Por Victoria Ginzberg

El médico policial Jorge Bergés será interrogado el miércoles por el juez federal Roberto Marquevich. El magistrado tiene en su poder una partida de nacimiento firmada por el represor y sospecha que el niño anotado allí es hijo de desaparecidos. Bergés ya está preso por haber participado de la apropiación de una niña, Carmen Gallo Sanz. Esta nueva citación, que complicará su situación, demuestra que los profesionales de la salud que se pusieron al servicio de la tortura, la muerte y el robo de niños, y que hasta hace poco continuaban en libertad, también tienen que pagar sus culpas. Este año no sólo fue preso el médico policial, sino también Jorge Luis Magnacco, partero de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Marquevich y las Abuelas de Plaza de Mayo sospechan que el varón anotado en la partida de nacimiento que está analizando el juzgado de San Isidro es hijo de los desaparecidos Susana Stritzler y Carlos Armando Castro. La pareja fue secuestrada en la localidad de Boulogne Sur Mer a fines de diciembre de 1976.
El padre de Susana declaró ante el magistrado que al entrar a la casa donde fueron secuestrados su hija y su yerno encontró que el departamento había sido vaciado. En la puerta de entrada había rastros de sangre y en el piso estaban la libreta de enrolamiento de su hijo Carlos Armando y un par de anteojos atravesados por balas. Germán Stritzler supo por un matrimonio vecino que su yerno había sido asesinado en el lugar y que a Susana, que estaba embarazada de ocho meses, le vendaron los ojos y la cargaron en un camión tipo ambulancia. En marzo de 1977 una persona le dijo que su hija estaba en Campo de Mayo, “un lugar del que no se volvía”, pero también obtuvo otras versiones contradictorias. Marquevich ya ordenó que se realicen los exámenes para saber si el niño anotado por un matrimonio de civiles en enero de 1977 como nacido en Wilde es el hijo de Susana y Carlos Alberto, aunque no se descarta que pueda ser de otra pareja de desaparecidos. Los supuestos apropiadores del niño también fueron citados esta semana.
No es la primera vez que Marquevich intenta detener a Bergés por su participación en el robo de bebés. En 1995 el juez de San Isidro lo arrestó en el caso de Carlos D’Elia, que fue anotado como hijo propio por el marino Carlos De Luccia y su mujer. Carlos –o Martín, como querían llamarlo sus padres– nació en el Pozo de Banfield, pero en la falsa partida de nacimiento que firmó Bergés figuraba que el parto había ocurrido en una clínica de Quilmes. Marquevich puso al médico tras las rejas pero la Cámara de San Martín lo liberó porque consideró que su participación en el delito se limitaba a la rubricación del acta y que el hecho estaba prescripto. Pero este año la Justicia argentina revisó ese criterio y otros tribunales estimaron que los médicos fueron un engranaje importante dentro del plan para de robo de bebés. La Cámara Federal de La Plata y la de Capital confirmaron los procesamientos de Bergés y Magnacco como “partícipes necesarios” de las del delito de apropiación de menores. El tribunal de San Martín tendría ahora –con el nuevo caso que está investigando Marquevich– la oportunidad de revisar su posición.
“Estamos logrando hacer justicia con relación a los médicos. Porque sin su intervención en la ‘atención’ de los partos en los centros clandestinos, el secuestro y la desaparición de menores no hubiera sido posible”, aseguró Alcira Ríos, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo.
La participación de Bergés en la represión ilegal durante la última dictadura militar no se circunscribe al robo de bebés; también intervenía activamente en las sesiones de torturas de los subordinados del general Ramón Camps. Durante el juicio a las Juntas, el periodista Jacobo Timerman relató cómo el médico le sostenía la lengua mientras era torturado para que no se ahogara sin hablar. El médico policial fue condenado a seis añosy medio de prisión en 1987. “Soy el Mengele argentino” se burló ante el tribunal. Poco después fue beneficiado por la ley de Obediencia Debida.
Al arresto de Bergés en La Plata –ordenado por el juez federal Arnaldo Corazza a principios de abril de este año– le siguió el de Magnacco. Cuando la jueza federal María Servini de Cubría interrogó al marino por su responsabilidad en la apropiación del hijo de los desaparecidos Patricia Roisiblit y José Manuel Pérez Rojo, el médico admitió haber asistido dos nacimientos en la ESMA, pero sólo reconoció entre las detenidas a Silvia Labayrú, quien recuperó su libertad junto con su bebé.
“Yo no supe, no lo pregunté, ni me lo informaron, pero al momento en que el doctor Ricciardi, quien era jefe del Departamento de Sanidad de la ESMA, me ordenó asistir a una chica que había en la misma, me manifestó que debía ceñirme a cumplir mi labor profesional, dado que ella no podía ser trasladada al Hospital Naval de Buenos Aires, fundamentalmente en la Cámara de oficiales se rumoreaba que habría en la ESMA un subdestino, un centro para el control antisubversivo, al cual se enviaba personal superior y subalterno, en comisión por períodos de poco tiempo”, contestó Magnacco cuando la jueza le preguntó en calidad de qué estaban las mujeres secuestradas en la ESMA.
Tres sobrevivientes de ese centro clandestino, Sara Solarz de Osatinsky, Amelia Larralde y Ana María Martí, declararon que allí hubo al menos 17 mujeres embarazadas y, salvo dos, todas fueron atendidas por Magnacco. Aseguraron también que supieron por la sobrina del dictador Emilio Eduardo Massera, que también estaba detenida, que en el Hospital Naval había un aviso que decía que “las parejas que no podían tener hijos podían presentarse para adoptar hijos de guerrilleros muertos”.
Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi consideraron probado que Magnacco fue el médico que atendió a Patricia Roisiblit, hija de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. No les convencieron las palabras del acusado, quien durante la dictadura fue oficialmente jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Naval. “Aceptar la presencia de mujeres en un destino eminentemente masculino para intervenir en un parto en las condiciones de clandestinidad en que éstos se efectuaban, de precariedad en el instrumental –como surge de los múltiples relatos–, sin contar con la historia clínica y omitiendo dejar registro de su actuación profesional, resultan indicios suficientes que permiten acreditar, a esta altura del proceso, la participación consciente y voluntaria del imputado en el delito, en calidad de partícipe necesario”, afirmó la Cámara.
Magnacco deberá afrontar en poco tiempo otra citación y seguramente un nuevo procesamiento. Esta vez por el caso de la hija de María Hilda Pérez de Donda, también nacida en la ESMA. Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado solicitaron esta semana que el médico sea llamado a prestar declaración indagatoria.
Agatino Di Benedetto, Carlos Rafinetti y Julio César Caserotto son otros médicos –éstos participaron de la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo– que están involucrados en partos de niños desaparecidos. Y siguen en libertad. Todos admitieron que en el hospital militar había un área en la que se atendía a mujeres que eran llevadas por el personal de inteligencia y donde tenía activa participación el mayor médico Atilio Bianco, condenado por la apropiación de dos menores que aún no recuperaron su identidad. Incluso, el testimonio de Caserotto, que afirmó que “había órdenes orales y escritas” para asistir a las embarazadas clandestinamente contribuyó a que el dictador Jorge Rafael Videla volviera a prisión. También el director general de Sanidad del Ejército, general de brigada Félix Juan Domínguez, tiene una cuenta pendiente con la Justicia. Durante la dictadura, fue jefe delsector Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde se instaló la maternidad clandestina.

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