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COMO SALIR DEL NEGRO Y NO PAGAR EN EFECTIVO
Servicio doméstico en blanco

La norma sobre servicio doméstico es laboralmente confusa, pero para la bancarización de cualquier empleado o empleada basta un CUIL o CUIT y el DNI, o a
veces sólo el documento.

La trabajadora debe abrir una cuenta y realizar un aporte para jubilación y obra social.

Por Cledis Candelaresi

Cualquier empleada doméstica en negro puede, con su respectivo CUIL o CUIT y su DNI (o sólo con éste, según el banco de que se trate), abrir una caja de ahorro y cobrar a través de ella su remuneración mensual sin que esto entrañe para su empleador la obligación de reconocer la relación de dependencia. Ni siquiera el blanqueo laboral para pymes que el Gobierno dispuso anoche a través de un decreto de necesidad y urgencia promete estimular a los empleadores para que éstos reconozcan el vínculo laboral y los correspondientes derechos de sus servidoras hogareñas, que representan un cuarto de los 4 millones de trabajadores informales del país.
Salvar las restricciones para manejar efectivo puede ser tarea sencilla para quien tiene una empleada doméstica a la que ya no le pagará con dinero contante y sonante. Ella misma se ocupará de la apertura de su caja de ahorro con el CUIL o el CUIT –si alguna vez hubiese estado inscripta como autónoma– y en esa cuenta podrá recibir de su empleador/a las transferencias que éste le haga o depositar los cheques que libre.
Esos movimientos regulares desde una cuenta a la otra podrían en algún futuro servir para probar un vínculo laboral estable, en el supuesto de que la empleada quisiera reclamar judicialmente los derechos derivados de la relación de dependencia. Para que ésta se configure, es necesario que la persona sea ocupada más de 4 horas por día o más de 4 días a la semana. Pero aun en este caso, el empleador no está forzado a declarar ese vínculo para que su doméstica pueda bancarizarse.
De todos modos, permitir que la empleada tenga los aportes correspondientes para acceder a una modesta jubilación y obra social puede resultar muy barato y hasta sin costo para el empleador, si la confusa legislación vigente se interpreta en sentido amplio.
Desde abril de 2000 rige el régimen especial para el empleo doméstico, por el cual cada trabajadora puede gozar de los beneficios si realiza mensualmente en cualquier banco su aporte de 55 pesos, 35 para Anses y el resto para alguna de las obras sociales habilitadas. La trabajadora hará ella misma esta contribución sin la obligación de distinguir si lo hace en calidad de autónoma (por ejemplo una persona que trabaja muy pocas horas en distintos lugares) o como dependiente (8 horas diarias en una única casa). Cuando haya aportado durante un mínimo de 30 años, podría percibir un haber de 240 pesos.
Se trata de un régimen laxo, que fue concebido para facilitar los aportes a la Seguridad Social en unos de los rubros más informales del empleo y no para inducir a un blanqueo de la relación laboral, que le permita a la trabajadora gozar de su derecho a indemnización, vacaciones, aguinaldos y demás prerrogativas que otorgan las leyes laborales.
Los propios especialistas de la Ansés reconocen que la norma es “confusa” a la hora de precisar las obligaciones del patrón. “El dador será responsable de ingresar una suma en concepto de aporte del trabajador (no está claro si se lo retiene de la remuneración o lo pone de su bolsillo) y otra en concepto de contribución”, sin detallar qué proporción del aporte. La realidad es que la empleada lo puede terminar afrontando íntegramente ella misma, sin que nada obligue en contrario.
La condición de inmigrante ilegal tampoco sería un obstáculo para la bancarización de la doméstica que, según prometió anoche el gobierno, hasta con un CUIL provisorio podrá abrir una cuenta para cobrar a través de ella su salario.

 

Legalización para pymes

El ministro de Trabajo, José Dumón, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Armando Caro Figueroa, anunciaron anoche un amplio blanqueo laboral para las pymes que facturan hasta 48 millones de pesos por año, según la definición más amplia que la ley contempla para esta categoría de empresa. Dentro de los 60 días posteriores a la promulgación del decreto de necesidad y urgencia firmado anoche, los empleadores deberán declarar al personal en relación de dependencia y resultarán eximidos del pago de todas las contribuciones y sanciones que le hubieren correspondido por no dar el alta cuando esta hubiera correspondido. La condición es que los empleados blanqueados no hayan sido detectados previamente por Trabajo como irregulares y que la empresa no esté por ellos acogida a ninguna moratoria. Según subrayó Dumón, el nuevo blanqueo también dispone algo “inédito”, ya que la Anses computará un año de aportes previsionales a los trabajadores que resultaran regularizados mediante este régimen. Según anunciaron los funcionarios anoche, el esfuerzo oficial también apuntará a integrar a los inmigrantes ilegales. A quienes le falte la residencia permanente podrán obtener igualmente su CUIL. Para los absolutamente ilegales, el gobierno promete “diseñar un CUIL provisorio”, que permita la apertura de cuentas bancarias. Esta tendría para Migraciones el valor de un contrato de trabajo, requisito para que algunos extranjeros puedan radicarse legalmente.

 

OPINION
Por Claudio Lozano *

Hipocresía neoliberal

Las medidas planteadas intentan resolver la crisis de acumulación financiera preservando a sus principales protagonistas: los bancos.
Vemos con profunda preocupación que la utilización de instrumentos imprescindibles para afirmar una salida a la crisis sean “bastardeados” en el marco de una estrategia que profundiza la pérdida de autonomía en materia de política económica y que provocará, en simultáneo, un profundo shock depresivo en la economía local.
En este sentido, el control de cambios, el establecimiento de límites para la remesa de divisas al exterior y las restricciones a los movimientos financieros con el objeto de impedir la presión especulativa de quienes disponen de excedentes son puestos en el marco de una estrategia que profundiza la dolarización, que deliberadamente promueve la recesión al “secar” la plaza local de efectivo e inducir un blanqueo compulsivo con efectos obvios (dado el contexto en el que se realiza) en términos de caída de ingresos y mayor desocupación, y que agrega a la incertidumbre y la angustia del momento actual complicaciones serias para la vida cotidiana de nuestra sociedad.
Partiendo del concepto que indica que los trabajadores consumen lo que ganan (concepto reforzado en la Argentina de la desigualdad y la pobreza) y que nada tienen que ver con corrida cambiaria o fuga de capital alguna, resulta aberrante que el modo de resolver los conflictos y disputas que por rentas extraordinarias tienen las distintas facciones del poder económico que operan en esta economía sea regimentando el uso de los salarios.
Es insostenible, en este sentido, que no se haya excluido a las cajas de ahorro para pagos de sueldos de las limitaciones para el retiro de fondos. La hipocresía neoliberal con sus consabidas invocaciones a la libertad de los mercados y a las libertades individuales, no sólo nos coloca en la pobreza sino que se arroga el derecho de administrárnosla.
Los mismos instrumentos debieron ser puestos en el marco de una estrategia que potencie el uso del peso desvalorizando la economía nacional, que redistribuya los ingresos ampliando el mercado interno de demanda masiva y que replantee la estructura de precios bajando tasas de interés y tarifas públicas, y abriendo paso a una nueva estrategia productiva.

* Director Instituto de Estudios y Formación de la CTA.

 

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