Por Cledis Candelaresi
Cualquier empleada doméstica
en negro puede, con su respectivo CUIL o CUIT y su DNI (o sólo
con éste, según el banco de que se trate), abrir una caja
de ahorro y cobrar a través de ella su remuneración mensual
sin que esto entrañe para su empleador la obligación de
reconocer la relación de dependencia. Ni siquiera el blanqueo laboral
para pymes que el Gobierno dispuso anoche a través de un decreto
de necesidad y urgencia promete estimular a los empleadores para que éstos
reconozcan el vínculo laboral y los correspondientes derechos de
sus servidoras hogareñas, que representan un cuarto de los 4 millones
de trabajadores informales del país.
Salvar las restricciones para manejar efectivo puede ser tarea sencilla
para quien tiene una empleada doméstica a la que ya no le pagará
con dinero contante y sonante. Ella misma se ocupará de la apertura
de su caja de ahorro con el CUIL o el CUIT si alguna vez hubiese
estado inscripta como autónoma y en esa cuenta podrá
recibir de su empleador/a las transferencias que éste le haga o
depositar los cheques que libre.
Esos movimientos regulares desde una cuenta a la otra podrían en
algún futuro servir para probar un vínculo laboral estable,
en el supuesto de que la empleada quisiera reclamar judicialmente los
derechos derivados de la relación de dependencia. Para que ésta
se configure, es necesario que la persona sea ocupada más de 4
horas por día o más de 4 días a la semana. Pero aun
en este caso, el empleador no está forzado a declarar ese vínculo
para que su doméstica pueda bancarizarse.
De todos modos, permitir que la empleada tenga los aportes correspondientes
para acceder a una modesta jubilación y obra social puede resultar
muy barato y hasta sin costo para el empleador, si la confusa legislación
vigente se interpreta en sentido amplio.
Desde abril de 2000 rige el régimen especial para el empleo doméstico,
por el cual cada trabajadora puede gozar de los beneficios si realiza
mensualmente en cualquier banco su aporte de 55 pesos, 35 para Anses y
el resto para alguna de las obras sociales habilitadas. La trabajadora
hará ella misma esta contribución sin la obligación
de distinguir si lo hace en calidad de autónoma (por ejemplo una
persona que trabaja muy pocas horas en distintos lugares) o como dependiente
(8 horas diarias en una única casa). Cuando haya aportado durante
un mínimo de 30 años, podría percibir un haber de
240 pesos.
Se trata de un régimen laxo, que fue concebido para facilitar los
aportes a la Seguridad Social en unos de los rubros más informales
del empleo y no para inducir a un blanqueo de la relación laboral,
que le permita a la trabajadora gozar de su derecho a indemnización,
vacaciones, aguinaldos y demás prerrogativas que otorgan las leyes
laborales.
Los propios especialistas de la Ansés reconocen que la norma es
confusa a la hora de precisar las obligaciones del patrón.
El dador será responsable de ingresar una suma en concepto
de aporte del trabajador (no está claro si se lo retiene de la
remuneración o lo pone de su bolsillo) y otra en concepto de contribución,
sin detallar qué proporción del aporte. La realidad es que
la empleada lo puede terminar afrontando íntegramente ella misma,
sin que nada obligue en contrario.
La condición de inmigrante ilegal tampoco sería un obstáculo
para la bancarización de la doméstica que, según
prometió anoche el gobierno, hasta con un CUIL provisorio podrá
abrir una cuenta para cobrar a través de ella su salario.
Legalización
para pymes
El ministro de Trabajo, José Dumón, y el titular
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
Armando Caro Figueroa, anunciaron anoche un amplio blanqueo laboral
para las pymes que facturan hasta 48 millones de pesos por año,
según la definición más amplia que la ley contempla
para esta categoría de empresa. Dentro de los 60 días
posteriores a la promulgación del decreto de necesidad y
urgencia firmado anoche, los empleadores deberán declarar
al personal en relación de dependencia y resultarán
eximidos del pago de todas las contribuciones y sanciones que le
hubieren correspondido por no dar el alta cuando esta hubiera correspondido.
La condición es que los empleados blanqueados no hayan sido
detectados previamente por Trabajo como irregulares y que la empresa
no esté por ellos acogida a ninguna moratoria. Según
subrayó Dumón, el nuevo blanqueo también dispone
algo inédito, ya que la Anses computará
un año de aportes previsionales a los trabajadores que resultaran
regularizados mediante este régimen. Según anunciaron
los funcionarios anoche, el esfuerzo oficial también apuntará
a integrar a los inmigrantes ilegales. A quienes le falte la residencia
permanente podrán obtener igualmente su CUIL. Para los absolutamente
ilegales, el gobierno promete diseñar un CUIL provisorio,
que permita la apertura de cuentas bancarias. Esta tendría
para Migraciones el valor de un contrato de trabajo, requisito para
que algunos extranjeros puedan radicarse legalmente.
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OPINION
Por Claudio Lozano *
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Hipocresía
neoliberal
Las medidas planteadas intentan resolver la crisis de acumulación
financiera preservando a sus principales protagonistas: los bancos.
Vemos con profunda preocupación que la utilización
de instrumentos imprescindibles para afirmar una salida a la crisis
sean bastardeados en el marco de una estrategia que
profundiza la pérdida de autonomía en materia de política
económica y que provocará, en simultáneo, un
profundo shock depresivo en la economía local.
En este sentido, el control de cambios, el establecimiento de límites
para la remesa de divisas al exterior y las restricciones a los
movimientos financieros con el objeto de impedir la presión
especulativa de quienes disponen de excedentes son puestos en el
marco de una estrategia que profundiza la dolarización, que
deliberadamente promueve la recesión al secar
la plaza local de efectivo e inducir un blanqueo compulsivo con
efectos obvios (dado el contexto en el que se realiza) en términos
de caída de ingresos y mayor desocupación, y que agrega
a la incertidumbre y la angustia del momento actual complicaciones
serias para la vida cotidiana de nuestra sociedad.
Partiendo del concepto que indica que los trabajadores consumen
lo que ganan (concepto reforzado en la Argentina de la desigualdad
y la pobreza) y que nada tienen que ver con corrida cambiaria o
fuga de capital alguna, resulta aberrante que el modo de resolver
los conflictos y disputas que por rentas extraordinarias tienen
las distintas facciones del poder económico que operan en
esta economía sea regimentando el uso de los salarios.
Es insostenible, en este sentido, que no se haya excluido a las
cajas de ahorro para pagos de sueldos de las limitaciones para el
retiro de fondos. La hipocresía neoliberal con sus consabidas
invocaciones a la libertad de los mercados y a las libertades individuales,
no sólo nos coloca en la pobreza sino que se arroga el derecho
de administrárnosla.
Los mismos instrumentos debieron ser puestos en el marco de una
estrategia que potencie el uso del peso desvalorizando la economía
nacional, que redistribuya los ingresos ampliando el mercado interno
de demanda masiva y que replantee la estructura de precios bajando
tasas de interés y tarifas públicas, y abriendo paso
a una nueva estrategia productiva.
* Director Instituto de Estudios y Formación de la CTA.
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