Lo que subyace al derecho es la prostitución. Esta fórmula, que muchos sospecharon, inesperadamente se ha hecho literal en la Facultad de Derecho de la UBA, en cuyo subsuelo dos o tres chicas prestaban servicios a estudiantes y público en general, regenteadas por un empleado y concesionario de servicios en el establecimiento. La actividad fue revelada anoche por el programa de televisión “Punto Doc/2”, y ahora los jueces deberán decidir si el no docente-regente cometió delito, ya que la materia se rige por una ley que, según el fiscal del caso, es vetusta y debiera cambiarse.
A Mario Alberto García le dicen “Cacho”. A partir de su mero cargo de cerrajero en la Facultad de Derecho, llegó a participar en la concesión de una fotocopiadora y de uno de los bares de la casa de estudios. Además, en el subsuelo, donde funcionan los talleres de mantenimiento, había instalado un negocito propio, sórdido.
Ayer en la emisión de “Punto Doc/2”, se vio a “Cacho” en acción: el portador de la cámara oculta, haciéndose pasar por alumno de la facu, descendió al segundo subsuelo y, con esa mezcla de timidez y desenfado de los estudiantes, preguntó por alguna chica y lo entendieron de inmediato. “¡Cacho!”, llamaron, y García llegó enseguida. Diez pesos, se cobra o se cobraba por sexo en el subsuelo de Derecho, y el servicio funcionaba sólo los miércoles.
La cámara oculta acompaña al cliente y registra la desnudez de la muchacha. “Estás más nerviosa que yo”, le observa el cliente a la chica, que casi parece adivinar que la están filmando. Cuando el cliente dice no tener preservativos, la chica se los pide a Cacho, que los encuentra en una gaveta de archivo, originariamente destinada a más burocráticos usos. El cliente, en este caso, se retirará sin haber recibido la prestación.
La producción del programa efectuó la denuncia y, el miércoles pasado, el juez en lo correccional Luis Schelgel hizo una inspección ocular, acompañado por el fiscal Marcelo Martínez Burgos. Ahora el “Cacho” García está procesado por infracción a la Ley 12.331, de profilaxis, cuyo artículo 17 castiga al “que sostiene, administra o regentea una casa de tolerancia”.
En realidad, el hecho de que la actividad se desarrollara en la Facultad hace más difícil aplicar esa ley, ya que “en rigor, en la facultad no hay ninguna casa de tolerancia”, señaló a este diario el fiscal Martínez Burgos. En todo caso, “en virtud de las declaraciones testimoniales que estamos tomando, veremos si se dan condiciones como ‘facilitamiento de la prostitución’”. El fiscal tomó ya declaración a las tres chicas y a unos diez empleados de maestranza. García todavía no declaró, y deberá hacerlo acompañado por un abogado. En caso de que sea en definitiva condenado, la pena consistirá en una multa de 12.500 a 125.000 pesos.
Entretanto, García fue suspendido preventivamente por las autoridades de la facultad, mientras es sometido a sumario administrativo: “Es probable que sea despedido”, según fuentes del establecimiento. El decano, Andrés D’Alessio, destacó que, según el propio García, no habría profesores entre la clientela del segundo subsuelo, y que, si los servicios se ofrecían los miércoles, es “porque ese día hay pocos cursos en funcionamiento”.
El fiscal aprovechó para destacar que “desde hace tiempo, un grupo de fiscales y jueces venimos pidiendo la modificación de la Ley 12.331. Fuimos incluso a reuniones en la Cámara de Diputados pero no se ha producido ninguna reforma”. Martínez Burgos destacó la necesidad de un instrumento legal para “investigar a los grupos económicos muy poderosos, que manejan la prostitución: los dirigen unos pocos dueños de boliches, a menudo a nombre de testaferros. Uno solo de ellos, que allanamos, recauda 120 mil pesos por mes; por supuesto, con ese dinero no pagan impuestos sino en todo caso coimas. Las que suelen hacer las denuncias son las chicas que practican la prostitución y allí son explotadas”.

RECHAZAN EL PEDIDO DE RECUSACION EN EL CASO GEBA
Se puede ser socio y juez

La Sala I de la Cámara del Crimen rechazó ayer un pedido de recusación interpuesto contra el juez Alberto Seijas, quien tiene a cargo la investigación por el crimen de Fabiana Gandiaga. El tribunal consideró en su decisión que el hecho de que el juez sea socio del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) no lo inhabilita para entender en la investigación del crimen.
Fue Página/12 quien informó por primera vez sobre la relación entre el juez y la entidad. Poco después, el abogado Adolfo Muchetti, defensor de uno de los procesados en la causa, Fernando Antúnez, presentó el pedido de recusación, rechazado por el propio magistrado. El abogado había pedido a Seijas que se apartara de la investigación por considerar que el propio juez “podría tener interés en el resultado” de la causa por el crimen de Gandiaga, debido a su condición de socio del club.
La mujer fue violada, golpeada y asesinada el 20 de octubre último en las instalaciones que GEBA posee en Perón al 1100. Había concurrido al club porque su hijo participaba en una competencia de taekwondo. En un momento salió a buscar una bebida y nunca volvió. Su cuerpo apareció recién seis días después, en el hueco de un ascensor del club.
Por el crimen fueron procesados tres empleados de una empresa de limpieza contratada por GEBA: Antúnez, Carlos Vallejos y Miguel López. A Antúnez lo compromete su propia declaración y el hecho de que encontraron en su casa el celular de Gandiaga. En cuanto a los otros dos acusados, la situación es menos clara, ya que las pericias sobre el semen que apareció en el cuerpo de la mujer no dieron resultado positivo. El hecho de que el cuerpo se recuperara sólo seis días después de la muerte deterioró las muestras e hizo imposible la determinación del ADN.

Corte contra la directora

Cerca de 100 personas entre docentes, padres y alumnos de la escuela 9 del distrito 11 cortaron ayer la esquina de San Pedrito y Ramón Falcón, en el barrio de Flores, en rechazo al regreso de la directora, acusada de discriminar a sus alumnos y separada del cargo.
La subsecretaria de Educación del gobierno porteño, Roxana Perazza, afirmó que todavía no se tomó ninguna resolución sobre el tema y que seguramente habrá una decisión la próxima semana. “Es un caso muy complejo, porque por un lado hay un dictamen de la Procuración que sobresee a la directora y por otro la Junta de Calificación Docente recomienda su destitución” –dijo Perazza–. “La última palabra la tenemos nosotros, pero nos queremos tomar el tiempo necesario para estudiar el caso.” Los integrantes de la comunidad educativa acusan a la directora de separar a los chicos que no pagaban cooperadora en el horario de comedor y de presionar a los docentes para que bajen las notas de determinados alumnos.

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