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Por Victoria Ginzberg
 El gobierno de la República
Federal Alemana cuestionó ante la Justicia la constitucionalidad
del indulto que el ex presidente Carlos Menem otorgó al ex general
Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason. “Esta
disposición es contraria a expresas disposiciones de la Constitución
Argentina y del derecho internacional público”, afirmó
en representación del Estado alemán el abogado Alberto Zuppi
al apelar el cierre del trámite de extradición contra el
represor.
El 15 de noviembre pasado, el ministerio de Relaciones Exteriores rechazó
la solicitud del tribunal de primera instancia de Nuremberg, que reclamó
la extradición de Suárez Mason para juzgarlo por la “privación
ilegal de la libertad, torturas y homicidio agravado” de la joven
Elisabeth Käsemann. El Gobierno argumentó que la concesión
del pedido “iría en desmedro de la soberanía nacional
porque importaría invalidar o desplazar decisiones adoptadas por
autoridades legítimas en ejercicio de poderes públicos emanados
de la Constitución Nacional”. También afirmó
que, como Suárez Mason había sido indultado en la causa
en la que se investigaba, entre otros, el caso Käsemann, su extradición
sería contradictoria con el principio de “cosa juzgada”.
En base a esta decisión el juez Jorge Ballestero desvinculó
de este expediente al represor, que está preso por su responsabilidad
en el plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos.
A diferencia de lo ocurrido cuando Italia reclamó la extradición
de Alfredo Astiz o España la de 18 represores, en este caso el
Gobierno no derivó el caso a la Justicia argentina. La comisión
de familiares de desaparecidos de origen alemán presentó
una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
para cuestionar la decisión del Poder Ejecutivo. En cambio, la
República Federal Alemana, que al nombrar un abogado demostró
su interés en la causa, prefirió insistir en los tribunales
del país, “ante quien el gobierno alemán respetuosamente
se presenta para debatir y cuestionar desde el derecho, la continuidad
de un régimen de impunidad que contradice no sólo al propio
derecho interno sino también disposiciones obligatorias del derecho
internacional”. El representante de Alemania pidió a Ballestero
que acepte un recurso de Casación y la inconstitucionalidad del
Indulto que benefició a Suárez Mason.
Zuppi cuestionó el decreto que desvinculó al represor de
los delitos cometidos cuando era comandante del Primer Cuerpo de Ejército
en base a que el caso Käsemann estaba en trámite cuando el
represor fue indultado y según la constitución, lo que se
puede perdonar son las penas, es decir, sólo se puede indultar
a una persona que haya recibido una sentencia. Además, el abogado
resaltó que aunque estas decisiones tienen un componente político
que hace que otros estados no puedan juzgarlas, esta circunstancia cambia
cuando –como en este caso– el indulto se convierte en una amnistía
encubierta incompatible con el derecho internacional.
En los trámites de extradición el Gobierno argentino tiene
dos oportunidades para expedirse, al recibir la demanda del estado requiriente
y una vez terminado el juicio, si este concluye favorablemente. Para Alemania,
en la primera instancia se debería analizar sólo la “admisión
técnica” del recurso y en la segunda el Gobierno debería
expedirse “soberanamente”. Y de todas maneras, si el pedido
es rechazado, el acusado tendría que ser juzgado en el país.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores no debería arbitrariamente
invocar la soberanía argentina como impedimento para el procedimiento
judicial, cuando no sólo la soberanía argentina no ha sido
rozada en este evento sino que el Estado argentino conservará en
última instancia la decisión final”, se expresó
en el escrito.
“CONTRA
EL GENOCIDIO ECONOMICO”
XXI Marcha de la Resistencia
Desde hoy a las 18 hasta mañana
a la misma hora los organismos de derechos humanos realizarán la
XXI Marcha de la Resistencia en Plaza de Mayo. “Ayer resistimos contra
la dictadura genocida, hoy resistimos contra el genocidio económico.
Nuestra Lucha: Memoria, Verdad, Justicia y ningún hogar pobre en
la Argentina”, es la consigna de la mayoría de las agrupaciones.
La del sector de Madres de Plaza de Mayo que lidera Hebe de Bonafini es:
“Resistencia y combate al terrorismo de Estado, combate contra la
falta de trabajo y combate contra la riqueza”.
“Porque la lucha contra la pobreza y la injusticia fue un compromiso
de nuestros 30 mil detenidos desaparecidos”, se afirma en el comunicado
en el que Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora; Abuelas de
Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas,
Madres de Plaza de Mayo de La Plata y Tucumán y Madres de Detenidos
Desaparecidos de Ledesma-Jujuy-Salta, llaman a participar de la marcha.
Adhieren a esta convocatoria HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia
Contra el Olvido y el Silencio), la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Liga
Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos (MEDH) y Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
La presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, por
su parte, anunció que estará acompañada por agrupaciones
de desocupados para realizar una movilización conjunta en “contra
de la impunidad” y en demanda de fuentes de trabajo.
La Marcha de la Resistencia se realiza todos los años en los primeros
días de diciembre, debido a que el 10 se celebra el Día
Internacional de los Derechos Humanos y a que entre el 8 y el 10 de diciembre
de 1977 un grupo de tareas de la ESMA secuestró a Madres y familiares
de desaparecidos en la Iglesia de la Santa Cruz, cuando se reunían
para publicar una solicitada en reclamo por las víctimas del terrorismo
de Estado.
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