Por Horacio Cecchi
Después de dos años,
dos meses y 18 días, la masacre de Villa Ramallo abrió un
nuevo camino. Ayer, el juez federal 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte
Ruzo, dio por concluida la investigación sobre el asalto a la sucursal
del Banco Nación y elevó el expediente a la Cámara
de Rosario para que disponga fecha para el juicio oral y público.
En realidad, la que fue elevada es una de las aristas del caso: la que
tiene que ver con la actuación de la banda. Son nueve acusados,
de los cuales siete permanecen detenidos, entre ellos Carlos Sebastián
Martínez, el único sobreviviente de los asaltantes, y Aldo
Cabral, cabo primero del cuestionado Comando de Patrullas de la Bonaerense
en San Nicolás. De todos modos, el costado más crítico
del caso sigue en proceso de investigación: es el que trata sobre
las responsabilidades policiales en la muerte de dos rehenes el
gerente y el contador del banco y un delincuente, y graves heridas
a la esposa del titular de la entidad.
La calificación del hecho es tan compleja como lo fue la investigación:
la carátula acusa por asociación ilícita, suministro
y tenencia de explosivos, privación ilegítima de la libertad
calificada, robo calificado por el uso de armas en grado de tentativa
y triple homicidio en ocasión de robo.
El 16 de setiembre del 99, tres asaltantes se introdujeron en la
sucursal del Nación en Villa Ramallo, tomaron como rehenes al gerente
Carlos Chaves; a su esposa, Flora Lacave; al contador Carlos Santillán;
a Ricardo Pasquali, empleado del banco; a Diego Serra, empleado de un
cable local; y a Fernando Vilches, correo de Oca. Intentaron robar el
tesoro, con casi medio millón de dólares, pero fueron sitiados
por 200 policías, durante 20 horas. Después de liberar a
Pasquali, Serra y Vilches, intentaron fugar con los restantes rehenes
en el auto del gerente. Las fuerzas policiales barrieron con todo. Quedó
la sombra de una ratonera y de la conexión de los uniformados.
Estos son los acusados de la 1078:
Carlos Sebastián El
Negro Martínez, de 22 años. Pese a no haber herido
a nadie es el único que carga con la acusación de triple
homicidio: técnicamente se lo responsabiliza de las tres muertes
en las que derivó el robo y la toma de rehenes. Es el único
sobreviviente del trío que entró al banco. Javier Hernández
murió durante la fuga, junto al gerente Carlos Chaves y el contador
Carlos Santillán. Y Tito Saldaña, ileso, apareció
ahorcado en la 2ª de Villa Ramallo. Le imputan parte de la organización
del robo, proveer armas y explosivos. Conocía a la remisera Silvia
Vega, y con ella viajó a Rosario a buscar a Hernández. En
su poder tenía la documentación del equipo de gas del remís
Renault 19 blanco, robado en Villa Constitución y utilizado en
el asalto.
Aldo Antonio Cabral, cabo primero
del Comando de Patrullas de San Nicolás. Hombre clave por su conocimiento
de los movimientos policiales. Lo acusan de entregarle a Tito Saldaña
un handy Yaeschu modulado con frecuencia policial VHF 159.455 el día
anterior al asalto. Diseñó el plano usado en el asalto.
En su casa hallaron una copia. Estuvo presente en el operativo policial.
Curiosamente, custodió a Tito Saldaña hasta dejarlo en la
2ª de Ramallo. Lo despidió con un saludo mafioso: Suerte,
le dijo, y apareció suicidado.
Norberto Ojón
Fabricio Céspedes, de 29 años. Proporcionó los celulares
a los integrantes de la banda y su casa del barrio La Alcoholera fue sede
de reuniones. En la casa de una vecina, de nombre Rosa, ocultó
hasta el día del asalto el Renault blanco robado.
Mónica Saldaña,
de 28 años, hermana mayor de Tito. Fue apoyo del asalto: se instaló
en la librería El Estudiante, en la esquina del banco, y distrajo
a la empleada para evitar que fuera testigo.
Raúl Oscar Mendoza,
de 40 años, pareja de Mónica. También realizó
maniobras distractivas. Interceptó al contador Carignani, antes
de queingresara al banco. Intentó hacer lo mismo con Viviana García,
empleada del cable local.
Alberto Aguirre, de 45 años.
Intervino en varios asaltos en Rosario junto a Hernández. Estuvo
preso junto a él en la cárcel de Coronda. Participó
de la organización previa. Sospechan que el día del asalto
conducía la moto Yamaha Tenere 600 cc hallada sobre la vereda.
Jorge Andrés Aguilar,
voluntario del Ejército, de 26 años. Proporcionó
explosivos. Reparó la moto de Saldaña para las prácticas.
El día del asalto fue recogido por Martínez y Vega.
Silvia Viviana Vega, remisera,
de 44 años. No se le pudo probar la asociación ilícita
por lo que fue excarcelada. La acusan de haber aportado su remís
para los viajes de la banda, incluyendo el del día del asalto.
Angélica Beatriz Vilchez,
de 48 años. Conoció a Hernández en sus visitas a
Coronda, donde estaba preso su marido. Lo contactó con el resto.
Como a Vega, no se le pudo probar la asociación ilícita.
Ayer Villafuerte ordenó su excarcelación.
Tema aparte es el caso del cabo primero Alberto Castillo. Una foto de
Página/12 solicitada como prueba por la Justicia lo muestra corriendo
apenas concluida la masacre, con un bolso semejante al que usaron los
delincuentes para guardar armas y el handy para las comunicaciones paralelas
con la policía. El bolso real desapareció después
de la masacre. Castillo fue detenido y procesado. La Cámara de
Rosario ordenó la falta de mérito. Sigue siendo investigado
en una causa aparte. En la primera declaración, su propia madre
aseguró que el bolso no le pertenecía.
La causa por la masacre
La causa 1080, que investiga las responsabilidades policiales,
aún demorará varios meses en ser elevada a juicio
oral. Es la arista más complicada del caso: la reconstrucción
no contó con la colaboración de la Bonaerense, mezclada
en los hechos hasta el cuello. Villafuerte convocó a la Prefectura
y la Gendarmería en su lugar. Un cuidadoso seguimiento de
trayectorias, pericias balísticas y digitalización
de imágenes, comparados con la ubicación de los policías
permitió determinar algunas de las responsabilidades. Dos
policías, Ramón Leiva sargento del ex GEO, de
Zárate Campana y Oscar Parodi suboficial del
Comando de Patrullas nicoleño están detenidos
por homicidio simple: sus proyectiles provocaron la muerte de Chaves
y Santillán. Carlos Aravena, cabo primero del GEO, por tentativa
de homicidio: una de sus balas impactó en Santillán,
aunque no le provocó la muerte. A ellos se agregan dos integrantes
del grupo Halcón, que estuvieron ubicados en los techos de
una casa particular, en diagonal al banco, un miembro del GEO Zárate
Campana, y un policía de la Infantería nicoleña.
Los cuatro están procesados por homicidio en agresión:
se determinó que dispararon pero no se encontraron pruebas
de que hubieran provocado lesiones. Están excarcelados. Además,
Alfredo Biardo, ex jefe de la Departamental, y Omar Isaías,
a cargo del desastroso operativo de recolección de pruebas,
siguen siendo investigados.
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