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Por Carlos Rodríguez
 El pomposo anuncio fue tapa
de los diarios el domingo 25 de noviembre: en una villa de San Martín
habían sido detenidos los supuestos responsables del crimen de
Miguel Lecuna, el esposo de Georgina Barbarossa. Ayer, dos semanas más
tarde y en voz baja, otra noticia dejó en ridículo a la
anterior, ya que el juez de la causa, luego de analizar la prueba, resolvió
la “falta de mérito” de los tres sospechosos, que continúan
presos sólo porque estarían todavía en danza otros
asuntos delictivos que no tienen relación con el caso Lecuna. Fuentes
judiciales admitieron que los sospechosos, aunque seguirán siendo
investigados en el caso, tenían coartadas que tumbaron todas las
pruebas reunidas en su contra y “es imposible dictarles la prisión
preventiva”. Nadie explicó ayer cómo fue que la policía
había determinado con tanta precisión de datos que el autor
material del crimen era Marcelo Martínez, alias “El Asmático”,
quien según esa versión habría apuñalado a
Lecuna porque “El Vasco se resistió y lo tomó del cuello,
cortándole la respiración, y eso lo volvió loco”.
Claudio Solórzano, el abogado de Martínez, consideró
ante Página/12 que la decisión del juez Enrique Velázquez
“se ajusta a derecho, pero parece una salida elegante” frente
al traspié en una causa de tanta repercusión en los medios.
Según el letrado, su defendido “no tiene ningún antecedente
penal” y por lo tanto debería recuperar la libertad “en
poco tiempo más”. Fuentes de la Policía Federal y de
la Bonaerense –las dos fuerzas tuvieron intervención en la
detención de los tres sospechosos en la villa Puerta 8, de San
Martín–, aseguraron que todos tenían antecedentes,
pero el dato sigue en la nebulosa, como la causa misma.
La investigación policial en la causa Lecuna siempre anduvo a los
tumbos. Al marido de la animadora Georgina Barbarossa lo asesinaron el
2 de noviembre cerca de las 19, a bordo de un taxi, y arrojaron el cuerpo
al asfalto, en Gorriti y Sánchez de Bustamante, pleno barrio de
Palermo. En los primeros tiempos se difundieron los teléfonos de
la comisaría 21ª y del tribunal actuante, para buscar testigos
del hecho. Aparecieron varios pero todos fracasaron a la hora de identificar
al “Asmático” Martínez y a sus compadres en desgracia,
Amadeo “El Gordo” o “Sieteculos” Alvarez y Daniel
Indolfo “El Chueco” Manzanelli.
Antes de las detenciones en San Martín se produjeron otras dos
falsas alarmas. La primera fue la difusión de un identikit del
chofer del taxi donde subió Lecuna. El sospechoso se parecía
demasiado a un hombre que estaba en prisión cuando ocurrieron los
hechos, pero no se trataba de otro caso de detenidos con permiso para
salir a robar sino del error de tomar como base del identikit a la foto
real del mismo preso. Después apareció otro ladrón,
detenido en la Capital Federal cuando asaltaba un negocio, quien fue señalado
falsamente como uno de los miembros de la banda.
La pista que llevó al Asmático y sus amigos fue aportada
por un detenido de identidad reservada que está bajo proceso en
la Justicia de San Martín. El hombre le dijo al fiscal Martín
Cangelosi que sabía quiénes eran los asesinos de Lecuna.
El relato lo escuchó el fiscal Norberto Quantín y el dato
llegó al juzgado de Velázquez, que ordenó una serie
de allanamientos en la villa Puerta 8, ubicada cerca de una de las entradas
a la guarnición militar de Campo de Mayo. “Era un testigo
encubierto que podía estar hablando para mejorar su condición;
eso se sabía de entrada”, comentó ayer a este diario
una fuente judicial bonaerense.
El juez Velázquez recibió una andanada de pruebas fallidas.
Nueve testigos –fue necesario apenas que declararan cuatro–
corroboraron lo dicho por “El Asmático” en el sentido
de que la noche del crimen estuvo acompañando a su mujer, en un
hospital del conurbano. De las dos cortaplumas halladas en su casa, una
era inutilizable y la otra pertenecía a su cuñada, que se
presentó a declarar ante el juez. En su casa encontraron un arma
calibre 32, pero Martínez sostuvo que la había comprado
porque era comerciante y su negocio, en la villa, había sidoasaltado
y baleado. “Lo compré para defenderme”, sostuvo y no
hubo forma de desmentirlo. En la muerte de Lecuna sólo se utilizó
un arma blanca.
De los tres celulares que encontraron en poder de Martínez, dos
eran de su propiedad, tal como demostró mediante el aporte de boletas
de pago. El tercer aparato era de un familiar y no brindó ningún
dato que involucrara a Martínez ni a los otros dos detenidos en
el crimen de Lecuna. A los tres les tomaron muestras de sangre para compararlas
con algunas manchas que aparecieron en las ropas de Lecuna, pero también
fracasó el intento. En cuanto a la camioneta blanca hallada en
la villa de San Martín, ni siquiera sería de la misma marca
que la utilizada para interceptar el taxi en el que iba Lecuna. Martínez
y los suyos deberían responder por otras causas, incluida una por
drogas, pero están lejos hoy de ser señalados como autores
del homicidio de Lecuna.
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Exitos que no lo son
No es la primera vez que un “exitoso operativo” termina
en la más oscura nada. Entre los casos más sonados,
el trágico asalto a un local de Larrea 579, del barrio de
Once, el 19 de mayo pasado, que terminó con un asaltante
y dos policías muertos, y uno herido, derivó un mes
después, en la detención a todo bombo de toda la banda:
diez acusados. Unos días más tarde, la prueba se cayó
cuando los imputados no fueron reconocidos por los testigos. En
el caso del triple crimen de Cipolletti, el ADN demostró
que Hilario Sepúlveda y Horacio Huenchumir no habían
tenido que ver en el triple crimen de Cipoletti, en el que María
y Pauyla González y Verónica Villar fueron violadas
y asesinadas. La policía rionegrina les había cargado
toda la responsabilidad en una burda maniobra. Los “Pepitos”
Margarita Di Tullio, Flavio Steck, Pedro Villegas y Luis Martínez
Maidana, en el caso Cabezas, también pasaron de cargar con
todas las sospechas a la falta de mérito: les plantaron el
arma supuestamente utilizada en el crimen. Dos hinchas de River,
Gustavo Cáceres y Luis Martínez, fueron detenidos
acusados de agredir al periodista Hernán López Echagüe,
señalados por el actual gobernador bonaerense Carlos Ruckauf.
Los dos terminaron libres por falta de mérito y de acusados
pasaron a acusadores contra la Federal.
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LAS
MUJERES AHORA PUEDEN ASPIRAR A LA JEFATURA
Policía Federal y feminista
La fuerza femenina
hizo notar su presencia en la Policía Federal: desde ayer, las
polimujeres puede aspirar a ocupar las máximas jerarquías
de la fuerza, un lugar que hasta ahora tenían vedado. La medida
dispuesta por un decreto del Poder Ejecutivo brinda esa posibilidad a
las 8000 federales, que ahora tienen –al menos en lo formal–
el camino allanado para acceder al cargo de jefe de Policía.
Rubés Santos, el actual jefe de la Federal, manifestó que
el cambio es una forma de hacer “justicia con los esfuerzos de las
mujeres de la fuerza que han demostrado las mismas aptitudes policiales
que sus pares masculinos”.
“Las mujeres trabajan en todas las áreas y ya no quedan relegadas
a lo administrativo como ocurría anteriormente”, señaló
una fuente policial y femenina. También explicó que “hasta
ahora no accedían a la oficialidad superior, es decir, a la categoría
de comisario general”. Dentro de los oficiales hay subalternos, jefes
(subcomisarios y comisarios) y superiores (comisario general, el máximo
rango de la fuerza).
Sin embargo, si bien las policías podrían llegar a ser hasta
comisarias, en la actualidad no hay casos porque no tienen los años
de antigüedad requeridos. “Hay 12 subcomisarías y cinco
que ascenderán a fin de año –informó la fuente–.
De las 17, hay seis que tienen una mayor antigüedad”. Entre
ellas estará, seguramente, la primera comisaria federal argentina.
Pero todavía está lejos ese momento: “De acuerdo a
cómo reglamenten este decreto, habrá mayores posibilidades
para ascender o no”, advirtió la fuente. Las primeras egresadas
de la escuela de policía datan de 1978 y son quienes hoy ostentan
las categorías más elevadas.
La Federal se suma así a una reciente disposición en igual
sentido en la provincia de Buenos Aires. El 16 de noviembre pasado, la
Legislatura sancionó una ley que también eliminó
las trabas de las mujeres policías para acceder a los máximos
grados de la institución. El argumento para decidir el cambio fue
la discriminación del personal en función de su sexo.
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