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EL JUEZ ENVIO A JUICIO EL CASO DE VILLA RAMALLO
Por ahora, sólo los ladrones

Los nueve miembros de la banda del robo al Banco Nación en 1999 irán a juicio. Uno es cabo. Otro está imputado por las muertes que provocó la Policía. La causa por la masacre sigue abierta.

El intento de robo y la posterior toma de rehenes derivó en una masacre por parte de la Policía.

Por Horacio Cecchi

Después de dos años, dos meses y 18 días, la masacre de Villa Ramallo abrió un nuevo camino. Ayer, el juez federal 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dio por concluida la investigación sobre el asalto a la sucursal del Banco Nación y elevó el expediente a la Cámara de Rosario para que disponga fecha para el juicio oral y público. En realidad, la que fue elevada es una de las aristas del caso: la que tiene que ver con la actuación de la banda. Son nueve acusados, de los cuales siete permanecen detenidos, entre ellos Carlos Sebastián Martínez, el único sobreviviente de los asaltantes, y Aldo Cabral, cabo primero del cuestionado Comando de Patrullas de la Bonaerense en San Nicolás. De todos modos, el costado más crítico del caso sigue en proceso de investigación: es el que trata sobre las responsabilidades policiales en la muerte de dos rehenes –el gerente y el contador del banco– y un delincuente, y graves heridas a la esposa del titular de la entidad.
La calificación del hecho es tan compleja como lo fue la investigación: la carátula acusa por asociación ilícita, suministro y tenencia de explosivos, privación ilegítima de la libertad calificada, robo calificado por el uso de armas en grado de tentativa y triple homicidio en ocasión de robo.
El 16 de setiembre del ‘99, tres asaltantes se introdujeron en la sucursal del Nación en Villa Ramallo, tomaron como rehenes al gerente Carlos Chaves; a su esposa, Flora Lacave; al contador Carlos Santillán; a Ricardo Pasquali, empleado del banco; a Diego Serra, empleado de un cable local; y a Fernando Vilches, correo de Oca. Intentaron robar el tesoro, con casi medio millón de dólares, pero fueron sitiados por 200 policías, durante 20 horas. Después de liberar a Pasquali, Serra y Vilches, intentaron fugar con los restantes rehenes en el auto del gerente. Las fuerzas policiales barrieron con todo. Quedó la sombra de una ratonera y de la conexión de los uniformados.
Estos son los acusados de la 1078:
Carlos Sebastián “El Negro” Martínez, de 22 años. Pese a no haber herido a nadie es el único que carga con la acusación de triple homicidio: técnicamente se lo responsabiliza de las tres muertes en las que derivó el robo y la toma de rehenes. Es el único sobreviviente del trío que entró al banco. Javier Hernández murió durante la fuga, junto al gerente Carlos Chaves y el contador Carlos Santillán. Y Tito Saldaña, ileso, apareció ahorcado en la 2ª de Villa Ramallo. Le imputan parte de la organización del robo, proveer armas y explosivos. Conocía a la remisera Silvia Vega, y con ella viajó a Rosario a buscar a Hernández. En su poder tenía la documentación del equipo de gas del remís Renault 19 blanco, robado en Villa Constitución y utilizado en el asalto.
Aldo Antonio Cabral, cabo primero del Comando de Patrullas de San Nicolás. Hombre clave por su conocimiento de los movimientos policiales. Lo acusan de entregarle a Tito Saldaña un handy Yaeschu modulado con frecuencia policial VHF 159.455 el día anterior al asalto. Diseñó el plano usado en el asalto. En su casa hallaron una copia. Estuvo presente en el operativo policial. Curiosamente, custodió a Tito Saldaña hasta dejarlo en la 2ª de Ramallo. Lo despidió con un saludo mafioso: “Suerte”, le dijo, y apareció suicidado.
Norberto “Ojón” Fabricio Céspedes, de 29 años. Proporcionó los celulares a los integrantes de la banda y su casa del barrio La Alcoholera fue sede de reuniones. En la casa de una vecina, de nombre Rosa, ocultó hasta el día del asalto el Renault blanco robado.
Mónica Saldaña, de 28 años, hermana mayor de Tito. Fue apoyo del asalto: se instaló en la librería El Estudiante, en la esquina del banco, y distrajo a la empleada para evitar que fuera testigo.
Raúl Oscar Mendoza, de 40 años, pareja de Mónica. También realizó maniobras distractivas. Interceptó al contador Carignani, antes de queingresara al banco. Intentó hacer lo mismo con Viviana García, empleada del cable local.
Alberto Aguirre, de 45 años. Intervino en varios asaltos en Rosario junto a Hernández. Estuvo preso junto a él en la cárcel de Coronda. Participó de la organización previa. Sospechan que el día del asalto conducía la moto Yamaha Tenere 600 cc hallada sobre la vereda.
Jorge Andrés Aguilar, voluntario del Ejército, de 26 años. Proporcionó explosivos. Reparó la moto de Saldaña para las prácticas. El día del asalto fue recogido por Martínez y Vega.
Silvia Viviana Vega, remisera, de 44 años. No se le pudo probar la asociación ilícita por lo que fue excarcelada. La acusan de haber aportado su remís para los viajes de la banda, incluyendo el del día del asalto.
Angélica Beatriz Vilchez, de 48 años. Conoció a Hernández en sus visitas a Coronda, donde estaba preso su marido. Lo contactó con el resto. Como a Vega, no se le pudo probar la asociación ilícita. Ayer Villafuerte ordenó su excarcelación.
Tema aparte es el caso del cabo primero Alberto Castillo. Una foto de Página/12 solicitada como prueba por la Justicia lo muestra corriendo apenas concluida la masacre, con un bolso semejante al que usaron los delincuentes para guardar armas y el handy para las comunicaciones paralelas con la policía. El bolso real desapareció después de la masacre. Castillo fue detenido y procesado. La Cámara de Rosario ordenó la falta de mérito. Sigue siendo investigado en una causa aparte. En la primera declaración, su propia madre aseguró que el bolso no le pertenecía.

 

La causa por la masacre

La causa 1080, que investiga las responsabilidades policiales, aún demorará varios meses en ser elevada a juicio oral. Es la arista más complicada del caso: la reconstrucción no contó con la colaboración de la Bonaerense, mezclada en los hechos hasta el cuello. Villafuerte convocó a la Prefectura y la Gendarmería en su lugar. Un cuidadoso seguimiento de trayectorias, pericias balísticas y digitalización de imágenes, comparados con la ubicación de los policías permitió determinar algunas de las responsabilidades. Dos policías, Ramón Leiva –sargento del ex GEO, de Zárate Campana– y Oscar Parodi –suboficial del Comando de Patrullas nicoleño– están detenidos por homicidio simple: sus proyectiles provocaron la muerte de Chaves y Santillán. Carlos Aravena, cabo primero del GEO, por tentativa de homicidio: una de sus balas impactó en Santillán, aunque no le provocó la muerte. A ellos se agregan dos integrantes del grupo Halcón, que estuvieron ubicados en los techos de una casa particular, en diagonal al banco, un miembro del GEO Zárate Campana, y un policía de la Infantería nicoleña. Los cuatro están procesados por homicidio en agresión: se determinó que dispararon pero no se encontraron pruebas de que hubieran provocado lesiones. Están excarcelados. Además, Alfredo Biardo, ex jefe de la Departamental, y Omar Isaías, a cargo del desastroso operativo de recolección de pruebas, siguen siendo investigados.

 

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