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Por Adriana Meyer
 Irán y sus funcionarios
vuelven a ser el eje de la persecución penal argentina por el atentado
contra la AMIA. El juez federal Juan José Galeano estaría
a punto de pedir la captura internacional del ex agregado cultural iraní
en Buenos Aires, Moshen Rabbani, como presunto coautor del ataque terrorista
que destruyó la mutual judía en 1994 y terminó con
la vida de 85 personas. Lo hará a través de una resolución
que se conocería antes de fin de año. Fuentes judiciales
consultadas por Página/12 especularon con que las recientes declaraciones
tomadas en el exterior por el magistrado reforzarían los elementos
que hacen sospechoso a Rabbani. Pero todo indica que no hay nada demasiado
contundente contra el diplomático.
“Sospecha para indagarlo hay, pero quizá no sea suficiente
para condenarlo”, opinó ante Página/12 una fuente de
la fiscalía que se mostró de acuerdo con los próximos
pasos del juez. Además, Galeano solicitaría a Interpol la
captura internacional del secretario general del Hezbollah en tiempos
del ataque, Hassan Nasrallah, y de Ali Akbar Velayati, ex canciller de
Irán. Ambos fueron nombrados por el famoso testigo “C”,
un ex miembro de la inteligencia iraní que vive refugiado en Alemania.
“Los dos son nombrados también por otros disidentes como quienes
dieron la orden de ejecutar el atentado y seleccionaron el blanco”,
explicaron fuentes mencionadas por la agencia Télam. El funcionario
consultado por este diario especuló con que los testimonios recogidos
por Galeano en Estados Unidos y Francia hace un mes corroborarían
los dichos de “C”.
El gobierno iraní negó en forma oficial la autoría
del atentado, pero los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel
siempre insisten en culpar a ese estado por la masacre. Alineado, el ex
canciller menemista Guido Di Tella “invitó” a Rabbani
a no regresar al país en ocasión de un viaje al exterior
del sospechoso. “Nos llama la atención que no lo haya convocado
cuando Rabbani estaba acá, porque el diplomático no necesariamente
se hubiera amparado en su inmunidad”, comentó el abogado de
Memoria Activa Pablo Jacoby.
Además de las pruebas ya conocidas que supuestamente lo involucran
–como las fotos que la SIDE le habría sacado a Rabbani preguntando
precios de camionetas Trafic usadas, el mismo vehículo usado como
coche-bomba, y algunas llamadas telefónicas– se sumó
la declaración de un testigo argentino de identidad reservada,
denominado “B”. Según Télam, este hombre “era
un lobbista argentino que trataba con Irán por temas de venta de
carne” y aseguró que después de la explosión
de AMIA fue a entrevistarse con Rabbani y tuvo que esperarlo en la antesala
de la agregaduría cultural de la Embajada de Irán. Allí
dijo haber escuchado a una mujer que recriminaba al iraní: “Esto
te pasa por meter en el medio a gente como Telleldín, estamos en
un quilombo terrible”. Y Rabbani habría contestado: “Yo
a Telleldín lo manejo”.
Cruces telefónicos demostraron que la tarde del domingo 10 de julio
de 1994, día en que el acusado Telleldín entregó
a policías bonaerenses la Trafic, desde la embajada de Irán
se llamó a una oficina de inteligencia del Líbano. Además,
el viernes 15 de julio de ese año a las 18,15 se detectó
un llamado del celular de Rabbani a la Embajada realizado en un radio
de diez cuadras del estacionamiento “Jet Parking”, el lugar
a 300 metros de AMIA donde a las 18.30 de ese día se dejó
la Trafic ya cargada con 300 kilos de explosivos. Sin embargo, los investigadores
admiten que sólo encuentran en la Trafic el nexo entre las conexiones
local e internacional. Pero encuentran “sugestivo” que después
de tantos años de permanencia de Rabbani al frente de distintas
mezquitas, recién se le hubiera dado un cargo diplomático
e inmunidad meses antes del 18 de julio de 1994.
EL
MERCOSUR CONTRA EL TERRORISMO
El enemigo común
Los ministros del Interior de
los países del Mercosur, más Chile y Bolivia, firmaron un
convenio para coordinar la lucha regional contra el terrorismo. El tema
es parte de la búsqueda de mayores medidas de seguridad para el
cono sur tras los atentados del 11 de setiembre. La intención es
que los servicios de inteligencia de los seis países tengan un
intercambio de información fluido y que se articulen acciones de
prevención.
Uno de los primeros efectos de este convenio, según explicó
el secretario de Seguridad Enrique Mathov, es que pone en marcha “un
comando único entre los países del Mercosur y Bolivia para
intercambiar información sobre cualquier actividad que se realice
en cada uno de los países y evitar la infiltración del terrorismo”.
En el encuentro realizado en Montevideo hubo coincidencia en la necesidad
de “intensificar los controles en la zona de la Triple Frontera”.
El ministro del Interior Ramón Mestre sostuvo que es “indispensable
intensificar el control de la corrupción, el tráfico de
inmigrantes y de drogas”, problemas a los que definió como
“hilos conductores a la acción del terrorismo”.
En el caso de Brasil, el titular de la cartera de Justicia pidió
que las acciones “no se limiten al intercambio de información”,
que se “coordinen y perfecciones los sistemas migratorios” y
que se “revise la legislación en materia de terrorismo”.
El representante paraguayo exhortó por su parte a que la Triple
Frontera “no se convierta en un santuario para la delincuencia”
y recomendó el “control de ingreso de personas resguardando
la libertad individual y comercial”.
En la reunión se firmaron también acuerdos relacionados
a la asistencia sanitaria y con la inmigración. La delegación
argentina estuvo integrada, además de Mestre y Mathov, por el ministro
de Justicia Jorge de la Rúa y el canciller Adalberto Rodríguez
Giavarini. Firmaron el acuerdo los ministros del Interior de Uruguay,
Guillermo Stirling; de Paraguay, Julio César Fanego y el viceministro
de Bolivia, Antonio Vera Corvera, así como el titular de la cartera
de Justicia del Brasil, Aloysio Nunes Ferreira y de Chile, José
María Inzulza.
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OPINION
Por Raúl Kollmann
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Final
El juez Juan José Galeano quiere cerrar, a las apuradas
y como sea, la causa AMIA. Ese es el objetivo de la resolución
que prepara, imputando con pocas pruebas a Irán como autor
ideológico del atentado. Con el juicio oral en marcha respecto
de una ínfima parte de lo ocurrido aquí y la condena
a la parte internacional, se termina el caso. No hay nada por investigar.
El saldo no se parece a otra cosa que la impunidad.
Cualquier estudiante de criminalística sabe que es necesario
tener muy en claro quién fue el autor material de un crimen,
el asesino, para después averiguar quién le pagó,
quién lo contrató para que matara. Pese a ello, Galeano
quiere ponerle el punto final, aunque ni siquiera ha terminado el
juicio oral, que debería clarificar algo respecto de los
autores materiales. Aunque sea quién les dio el vehículo
con el que mataron a 86 personas. Sin embargo, el apuro es tan grande,
que hay que ponerle fin al caso como sea santificando obviamente
la teoría oficial: fue Irán. Esto era lo reclamado
en su momento por Estados Unidos e Israel y, por supuesto, el gobierno
menemista.
¿Qué pruebas hay? Objetivamente hablando, muy pocas.
Informes de servicios de inteligencia, sobre todo norteamericanos,
israelíes y la SIDE, y arrepentidos que viven de su trabajo
de arrepentidos y que no aportaron un solo dato concreto sobre cómo
se hizo el atentado contra la mutual judía. No dijeron si
hubo o no suicida, en todo caso quién fue, cómo entró
al país, dónde se armó la camioneta, de dónde
salieron los explosivos. Nada de nada.
Por otra parte, el retrógrado régimen iraní
no tenía hasta el ‘94 ningún antecedente de haber
matado gente en masa: nunca fue su estilo poner bombas contra civiles.
Los ayatolas sí mandaron matar a dirigentes opositores, fueron
asesinos selectivos, como ocurrió con cuatro dirigentes en
el restaurante Mykonos o en París, donde mataron al ex premier
Shapur Bajtiar. ¿Pero por qué no imputar a Siria?
¿O a organizaciones palestinas? ¿O a narcotraficantes
argentinos? Tal vez fue Irán, pero tal vez no. Lo fundamental
son las pruebas y esas son más que débiles.
Se considera importante haber fotografiado al agregado Moshen Rabbani
–al que la SIDE seguía después del atentado contra
la Embajada de Israel– preguntando precio de una Trafic unos
siete meses antes. ¿Un diplomático con una barba enorme
haciendo esa movida? A primera vista parece lo contrario de una
operación clandestina destinada a poner otra bomba. No es
una evidencia demasiado sólida.
En pruebas de ese tipo y la declaración de arrepentidos pagados
se basa el fallo que se viene. No está el asesino material,
pero rápido confirman al intelectual. El objetivo es uno
solo: terminar con la causa AMIA y la investigación del atentado.
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