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Por Marcelo Justo
Desde
Londres
 El gobierno estadounidense
–y el británico– desestimaron un pedido de investigación
de Amnistía Internacional sobre la toma del fuerte de Mazari-Sharif
en el norte de Afganistán, a pesar de las denuncias sobre ejecuciones
extrajudiciales y del abierto apoyo de la comisionada para Derechos Humanos
de la ONU, Mary Robinson. Según Amnistía Internacional,
la negativa estadounidense no es un hecho aislado sino una preocupante
tendencia del gobierno de George Bush, a partir de los atentados del 11
de setiembre. En diálogo con Página/12, la investigadora
de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos, Angela Wright,
criticó al gobierno estadounidense por el deterioro de los derechos
humanos desde los atentados en Nueva York y Washington.
–¿Cuál es su reacción al rechazo estadounidense
–y británico– de una investigación sobre lo sucedido
en Mazar-i-Sharif?
–La respuesta del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en una
conferencia de prensa del Pentágono no merece comentario. Rumsfeld
dijo desconocer el pedido de una investigación y básicamente
descalificó que fuera necesaria. Más explícito fue
Kenton Keith, portavoz de la coalición liderada por Estados Unidos,
que rechazó por completo que se realizara una investigación.
Estamos igual todavía esperando una respuesta oficial estadounidense.
En el caso del gobierno británico, su negativa a investigar hechos
en los que aparentemente se habrían cometido graves violaciones
a los derechos humanos abre un serio interrogante respecto a su compromiso
con los derechos fundamentales de todo ser humano. Esto es particularmente
preocupante en relación al tratamiento de futuros prisioneros.
–¿Qué tipo de responsabilidad podrían tener
Estados Unidos y Gran Bretaña?
–Estados Unidos, y en menor medida Gran Bretaña, participó
de esta operación. El poder aéreo estadounidense fue responsable
de las muertes causadas en el fuerte en que se encontraban los prisioneros.
Se habla de masacres de prisioneros y de testimonios sobre cadáveres
maniatados. Estas serían claras violaciones de la convención
de Ginebra. Tenemos que saber si la respuesta a la insurrección
armada de prisioneros fue proporcional y si la coalición hizo los
esfuerzos necesarios para que hubiera una rendición pacífica.
Otra cosa que se debe investigar es cómo ocurrió esta revuelta
y por qué los prisioneros tenían armas. Sería necesario
determinar la exacta división de responsabilidades en este hecho
para saber qué grado de control tenían Estados Unidos y
la Alianza del Norte.
–Se ha dicho que es imposible aplicar la convención de Ginebra
a los combatientes de la Alianza del Norte que seguramente no saben de
la existencia de la Convención –o de Ginebra– y que se
rigen por códigos locales de guerra.
–La Alianza del Norte y los talibanes conocen perfectamente la Convención
de Ginebra. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos
humanos, así como la ONU, han hecho reiterados llamamientos a que
estas y otras convenciones sean respetadas. Por su parte, Estados Unidos,
que inició este conflicto armado, debe hacer todo lo posible para
que se respeten los derechos humanos.
–Amnistía Internacional también es crítica respecto
a la evolución de los derechos humanos en Estados Unidos desde
el 11 de setiembre.
–Nos preocupa especialmente la detención de más de
1180 extranjeros sin juicio como consecuencia de la investigación
que siguió a los atentados. Muchos no han tenido acceso a representación
legal y todavía no se handado a conocer los nombres y lugares de
detención de las personas arrestadas. La legislación antiterrorista
que el Congreso aprobó en octubre es igualmente preocupante, en
particular el poder del procurador general de detener indefinidamente
a extranjeros sospechosos de terrorismo.
–El decreto presidencial de George Bush que autoriza los tribunales
militares secretos para casos de terrorismo no deja de ser una ironía,
teniendo en cuenta la posición del gobierno estadounidense cuando
la ciudadana norteamericana Lori Berenson fue juzgada por ese tipo de
tribunal en Perú.
–Amnistía solicitó que se revocara ese decreto que
viola las garantías procesales del sistema judicial estadounidense
y de la corte militar ordinaria. Estos tribunales tampoco cumplen con
los requisitos establecidos por el derecho internacional para los conflictos
armados. En casos de guerra o emergencia nacional, los estados pueden
apartarse de ciertas requisitos legales, pero se debe garantizar que serán
juzgados por cortes independientes e imparciales. En estas cortes secretas
militares no hay derecho de apelación y los procedimientos judiciales
quedan a cargo del secretario de Defensa. Otra tendencia preocupante es
la posible luz verde a la CIA. El gobierno ha dicho que no ha revocado
la prohibición de asesinatos extrajudiciales, pero que la CIA puede
actuar en defensa propia si es atacada, eliminando elementos clave del
conflicto. Si lo que se está haciendo es seguir una política
de eliminación física en vez de captura, estamos prácticamente
hablando de ejecución extrajudicial.
–¿Estamos ante un retroceso de los progresos en derechos humanos
a nivel internacional a partir del caso Pinochet?
–La posibilidad de que se puedan revertir algunos de los logros de
los últimos años es preocupante. Pero también nos
encontramos ante una oportunidad para que se demuestre que es posible
impartir justicia respetando los derechos humanos en momentos de crisis.
FUERZAS
ESPECIALES BRITANICAS
El misterio de las SAS
Los jefes de las Fuerzas Armadas
británicas están envueltos en un agitado debate sobre la
prohibición oficial acerca de revelar las actividades del SAS (Servicio
Aéreo Especial), en medio de la publicidad sin precedentes que
rodea su rol en Afganistán. Mientras sus imágenes aparecen
en los diarios y en la televisión en operaciones que llevaron a
la matanza de cientos de árabes y combatientes talibanes en la
ciudad de Mazar-i-Sharif, en el norte de Afganistán, el Ministerio
de Defensa británico (MoD) firmemente se niega a confirmar su presencia
ahí.
Las tropas de SAS han sido mostradas con sus rostros a medio tapar por
los kaffiyes a cuadros con los que tratan de ocultar sus identidades.
Llevaban sus rifles norteamericanos M16 preferidos con un Land Rover blanco
como fondo. Relatos gráficos de sus actividades en Mazar fueron
publicados en la prensa. Los funcionarios de defensa describen la campaña
militar en Afganistán –y la guerra contra el terrorismo a
largo plazo– como un conflicto no convencional y sin precedentes.
Los soldados con “habilidades especiales”, como eufemísticamente
los llaman, tienen un rol clave, dicen. El almirante Sir Michael Boyce,
jefe del Estado Mayor, admitió antes que comenzara la lucha que
había una contradicción entre los intentos para presionar
a los talibanes y a los combatientes de Al-Qaida y el acuerdo de que las
operaciones relacionadas con las fuerzas especiales británicas
eran tan secretas que nadie sabía sobre ellas, “ni siquiera
el pastor en el campo vecino”.
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