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Por
Victoria Giznberg
 Los
familiares de desaparecidos de origen alemán denunciarán
hoy al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por haber impedido la extradición del represor Carlos
Guillermo Suárez Mason a Nuremberg, donde se lo acusa del asesinato
de la joven Elizabeth Käsemann. El Gobierno rechazó la petición
de la Justicia germana en base al argumento de que el ex general fue indultado
en la causa en la que se investigaron los delitos cometidos en jurisdicción
del I Cuerpo de Ejército. Para Rodolfo Yanzón, abogado que
presentará la demanda, la decisión del Poder Ejecutivo viola
“el derecho a la protección y garantías judicial e
implica sostener la validez de los perdones presidenciales para los responsables
de crímenes de lesa humanidad”.
“El acceso a la Justicia en Argentina se ha frustrado como consecuencia
del dictado de normas que instauraron la impunidad en nuestro país.
Entonces, el Gobierno argentino desconoce los informes de la ilustre Comisión
en los que concluyó que tanto las leyes de impunidad como los decretos
de Indulto son incompatibles con la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos
Humanos”, asegura Yanzón –de la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre– en el escrito. Los familiares de desaparecidos
de origen alemán ya habían acudido a la CIDH para protestar
porque el Gobierno se había negado a cooperar con el juicio que
lleva adelante la fiscalía de Nürembreg.
La extradición de Suárez Mason fue solicitada por el “secuestro,
tortura y homicidio calificado por alevosía” de Elizabeth
Käsemann, quien fue secuestrada entre el 8 y el 9 de marzo de 1977
en Buenos Aires y llevada a un cuartel militar en Palermo y luego al centro
clandestino de detención El Vesubio. La joven vivía en Argentina
desde 1968, cuando vino para hacer su tesis de sociología; pero
había nacido en Gelsenkirchen, al oeste de Alemania.
La defensa del principio de territorialidad del gobierno de Fernando de
la Rúa, en coincidencia con la línea de su antecesor Carlos
Menem, y el hecho de que Suárez Mason ya estaba encarcelado –en
su domicilio por su responsabilidad en el robo de bebés– debilitaban
las posibilidades de que el ex jefe del Primer Cuerpo terminara sentado
frente a los jueces de Nüremberg. Pero a diferencia de lo ocurrido
con otras solicitudes de extradición –cuando Italia reclamó
a Alfredo Astiz o España a 18 represores– el Poder Ejecutivo
no trasladó el caso a los tribunales argentinos para que sea investigado
aquí.
La Justicia alemana –que investiga en total unas treinta desapariciones–
decidió pedir la captura de Suárez Mason por el asesinato
de Käsemann porque es un caso que está sumamente documentado.
El cadáver de la joven, recuperado por su familia, es un estremecedor
testimonio de los tormentos a los que fue sometida. El 26 de mayo de 1977
el entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército informó públicamente
de un “enfrentamiento” en el que murieron 16 personas, entre
ellas, cuatro mujeres. Una de ellas era Elizabeth. Su padre, el teólogo
Ernst Hainrich Friederich Käsemann, viajó a Buenos Aires para
recuperar los restos de su hija y denunció que tuvo que pagar 22
mil dólares para que le entregaran un cuerpo sumamente castigado:
no tenía cabellos ni ojos. La autopsia realizada por los médicos
forenses de Tübingen demuestra que le dispararon a corta distancia
y por la espalda. El fiscal general de Nuremberg, Klaus Hubmann, afirmó
en su escrito que Suárez Mason “controlaba cada operativo
de detención y era dueño y señor de la vida o la
muerte de los detenidos”.
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