|
 Tras la resolución judicial
que le permite a la diputada Alicia Castro a administrar a voluntad su
salario, el Ministerio de Economía no perdió tiempo y rápidamente
apeló la decisión. En el escrito aseguran que, “en
realidad, los legisladores nacionales están exceptuados de las
restricciones impuestas por el decreto 1570/01 y pueden cobrar sus remuneraciones,
íntegramente y en efectivo, a través de la Contaduría
General del Congreso de la Nación”. Enterada de ello, Castro
aseguró que “el Gobierno pretende desviarme a una falsa discusión
sobre los salarios de los legisladores, cuando lo que está en juego
es la disponibilidad del sueldo de los trabajadores”.
Un extenso escrito de 68 carillas utilizó el Ministerio de Economía
para solicitar la revocación del fallo del juez Martín Silva
Garretón ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo.
En la página 11, Economía sacó lo que consideró
un as en la manga. Sobre el salario que percibe Castro, el ministerio
afirmó que “ella percibe su dieta en efectivo, no surgiendo
del decreto 1570/01 que a partir de la entrada en vigencia de esa norma
lo percibirá a través de un depósito de una cuenta
bancaria”.
Fuentes parlamentarias reconocieron que “la mayoría de los
legisladores cobraban sus haberes en efectivo”. Pero aclararon que
hace más de un año, la Cámara baja dispuso la posibilidad
de cobrar los sueldos de tres formas: efectivo, cheques o cajas de débito.
Castro, según ella misma los dijo, optó por el efectivo.
Ayer, cuando la legisladora quiso acceder a su sueldo, en la Contaduría
de Diputados le informaron que estaba a su disposición un cheque
por el total de la dieta.
“No lo voy a cobrar porque me obligan a ingresar al sistema bancario
y no respetan la resolución judicial”, se quejó la
legisladora ante este diario.
Molesta por el planteo del Gobierno porque, al decir de la legisladora
del Frente para el Cambio, busca desviar el eje de la discusión:
“Lo que está en juego acá es la posibilidad de que
los trabajadores accedan libremente a la totalidad de su salario y no
la forma en que cobran los diputados. Lo que debe entender el gobierno,
en todo caso, es que la resolución del juez Silva Garretón
no pone en peligro la economía sino que respeta la subsistencia
y el consumo de los trabajadores”.
Trascendió que a partir de hoy, los abogados de la diputada no
sólo se dispondrán a responder dicha apelación sino
que además tienen previsto interponer ante la Justicia algo más
de 300 amparos similares al que ella realizó.
Pero el escrito del Gobierno no se limitó sólo a la forma
en que cobran las dietas los legisladores, también le reprochó
al juez haberse arrogado “atribuciones propias del Poder Ejecutivo
Nacional” y reivindicó las facultades de la administración
de Fernando de la Rúa de haber limitado a mil pesos o dólares
mensuales las extracciones de fondos del sistema financiero, tanto correspondientes
a salarios como a colocaciones en bancos por otro concepto.
Rechazó, además, la afirmación de Silva Garretón
respecto de la inconstitucionalidad del decreto 1570. Y remarcó,
en ese sentido, que “en el sistema constitucional argentino no hay
derechos absolutos”, al tiempo que defendió haber utilizado
la vía del decreto de necesidad y urgencia para imponer las restricciones
sobre el uso de fondos individuales.
En otros párrafos de la resolución, cuestionó al
juez haber invocado el carácter alimentario del salario porque
el Gobierno no discriminó entre sueldos y ahorros al disponer las
controvertidas medidas. En ese marco, recordó que “el salario
promedio ronda los 650 pesos mensuales” y precisó que el viernes
30 de noviembre, un día antes del anuncio de las medidas, hubo
una salida de depósitos bancarios de 1320 millones.
|
Banelco vip para diplomáticos
Lo había exigido la Embajada de Estados Unidos, cuyo portavoz
reconoció que había “transmitido su preocupación
a la Cancillería”. Evidentemente, las gestiones dieron
resultado, porque anoche el Banco Central dispuso que las embajadas,
consultados, organismos internacionales, misiones especiales y funcionarios
extranjeros acreditados al país fueran excluidos de las restricciones
para el retiro de fondos en efectivo de sus cuentas bancarias. La
excepción incluye a las cuentas corrientes, cajas de ahorro
y depósitos a plazo fijo que posean funcionarios, organismos
y representaciones diplomáticas. Pero con la condición
de que las cuentas estén relacionadas con el desempeño
de sus funciones. Las medidas fueron dispuestas en las comunicaciones
A 3377 y A 3378 del Central. Según miembros de esa autoridad
monetaria, la resolución se tomó “a partir de
una inquietud planteada por la Cancillería, para dar cumplimiento
a los establecido por la Convención de Viena”.
|
PROPUESTA
DEL BLOQUE DEL FREPASO
El sueldo no se toca
Los diputados del Frepaso presentaron
ayer un proyecto de ley que propone declarar la “intangibilidad”
de los salarios. Si la iniciativa prospera en el recinto, los sueldos
no podrán ser afectados por las medidas económicas. El titular
de la bancada frepasista, José Vitar, pidió el respaldo
del PJ para impulsar la medida. “El justicialismo no es oposición,
controla uno de los poderes del Estado y por lo tanto cogobierna”,
dijo el legislador tucumano, que intentó presionar al peronismo
para lograr la sanción del proyecto.
El plan fue presentado en una conferencia de prensa por los diputados
María América González, Carlos Raimundi, Alejandro
Peyrou y Fernando Melillo. Durante el encuentro, que se realizó
en el edificio anexo al Parlamento, los frepasistas distribuyeron también
un documento –que lleva el título “Antes del Final”–
en el que fijaron su posición frente a la crisis económica
del país. “La convertibilidad hoy se resquebraja porque, de
no mediar la restricción a las salidas de depósitos y capitales,
sería imposible asegurar que cada peso en circulación esté
respaldado por un dólar en las reservas”, dice, en uno de
sus puntos, el texto difundido por el Frepaso.
En el mismo documento, los legisladores frepasistas denunciaron que se
“ha arrasado la Carta Orgánica del Banco Central, el Código
Civil, la ley de intangibilidad de los depósitos” y otras
reglamentaciones que regulan la actividad económica. “Hasta
ahora el Gobierno sólo ha hablado con seriedad con los sectores
económicamente más poderosos”, se quejaron los diputados
del Frepaso en la declaración, en la que también se denuncia
a la “minoría enriquecida en exceso”.
|
