Por Horacio Verbitsky

Como en 1982 y 1991, el ministro de Economía Domingo Cavallo vuelve a aprovechar el corte del financiamiento externo para proponer una salida que reconcilie los intereses del capital transnacional y los de los grupos económicos con alguna base en el país. Como entonces, vuelve a contar con que el miedo al apocalipsis paralice a los sectores populares, sobre cuyas espaldas se celebraron aquellos y se celebran estos acuerdos. Mientras a unos se les promete que no habrá devaluación, a los otros se les licuan las deudas, de modo que las absorba el resto de la sociedad. Los decretos de emergencia que Cavallo hizo firmar al estupefacto presidente Fernando de la Rúa propician una transferencia de ingresos de miles de millones de dólares a las empresas de capital más concentrado, en distintos sectores de la economía. De los primeros 50 deudores sólo seis tenían problemas de solvencia. Los restantes 44 son empresas con alta capacidad de pago, que tenían sus créditos al día. La licuación de esas deudas dispuesta por el gobierno nacional hace una semana implicará un subsidio a esas empresas próximo a los 5.000 millones de pesos, más de lo que el Estado calcula ahorrar con la reducción de intereses de la deuda pública y tanto como el superávit comercial que se obtiene a costa de una recesión sin precedentes en su duración y profundidad. En realidad el subsidio podrá ser hasta diez veces mayor, porque se extiende a la totalidad de los 70.000 millones de pesos en deudas bancarias, que se saldarán con un tercio. Claro, siempre que cada acreedor lo acepte, cosa que no será tan simple en el caso de los menos pesados. Esta prodigalidad explica el portazo en la cara del Fondo Monetario Internacional, cuando todavía no se ha acordado el canje de deuda pública con los prestamistas externos.

Los miedos

En 1982, al terror por las desapariciones, las torturas y los asesinatos clandestinos se sumó el efecto deprimente de la guerra perdida contra Gran Bretaña. La consecuencia de la Primera Aparición de Cavallo, como fugaz presidente del Banco Central en el último tramo de la dictadura militar, fue la estatización de la deuda privada, que pesa como rueda de molino colgada al cuello de toda la sociedad.
En 1991, al terror residual por las atrocidades de la dictadura se agregó el más fresco miedo a la hiperinflación, en cuyo desencadenamiento el propio Cavallo actuó como gatillo. Con el desguace del Estado resultante de su Segunda Aparición, como ministro de Economía de Carlos Menem, se consolidaron las asociaciones entre bancos acreedores, empresas transnacionales y grupos locales, que hicieron superganancias en pocos años. La crisis actual se debe, precisamente, a la ruptura de esa coalición y los mayores esfuerzos oficiales procuran recauchutarla. Las transnacionales que adquirieron las empresas prestadoras de servicios públicos pugnan por la dolarización que las aseguraría contra cualquier depreciación de sus activos. Los grupos económicos, que a partir de 1995 vendieron sus participaciones en esas empresas, presionan por una devaluación que valorice sus activos financieros colocados en el exterior y mejore la rentabilidad de las exportaciones primarias de los establecimientos en que invirtieron la parte no fugada de sus ganancias. Las marchas y contramarchas oficiales, con cambios diarios de orientación, responden a la dificultad para encontrar una fórmula que contemple ambos intereses contradictorios. En la pintoresca entrevista concedida el jueves al corresponsal del New York Times, Clifford Krauss, Cavallo dijo que la dolarización ya estaba en marcha y que los argentinos evitarían la devaluación eligiendo usar y gastar dólares en vez de pesos. “Si los argentinos lo deciden, se llegará virtualmente al uso de un 100 por ciento de dólares”, dijo. Como acto fallido, vale: cada día más el dólar es una moneda virtual en la Argentina. Pero la afirmación del ministro no puedetomarse en serio. Uno de los principales problemas de la economía argentina bajo su conducción es que no genera la cantidad suficiente de dólares genuinos para sostener el modelo de acumulación basado en la valorización financiera y la fuga de capitales. Por eso, aun cuando un acto de magia borrara el stock acumulado de deuda, no podría funcionar sin nuevos préstamos del exterior o (como hoy ocurre) mediante una contracción brutal de la actividad que reduce esa demanda de divisas. Este año, por ejemplo, el comercio exterior arrojará un superávit próximo a los 5.000 millones de dólares, un saldo tan atractivo como incompatible con la reactivación que muchos dicen ansiar pero que las políticas oficiales no inducen.
En 2001, sobre el miedo a la represión y a la hiperinflación sedimenta otra capa geológica, el pánico al desempleo masivo y la indigencia irreparable. En los tres casos los miedos fueron racionales, basados en hechos tangibles, como las decenas de miles de detenidos-desaparecidos por la dictadura militar, los miles por ciento de inflación con que concluyó el anterior gobierno radical y los más de cinco millones de desocupados, subocupados y sobreocupados actuales. No puede decirse lo mismo de las salidas propuestas, que desde el punto de vista del interés colectivo de la sociedad son por completo irracionales.

Menú de conveniencias

Como en 1982 y 1991, Cavallo imaginó ahora un menú de conveniencias para los dos sectores hegemónicos, una vez más a expensas de los trabajadores y del resto de la sociedad. Cada sector busca maximizar su propio beneficio, sin haber logrado una síntesis política, de modo que el jefe de gabinete Chrystian Colombo se introduce en el laberinto de la denominada concertación (bendecida por la Iglesia y asistida por el delegado de las Naciones Unidas), sin haber alcanzado acuerdo alguno entre los actores reales. El Fondo Monetario Internacional, según revelación del ministro del Interior Ramón Mestre reclama para aflojar algún desembolso la aprobación del presupuesto 2002 (que el gobierno ni siquiera pudo enviar al Congreso con sus números reales dada la magnitud descomunal del ajuste que propicia) y la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, que consagrará una reducción de casi 10 millones de pesos por día en los ingresos de las provincias.
Bajo el asombroso nombre de Ley de Competitividad, Cavallo ya había ofrecido al sector financiero una suculenta expansión de sus negocios, con el uso obligatorio de cheques en todas las transacciones superiores a mil pesos. La otra ley que impuso como condición para sacrificarse por la Patria autorizó al Ejecutivo a modificar leyes por decreto. Hace poco más de un mes, el decreto 1387 invocó esas facultades para fijar las condiciones en las que se realizaría la denominada “reducción voluntaria del costo de la deuda pública”. Mientras se sigue negociando cuáles serán el mix entre devaluación y dolarización y la forma de imponerlo, la licuación de deudas privadas se derrama como un bálsamo sedante sobre los nervios de los grandes grupos económicos locales y las transnacionales productoras de bienes y servicios, entre ellas las privatizadas en la década anterior.

Licuación de deudas

La licuación había sido pedida en alta voz por el prohombre de la Patria Contratista Franco Macri, cuya seducción personal produce efectos tan notables con los ministros de economía como con las mujeres jóvenes. El artículo 1º del decreto 1387 modificó el Código Civil, de modo de favorecer la compensación de deudas entre las empresas y el Estado, un viejo reclamo del Correo Argentino, de Aeropuertos 2000 y de otras empresas privatizadas. El artículo 27 permitió a toda sociedad anónima capitalizar sus deudas con el fisco, entregando acciones en pago de impuestos. Esto implica al menos una postergación en el cobro de deudas por unos 15.000 millones. Los artículos 30 y 39 dispusieron que esas sociedades anónimas y todas aquellas que no adeuden impuestos a la AFIP podrán pagar sus deudas a todos los bancos con títulos públicos a valor técnico. A su vez, los bancos podrán convertir esos títulos en préstamos o bonos garantizados con recursos públicos, incluyendo todo tipo de tributos por su valor nominal. Es decir, se les permite comprar títulos a precios de mercado, que hoy ronda en el 35 por ciento de su valor, y descargarlos al cien por ciento al Estado. La licuación asciende así a dos tercios de las deudas bancarias, que es la diferencia entre el valor nominal y el de mercado de los títulos públicos. Este beneficio sólo se acordó a aquellas deudas bancarias “que se encuentren en situación 3,4,5 ó 6”, lo cual en septiembre de este año implicaba sólo al 11,3 por ciento de lo adeudado. Grandes estudios contables recibieron urgentes pedidos de algunos clientes de maquillar su contabilidad con fuertes pinceladas de colorete rojo, que les permitiera acogerse al nuevo régimen.
Las categorías 5 y 6 corresponden a Carteras Irrecuperables. Si se trata de créditos comerciales, los pagos han sido suspendidos luego de reiteradas refinanciaciones de capital e intereses, se ha decretado la quiebra o ésta ha sido solicitada por el propio cliente. En el caso de carteras hipotecarias de vivienda o consumo son aquellas en las que el atraso en los pagos supera el año. En la situación 6, además, el deudor tiene atrasos de más de 180 días en sus pagos a ex entidades financieras. La situación 4 se denomina también con Alto Riesgo de Insolvencia en la cartera comercial y de Difícil Recuperación en la hipotecaria. Se aplica al cliente con alto nivel de endeudamiento al que se ha solicitado la quiebra o la convocatoria de acreedores por obligaciones de al menos el 5 por ciento de su patrimonio. Ya ha refinanciado capital e intereses y el banco ha debido hacerle quitas de capital y aceptar bienes en parte de pago. En cartera hipotecaria, los atrasos del cliente van de los seis meses al año. La situación 3 también se llama Con Problemas, para la cartera comercial, y de Cumplimiento Deficiente, para la hipotecaria. Con un progresivo deterioro en su flujo de fondos, el cliente tiene problemas para atender normalmente sus compromisos. Paga los intereses pero refinancia una y otra vez el capital. Mantiene convenios judiciales y extrajudiciales homologados a vencer, de los cuales ha cancelado menos del 30 por ciento. En cartera hipotecaria, tiene atraso en sus pagos de entre tres y seis meses.
Hasta ahí, la disposición podía entenderse como un rescate de empresas en dificultades, de moderadas a gravísimas, y que sólo implicaba subsidiar con una quita del 66 por ciento uno de cada diez pesos adeudados. Pero hace una semana el decreto 1570 firmado el 1º de diciembre con el alegado propósito de frenar la corrida bancaria y encerrar todos los depósitos en un corralito que sirva como antesala del matadero, incluyó un artículo 6º, por completo ajeno al tema, que extiende el beneficio del decreto anterior a la totalidad de las deudas empresarias con el sistema financiero. Ese artículo excluye a los deudores en situación 3 de la automaticidad del beneficio, es decir que para licuar su deuda “deberán requerir la previa conformidad de la entidad acreedora”, lo cual devuelve a los bancos parte del arbitrio confiscado por la redacción anterior. Pero además extiende la misma posibilidad de socialización de pasivos a los deudores en situación 1 y 2, es decir a aquellos al día o con mínimos atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones. La situación 1 o Normal, corresponde a los clientes que atienden en forma puntual sus compromisos y tienen alta capacidad de pago. Para la cartera hipotecaria, sus atrasos no superan el mes. La situación 2 también se denomina Con Riesgo Potencial en la cartera comercial o de Cumplimiento Inadecuado, en la hipotecaria. El cliente en esa categoría puede atender sus compromisos, pero su flujo de fondos tiende a deteriorarse. Presenta atrasos reducidos y ocasionales y cancela por lo menos el 30 por ciento de sus convenios judiciales y extrajudiciales. Si se trata de cartera de consumo y vivienda, sus atrasos oscilan entre el mes y los tres meses.
Hace un par de meses, los deudores comerciales en esta categoría fueron divididos en dos subsectores, como parte de un intento oficial por impedir el desplome de un gran número de ellos a la Situación 3, de la que la experiencia indica que muy pocos vuelven. El presidente del Banco Central, Roque Maccarrone, aceptó flexibilizar los requisitos, considerando que se trataba de créditos otorgados después del tequila, de acuerdo con las estrictas reglas Basilea y luego de considerar el análisis de dos calificadoras de riesgo distintas. La primera subcategoría es En Observación, es decir con atrasos de hasta 90 días. El banco debe previsionar el 3 o el 5 por ciento del crédito, según cuente o no con garantías preferidas. La segunda subcategoría es En Negociación o Con Acuerdos de Refinanciación. Comprende a los deudores que están negociando o ya alcanzaron acuerdos de refinanciación y a aquellos que antes de los dos meses de mora comunican su intención de refinanciar sus deudas.

Iguales sólo ante la ley

De este modo la posible licuación se extiende a la totalidad de los 71,8 mil millones de pesos en deudas bancarias, de los cuales dos terceras partes en cartera comercial y un tercio en hipotecaria. La extensión del beneficio a todas las deudas se obtuvo invocando por cierto la sacrosanta igualdad ante la ley. La nómina de los primeros cincuenta deudores privados no financieros, tal como la registró el Banco Central en septiembre, es impresionante. Sólo cinco de ellos tenían deudas en categoría 4, o Alto Riesgo de Insolvencia (Correo Argentino, Compañía General de Combustibles [Soldati], Yoma, Victorio Gualtieri y Productos Sudamericanos SA). Uno tenía créditos en situación 2, o Riesgo Potencial (Hidroeléctrica Piedra del Aguila SA). Los créditos de los 44 restantes estaban en Situación 1, es decir alta capacidad de pago y cumplimiento puntual. En la lista de quienes podían pagar pero recibieron el favor oficial figuran todos los nombres imaginables: Pérez Companc, Repsol, Telecom, Telefónica, Socma, Arcor, Coto, Aguas Argentinas, Siderar y Tecpetrol (de Techint), Pescarmona, Sideco, Acindar, CTI, las empresas editoras de los amistosos matutinos Clarín y La Nación, CTI, American Express, Iveco, Roche, AEC, Metrogas, Irsa, varias concesionarias de rutas y transportadoras de gas (ver aparte nómina completa). Sus principales acreedores eran los bancos de la Nación de la provincia de Buenos Aires, y los privados Río, Galicia, Francés, del Lavoro, HSBC, Citi, Boston, ING, todos de capitales estadounidenses y europeos, salvo el Galicia. Tampoco es de extrañar que la simultaneidad del default externo y la garantía estatal para la licuación de deudas privadas con el sistema bancario haya provocado la seca respuesta del Fondo Monetario Internacional. Los acreedores externos no constituyen un sector al que pueda hacerse a un lado sin dificultad.

Caso por caso

La conformidad del banco acreedor requerida por el decreto, abre la vía a la negociación caso por caso e incluye en el jubileo al sector financiero. El poder de veto conferido al banco en el caso de los créditos en mejor situación insta a los acuerdos privados entre deudores y acreedores, según la ley de la calle: “Te acepto los títulos si me das un porcentaje de tu ganancia”. La relación de fuerzas en cada caso determinará qué parte del 70 por ciento licuado mejorará la rentabilidad de la empresa o la del banco. Un límite claro para este mecanismo es la necesidad de los bancos de conservar liquidez, por lo que no les conviene resignar el dinero líquido que pueden recibir de sus mejores deudores, a cambio de préstamos o bonos garantizados. Pero un ingrediente adicional a la negociación es que los grandes deudores del sistema financiero son al mismo tiempo sus mayores depositantes, de modo que podrán mantener sus depósitos a cambio de un mayor puntaje en la licuación de sus deudas. Lo único seguro es que así como la socialización de la deuda externa hace dos décadas y el remate a precio vil del capital acumulado por generaciones de argentinos en las empresas públicas hace una, este clavo vuelve a hundirse en la sufrida carne del pueblo argentino. Y una triste constatación: aunque lo estábamos mirando, el muy canalla lo hizo de nuevo.

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