistribuirlos según “criterios objetivos” e incrementar las becas pasando de 7,4 a 50 millones de pesos. De esa forma, las 36 universidades nacionales dispondrán en forma automática de 1589,3 millones.
El fondo de emergencia que detalló Delich muestra, en realidad, la magnitud de la crisis fiscal en las provincias y la imposibilidad de que la Nación se desentienda del compromiso mínimo de pagar los sueldos si quiere garantizar los 180 días del ciclo lectivo. A lo largo de este año Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego fueron las provincias que tuvieron atrasos para abonar los sueldos. En BuenosAires se perdieron 36 días hábiles del calendario escolar, lo cual equivale prácticamente a dos meses, en un sistema que atiende a 4,5 millones de alumnos.
Ante la posibilidad cierta de que a principios del 2002 el ajuste deje otra vez en el camino a los sueldos, Educación apeló al crédito de 600 millones. La idea es que para acceder a esos fondos las provincias se tienen que comprometer a “asegurar un mínimo de 180 días de clases, a profundizar las reformas en la gestión administrativa y de recursos humanos y a mantener la participación del presupuesto educativo en el gasto público total. Si la provincia no cumpliera con esas condicionalidades, se descontará automáticamente el monto del préstamo de las transferencias de coparticipación federal”.
El secretario de Educación Básica, Gustavo IaIaies, explicó que las provincias podrán pedir como máximo el equivalente a una partida mensual de salarios por única vez. Remarcó que “la idea es ‘empatar’ cargos con personas y terminar con cosas como las detectadas cuando asumimos en Corrientes donde había ‘tres escuelas virtuales’: se liquidaban sueldos a tres escuelas que no existían”. “Este fondo no es un instrumento permanente, es una herramienta frente a una situación de crisis. Está destinado a transmitirle cierta seguridad al docente en términos del cobro del salario que hoy no se garantiza”, dijo Delich.

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