Por Horacio Verbitsky

La beligerancia del gobierno de Carlos Rückauf en contra de los derechos y garantías de las personas privadas de su libertad produjo uno de los más estremecedores episodios la semana pasada, cuando un preso fue quemado vivo en la cárcel U28 de Magdalena. La víctima había declarado como testigo acerca de las torturas padecidas por otro preso. El Servicio Penitenciario provincial informó que el fuego fue iniciado en forma deliberada por el detenido Juan Ramón González Sosa, de 21 años, dentro de una celda de castigo, pero su madre y su esposa lo desmienten (ver “Las llamas del infierno”). Mientras Rückauf sólo se interesa en la política nacional, la designación de Juan José Alvarez como ministro de Seguridad ha implicado algún límite para el descontrol de la policía. En cambio, la de Antonio Arcuri en Justicia y la confirmación de Miguel Angel Pló en políticas penitenciarias ha hecho de las cárceles uno de los círculos del infierno. Antes de conocer este caso, el camarista de San Isidro Raúl Borrino había pedido la intervención federal a los tres poderes de la provincia de Buenos Aires para garantizar la vida de 22.000 presos que sobreviven “en condiciones infrahumanas y degradantes” en un régimen semejante al de los peores “campos de concentración y quebraderos de la dictadura militar”. También pidió la destitución en juicio político de cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia bonaerense y de su procurador general, a quienes acusó de encubrimiento. Alegando inexistencia de delito su denuncia fue desestimada por el fiscal Leandro Daniel Heredia, el mismo al que le corresponde investigar la muerte de González Sosa. Su primera decisión fue excluir a la asesoría pericial del Poder Judicial y encomendar la autopsia al cuerpo médico de la morgue policial.

Agua del inodoro

En menos de diez días la sala III de la Cámara de San Isidro recibió quince denuncias sobre torturas a los detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Melchor Romero, en Florencio Varela, la U29, inaugurada en 1996 donde antes funcionó un célebre manicomio. En los últimos meses, a las patadas y puñetazos y al submarino habituales se sumaron el uso de corriente eléctrica, golpes con palos en las plantas de los pies y simulacros de fusilamiento.
Los presos de la U29, que sólo pueden vestir un uniforme marrón con rayas fosforescentes naranja, dejan sus celdas individuales sólo para recreos de dos horas como máximo. Como los recreos suelen suspenderse por castigos arbitrarios, les impiden salir de las celdas por varios días y deben beber el agua de los inodoros. Un detenido calificó a la cárcel como “el campo de concentración que usan para disciplinar a todos los presos de la provincia”. Otro habló de “un sistema destinado a anular a los internos a fuerza de golpes”. Un tercero la llamó “el quebradero”. No pueden trabajar, estudiar, ni realizar actividad recreativa alguna. Pese a que hace un año los jueces de San Isidro consideraron inconstitucionales esas condiciones de detención, nada ha mejorado. Todo lo contrario.
Los testimonios que surgen de los hábeas corpus indican que el lugar principal de torturas es el área de sanidad, donde no hay cámaras del circuito cerrado de televisión. Entre quince y veinte agentes, encabezados por el jefe del penal, Prefecto Mayor Rolando Héctor Fracchia, obligan a los presos a desnudarse, los esposan por la espalda y los someten a sesiones de golpes con palos, gomas, cachiporras, bastones de goma, puñetazos y puntapiés. En el baño de sanidad levantan al preso esposado de las piernas y le meten la cabeza en el “freezer”, como llaman a la bañera con agua helada. Al submarino en algunos casos lo sucede la corriente eléctrica. Un preso contó que le apoyaron un escudo de metal en la cabeza “del tipo de los que usa infantería” y le pasaron varias descargas eléctricas, provocando que todo su cuerpo se agitara.
Cuando alguno reacciona lo muelen a golpes, le ponen las esposas en las piernas y le pegan bastonazos de goma en la planta de los pies, tortura que llaman “patapata”. La introducción de los pies en un balde con agua helada atenúa las marcas. Quienes no se desmayan con la tortura son planchados con drogas: los dopan hasta la inconsciencia. Un detenido que iba a ser llevado a tribunales contó que mientras le golpeaban la cabeza contra una pared le recordaban: “No te olvides que tenés que volver”. Otro dijo “quiero denunciar, ya no me importa que me sigan pegando, no soporto más”. Un tercero, que “ya todos perdieron la cuenta de los golpes”. También los obligan a firmar partes donde consta que las lesiones son “autoinfligidas, arrojando su cuerpo contra las paredes de su celda”, o porque se cayeron de la cama.

La crucifixión

Un detenido relató que después de golpearlo en todo el cuerpo y someterlo al submarino, el sargento Baltasar Rodríguez y otros guardiacárceles lo tomaron de las piernas y de los brazos, boca arriba, “como crucificado”. En esa posición Rodríguez le golpeó la cabeza contra el piso hasta hacerle perder dos dientes y fracturarle la mandíbula. Otro contó que el jefe y el subdirector del penal, tras descubrirle los números de teléfono del camarista Fernando Maroto y de la defensora María Dolores Gómez, le dijeron “andá a denunciarnos si querés, que vas a terminar en el mismo cajón que ellos”. A otro le anticiparon que “a Borrino, Maroto y Gómez ya les va a llegar la hora”. El jefe Fracchia y el oficial Barrios le dijeron a un preso que si hablaba con Gómez iba a “terminar como ella”. Varios denunciaron que los agentes los usan para mandar a matar a quienes no se someten, les facilitan facas y los amenazan con vengarse de sus familias si no cumplen las órdenes.
Los agentes nombrados en las distintas declaraciones además del jefe Fracchia y el sargento Baltasar Rodríguez son el 2º Jefe del Area de Ejecución Administrativa, Prefecto Mayor Héctor R. Barrionuevo; el 2 Jefe del Area de Seguridad y Tratamiento, Prefecto Mayor Carlos R. Falcone; el jefe del cuerpo de requisa Obregón, y los oficiales Avila, Barrios, González, Lafuente y Fraga.
El médico forense Patricio Pérez Aquino, pidió “humildes disculpas si esta opinión excede la labor pericial” y se declaró “asombrado y alarmado por la cantidad y gravedad de las lesiones”, y por el “deficiente estado nutricional” de un preso al que examinó, ya que había perdido 24 kilos. Otras pericias médicas detallaron fracturas óseas por golpes y lesiones en la planta de los pies.
El jueves 8 de noviembre los jueces Borrino y Celia Vázquez ordenaron trasladar a un preso portador de HIV que no recibía tratamiento y había sido torturado. El martes 13 resolvieron trasladar a otro con tuberculosis que en lugar de control médico y dieta adecuada recibía golpes de la comisión de requisa. Al día siguiente ordenaron otros dos traslados. El jueves 15, el flamante ministro de justicia Antonio Arcuri y un alto jefe del Servicio Penitenciario visitaron sin aviso previo a los dos camaristas. El viernes 16, Borrino y Vázquez ordenaron que médicos ajenos al SPB confeccionaran informes clínicos de los 150 detenidos en la U29, a los que pusieron a su disposición. Uno de ellos, cuyo traslado a la U9 de La Plata ordenaron, era Marcelo Brandán Juárez, célebre por el terrible motín de Sierra Chica. La alarma social ante su posible fuga fue utilizada para ocultar la alucinante situación que se vive en Melchor Romero.
La resolución de los camaristas, que cita hábeas corpus concedidos desde mediados de 2000, da por acreditada la frecuencia diaria de la tortura a gran número de internos por submarino, golpes en los pies y picana y la obstaculización a los defensores para ingresar al penal. Sostienen los jueces que los castigos siguen un patrón común, con participación de las más altas autoridades de la unidad, que consiste en “golpiza en montonera de plurales personas mientras insultan y amenazan, sumersión forzada de la cabeza en agua, aplicación de descargas eléctricas y golpes en la planta de los pies”.

Los apóstoles

El martes 20, el ministro de justicia Antonio Arcuri debatió la situación con el subsecretario Pló, el jefe del Servicio Penitenciario Esteban Mazzante y el fiscal de ejecución Marcelo Romero. Allí se decidió recurrir a la Suprema Corte provincial, centrar la difusión del caso en la peligrosidad de Brandán, uno de los célebres Doce Apóstoles, para sembrar pánico ante los traslados dispuestos por los jueces, y vedar el acceso de defensores y secretarios de ejecución a las cárceles si no anunciaban su visita con un día de antelación. Pló ya había dispuesto que los defensores oficiales sólo podrían entrevistar a los detenidos de sus propios departamentos judiciales y que para hablar con otros presos debían contar con autorización expresa de los juzgados a cuya disposición se encontraban.
Romero sostuvo que los jueces de San Isidro habían desnaturalizado el hábeas corpus, y cinco jueces supremos apartaron a los camaristas de San Isidro. En una resolución de menos de dos fojas firmada el miércoles 21, Juan Carlos Hitters, Eduardo Julio Pettigiani, Eduardo Néstor De Lázzari, Alberto Obdulio Pisano y Juan Manuel Salas, asistidos por el procurador general Eduardo Matías de la Cruz dejaron sin efecto los traslados y ordenaron la intervención en los hábeas corpus de los jueces de cada causa, que son más de un centenar y que considerarán cada caso por separado, sin reparar en el estado colectivo de terror impuesto a los detenidos. Los cinco supremos también pidieron al ministro de justicia que garantizara la integridad física de los presos así desprotegidos. La bochornosa resolución cita seis precedentes que no guardan relación con el caso. Arcuri agradeció a la Corte por haber “puesto orden a un conflicto que amenazaba con desestabilizar el funcionamiento del Servicio Penitenciario”. Hitters, autor de un libro ¡sobre derechos humanos!, fue el impulsor de la decisión. Como la Secretaría Penal de la Corte se opuso al per saltum, elaboró el fallo con asistencia del prosecretario de actuaciones, Carlos Alberto Barreda. No firmaron los jueces Elías Laborde, Víctor Ghione, Héctor Negri y Guillermo San Martín.

“Nos están matando”

Esa misma noche varios detenidos fueron devueltos a Melchor Romero y sometidos a un castigo despiadado. Un preso llamó por teléfono a un defensor, gritó “nos están matando”, dio su nombre, número de pabellón y celda y cortó. La justificación fue filtrada en versiones oficiosas por los complacientes diarios de La Plata. Según “El Día”, los recién llegados Marcelo Brandán Juárez y Jorge Alberto Rodríguez Preste patearon puertas (que estaban cerradas), insultaron a los custodios e “intentaron agredir al personal penitenciario”, que ante el temor porque otros presos “se plieguen a la medida” (las celdas son individuales) “decidieron ingresar a los calabozos”. Allí los presos lanzaron “puntapiés y golpes de puño, aunque no alcanzaron a lesionar a nadie, al contrario (sic). Los custodios tuvieron que emplear la fuerza mínima (sic) para reducirlos y resguardar su integridad física”. Los presos fueron luego “derivados al sector sanidad” (la sala de torturas).
El diario Hoy contó la misma novela, pero ubicó los hechos a mediodía y no a medianoche como “El Día”, y en lugar de Rodríguez Preste mencionó como cabecilla a Víctor Esquivel Barrionuevo. La defensora Gómez y el secretario de ejecución penal Gabriel Alejandro David tomaron testimonio a varios de los golpeados. Uno dijo que lo esposaron y lo golpearon con palos durante diez minutos luego de taparle la boca para que no los mordiera, “porque saben que tengo Sida”. Luego lo esposaron y le aplicaron descargas eléctricas mientras le exigían que retirara las denuncias contra personal penitenciario, porque “mi vida valía una caja de pastillas”. Otro narró que luego de golpearlo con palos en el sector de las duchas le inyectaron algo que “el servicio denomina plancha” y se despertó un día y medio después, vomitando sangre. La abogada de la Defensoría General de La Plata, Raquel Ponzinibrio, se presentó ante la fiscalía de esa ciudad y narró las denuncias que había recibido en la U29. Dijo que personal del SPB había prometido ciertos beneficios a un detenido si mataba a otro y que un tercer preso “se encontraría morado, con serias lesiones producto quizás de arma de fuego” en un buzón de castigo. Agregó que no pudo verlo, debido a la prohibición de Pló, porque era de otro departamento judicial.

Complicidad

Borrino y Vázquez coincidieron en que según la Constitución provincial y el Código Procesal Penal los supremos no eran competentes para entender per saltum en la causa, pero no lograron acordar una respuesta común. Vázquez consignó que a pesar de los traslados “continuaron las agresiones físicas” a los detenidos, ya que el SPB informó una supuesta pelea y al día siguiente recibieron en tribunales a un preso con las plantas de los pies en carne viva, que se desvaneció por los golpes, y a otro con triple fractura de mandíbula y tres costillas rotas. Pero acató el apartamiento. Borrino rechazó la resolución por inconstitucional, contraria al derecho, a la independencia de los jueces, al principio de debido proceso y al derecho a la jurisdicción. Frente a estos dos votos opuestos, la decisión final recayó en el juez de garantías Orlando Díaz, que sumó su voluntad a la de Vázquez. Borrino dijo que era evidente la “condescendencia, tolerancia, complicidad o encubrimiento de una parte del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad de La Plata”, ya que de otro modo “la tortura no puede existir o sobrevivir y ninguna agencia armada podría establecer un territorio sustraído al Derecho y tener garantizadas su impunidad e inmunidad frente a la ley, como la que obscenamente gozan los realizadores de las graves violencias que se cumplen a diario en la Unidad 29”. Destacó la “ostensible resistencia del Poder Ejecutivo a acatar las disposiciones judiciales o atender sus pedidos” y la responsabilidad de la Legislatura “como un apéndice del Ejecutivo tanto en el dictado de una ley inconstitucional de encarcelamiento masivo (la 12.405) como en el encubrimiento de manejos ilegales de fondos públicos”, en alusión a la estatización de los deudores incobrables del Banco Provincia. Ante las “complicidades transversales” y la “declinación del derecho y la independencia judicial”, solicitó la intervención federal de la provincia, denunció a los cinco jueces supremos y al procurador ante la fiscalía de turno. Dijo que “donde no hay derecho hay fuerza” y que “antes que fallar contra el derecho prefiero sufrir las consecuencias de disciplinamiento y persecución”.

Sistema terrorista

En la denuncia Borrino dijo que en dos años la cantidad de presos bonaerenses aumentó de 14.000 a 22.000, cuando el Servicio Penitenciario sólo tiene 8000 plazas. Esta superpoblación “exige un sistema de terror interno que contenga la iniquidad de las condiciones a que se somete a los prisioneros: falta de luz, de agua, de alimento, de espacio, de actividad, de intimidad, de trabajo, de estudio, de movimiento físico”. Sólo se les brindan “penurias prohibidas por la ley que no pueden ser toleradas por ninguna persona bien nacida, y torturas para que la degradación humana no explote en rebelión”. Pese a que nunca las condiciones fueron tan degradantes “nunca hubo menos amotinamientos”. El secreto de esta “paz de cementerio” es el “régimen de aislamiento y tortura sistemática y permanente”. Además “se dejan salir testigos vivos para que difundan el terror que allí se siembra, como sucedía en los campos de concentración y quebraderos de la última dictadura militar”. La supresión del hábeas corpus como herramienta de control transversal “tal vez haya inaugurado una nueva etapa de supresión humana impune en el territorio provincial”, concluyó.
Este viernes, doce presos de la U29 (entre ellos Brandán Juárez y Esquivel Barrionuevo) se declararon en huelga de hambre para protestar por las condiciones de alojamiento. La jueza de ejecución Claudia Marengo y el fiscal de ejecución Marcelo Romero ordenaron que cuatro veces por día se les realice un control médico para verificar que no se deshidraten.

Las llamas del infierno

Por H. V.

Daniel Alberto Chocobar era uno de los 1700 detenidos en la U30 de General Alvear, cuya capacidad es sólo para 1000. Los presos son hacinados de a dos en celdas de 2 por 2 metros, en las que permanecen 20 horas por día. Chocobar denunció que lo golpeaban y le tiraban agua a presión con una manguera. Al entender en su recurso de amparo, los camaristas de la sala III de San Isidro oyeron a muchos testigos. Uno de ellos fue Juan Ramón González Sosa, quien dijo que era común escuchar golpes y quejidos. Narró que los guardias impiden dormir a los presos, con recorridas de recuento a las 2, las 4 y las 6 de la mañana. Ante el llamado, todos deben mostrar ambas manos a través del pasaplatos de las celdas. Por quedarse dormido en uno de esos recuentos, González Sosa fue conducido al pabellón de castigo y alojado en la celda contigua a la de Chocobar. Desde allí escuchó los golpes y los quejidos de Chocobar. La sala III dispuso que Chocobar, González Sosa y otros detenidos fueran trasladados de la U30 a la U28 de Magdalena.
Hasta hace un par de años, los traslados implicaban la terminación del problema. Pero en la actualidad y con el respaldo del gobierno provincial las represalias de aquellos miembros del Servicio que actúan como una mafia organizada alcanzan a todos los rincones de la provincia. El jueves pasado González Sosa llamó por teléfono a su madre y le pidió que fuera a verlo. El viernes a las cinco de la tarde habló con su mujer y su hija. “Nos están pegando mucho, casi me matan a golpes. Tengo hambre. Hace dos días que no como”. De repente dijo “me sacan el teléfono, vienen muchos, me van a matar” y se interrumpió la comunicación. Otros presos informaron a la familia que lo obligaron a cortar y comenzaron a pegarle.
El sábado a la mañana el SPB llamó a la madre para informarle que estaba internado. “Llegué a las tres de la tarde al hospital de Magdalena y estaba agonizando. En la cárcel el oficial Arias me dijo que se había prendido fuego, que estaba deprimido porque no recibía visitas. Es mentira: la mujer y yo íbamos todos los fines de semana. Como no tenían oxígeno ni gasas pedí que lo trasladaran urgente a La Plata. Me dijeron que no se podía, que tenía que hacer un trámite en el juzgado. Se va a morir, grité. Pero me ignoraron. Fui a buscar a mi abogado, desesperada. Cuando llegué a mi casa, me llamaron para decirme que había muerto. Volví al hospital de Magdalena cerca de las siete de la tarde. Lo habían llevado a la morgue de La Plata. Fuimos pero no me dejaron verlo. Dijeron que el domingo por la tarde le harían la autopsia. Fui a la hora indicada con mi abogado y nos dijeron que ya se la habían hecho. El lunes a las 10 nos entregaron el cuerpo. Por indicación de mi abogado me armé de coraje, lo destapé y con su señora le sacamos fotos. Era impresionante. En la cara, los brazos y la espalda tenía quemaduras de agua hirviendo. Si se hubiera prendido un colchón como dicen ellos, el fuego le hubiera quemado el pelo, las cejas y el bigotito. Se le salía la piel. Tenía las dos rodillas peladas, le faltaban pedazos, se ve que lo arrastraron”, dice la mamá, Graciela Sosa.
Juan Ramón González Sosa no fue el único testigo de torturas que conoció las llamas del infierno. El secretario de ejecución penal de la Defensoría Oficial de San Isidro, Alejandro David, narra que luego del hábeas corpus de Chocobar otro de los testigos fue conducido al pabellón de aislamiento de la U9, de La Plata. El 2 de noviembre apareció internado en el Hospital San Martín de La Plata con graves quemaduras. “No hablaba muy bien, había aspirado mucho humo. Dijo que se había quemado solo. Un accidente, dijo. A la madre le dijo lo mismo, pero ella tampoco le cree”. Su legajo en la U9 contiene afirmaciones similares a las que el SPB ofreció en el caso de González Sosa. Nadie vio nada porque el detenido estaba en su buzón del pabellón de aislamiento; otros presos escucharon los gritos cuando se quemaba y una persona de limpieza llamó a los agentes, que entraron con un matafuegos. En el legajo también consta que lo sancionaron por “autoagredirse”. (Informe Diego Martínez.)

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