Por Martín
Granovsky
El juez que casi puso preso
a Augusto Pinochet en España y actualizó la investigación
sobre la masacre argentina tiene contextura de arquero (que lo es, en
los ratos libres), ojitos irónicos y un estilo sin vueltas que
prefiere respuestas nítidas. En medio de cuatro tazas de café,
un jugo de naranja y dos huevos fritos, y luego de sus habituales tres
horas de sueño, Baltasar Garzón compartió ayer un
largo desayuno con Página/12 y La Nación. De visita en la
Argentina por invitación de la Comisión Provincial de la
Memoria, de Buenos Aires, Garzón sólo aclaró que
no hablaría con detalle de ningún caso judicial para no
dar argumentos a ningún pedido de recusación.
Cuando comenzó a extenderse el derecho internacional de los
derechos humanos, sobre todo con el pedido de extradición de Pinochet,
la crítica dijo que los países poderosos estaban ejerciendo
un derecho colonial contra los débiles. ¿Su balance es ése?
No, porque esa es una definición interesada, lo mismo que
centrar la crítica defendiendo la territorialidad y la soberanía.
Esas son excusas para enviar el mensaje real, que es éste: No
meta las narices donde no debe. Lo mismo que éste: No
investigue porque su investigación afecta al poder. Es como
si una pesquisa judicial perjudicara una estructura que empieza por resguardar
el buen nombre y la garantía de la patria. Y así es como
se confunde la razón democrática con el interés particular
de los afectados por una investigación. Yo, en cambio, parto de
otro principio. El Estado es el encargado de preservar el equilibrio de
la sociedad, siempre hay que identificar cuál es el bien jurídico
a tutelar y cuáles son las víctimas si ese bien jurídico
no es protegido. Si deben garantizarse la seguridad y la libertad para
el buen funcionamiento de la comunidad internacional, y la víctima
si no se lo hace es la propia comunidad internacional, pues, ¿qué
duda hay de que estamos en presencia de un delito internacional? En este
marco, el juez tiene la obligación de cumplir con normas capaces
de evitar que el mundo sea una selva. Y de ahí deriva el principio
según el que cada magistrado debe aplicar el principio de la justicia
penal universal.
¿No es un principio que ataca la soberanía?
Al contrario. Es parte de la soberanía del Estado. El Estado
debe perseguir penalmente el delito y si, a veces, hay normas que lo impiden,
entonces estarán contradiciendo la legislación internacional.
¿Aunque haya leyes nacionales?
Es que las leyes no pueden ir contra la ley penal internacional.
En este punto, la crítica dirá que en un país
se han votado leyes para consolidar la democracia y que la justicia penal
universal pondrá en riesgo la democracia y, por lo tanto, incluso
la ley.
No comparto el planteo, pero lo entiendo. Suele venir del poder
político. Sin embargo, no es un planteo que corresponda al poder
judicial, y yo creo en la división de poderes. Y, además,
ese planteo suele asociarse al oportunismo de determinadas personas que
pretenden obtener impunidad para algún sector. Quieren que el Estado,
como representante de la sociedad en su conjunto, trate de otra manera
a crímenes concretos. Uno siempre sanciona individualmente. Si
uno sanciona, después de comprobar el delito, a responsables de
estafas, por ejemplo, a nadie se le ocurre pedir una impunidad genérica,
¿no? Me refiero a una impunidad de sector. La protesta surge cuando
interesa que determinada clase de personas no resulte afectada. Es cuando
se confunde la buena razón de Estado.
¿Hay una buena razón de Estado?
La democracia. Pero se la confunde con una razón de Estado
que conceda impunidad para delitos de lesa humanidad o generados por el
robo de caudales públicos. Y la discusión es la misma en
todos lados. En España, en Italia, en la Argentina... Cuando un
juez falla contra esa mala razón de Estado y no favorece la impunidad
aparece el argumento de que la Justicia se hizo política. El poder
siempre quiere que la Justicia funcione con discreta ineficacia. Yo no
estoy de acuerdo.
¿Qué propone?
Como juez, mi función no es juzgar la historia. Es buscar
pruebas y llevar la instrucción a un juicio oral y público
para que haya un proceso justo. Justo para los acusados y justo para resarcir
a las víctimas. Es obvio que hay indultos y medidas de gracia,
aunque no amnistías. En España la amnistía no existe
como figura legal. No se permite ninguna norma de impunidad general. Pero
pensémoslo desde otro lado. A la larga, ese tipo de impunidad cae
por su propia base. El ejemplo es el de (el ex presidente peruano Alberto)
Fujimori en 1995 y 1998. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo
que las leyes especiales dictadas por él son nulas. No quiero meterme
en el proceso judicial argentino, pero también está el caso
de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sobre la
que falló el juez Gabriel Cavallo.
O sea que no hay, o no debe haber, un principio general o sectorial
de impunidad.
Cuando alguien lo plantea, debe contestarse lo siguiente: No,
mire, la vida no es suya, ni la libertad de los ciudadanos es suya. Es
un bien jurídico, y además un bien internacionalmente protegido.
¿No es curioso que un dictador no respete las fronteras para matar
y pida respeto para ganar su impunidad? Cuando desde el poder se habla
del interés de los ciudadanos, ahí hay que echarse a temblar.
¿Está de acuerdo con la idea de que, a penas más
duras, menos delito?
Ni más, ni menos duras. Las necesarias. Soy visceralmente
contrario a la pena de muerte, y no hablo de que alguien experimente en
su fuero interno el deseo de que otro muera para pagar un crimen. Digo
que la violencia ilegal no puede ser respondida por la vía legal.
¿Qué son penas necesarias?
No la muerte. Con períodos largos es más que suficiente.
Y luego está la resocialización en la cárcel, porque
si no no se habrá conseguido otra cosa que mantener encerrado a
un individuo. Cuando hablo de períodos largos, hablo de que si
la pena son 30 años, no puede pasar enseguida a 14 y luego terminar
en 8. No es serio, cuando hay penas de hasta mil años.
¿Qué pena le hubiera correspondido a Pinochet?
No voy a decir nada de esto. Y no es que no me guste opinar. Es
que no debo ni quiero hacerlo. El juez no debe valorar ni confrontar con
los justiciables. Lo que merecen los justiciables, no es el juez quien
debe decirlo. Por otra parte, ¿cómo hablar ligeramente de
las penas? La madre que ha perdido al hijo, ¿se resarcirá
en su dolor con 15 ó 20 años de pena, o con cinco? Es imposible.
Son otros parámetros. Si yo perdiera un ser querido, una mujer,
un hijo, un amigo, no habría sanción suficiente que me resarciera
de esa pérdida. Pero como pertenezco a una sociedad, si la pena
para el delito es de 20 años, bueno... lo acepto.
Usted habla mucho del poder. ¿La función del juez
es luchar contra el poder, o forma parte de él?
Yo, como juez, me incluyo. Hay un poder político, un poder
económico, y también un poder mediático. Muchas veces,
cuando hablo del poder me refiero al poder mal ejercido, al poder como
dominación cuando sale de los márgenes de la legalidad que
la propia sociedad se ha dotado. Cuando abusa del poder. Si el juez debe
tomar una decisión y no la toma, formará parte de ese poder
mal ejercido del cual los ciudadanos son víctimas. De ese poder
utilizado sesgadamente en interés de quien lo detenta. El cargo
público debe usarse en favor de los ciudadanos, pero todos sabemos
que no ya en condiciones de dictadura sino de democracia el cargo se usa
en provecho propio. Se habla de mi cargo, mi auto, mi comisión.
Es un usopatrimonialista del poder. Y que nadie te lo quite. Recuerdo
cuando en el 93 se discutía la integración de las
listas del Partido Socialista Obrero Español para el parlamento
de Castilla la Vieja y había el riesgo de que entrara el número
uno pero no el número dos. El que iba para uno estaba políticamente
calcinado. Cuando se le planteó que debía ir de dos, preguntó:
¿Qué voy a hacer yo de mi mujer y de mis hijos?.
Eso no puede ser. Pues, póngase usted en una esquina y pida.
¿Cree, como dicen los conservadores en Italia, que hay una
invasión de la política por parte de los jueces?
En Italia, en España, en Francia, nadie critica a los jueces
si investigan al caco que te roba la cartera o a pequeños estafadores.
Pero si tratas casos importantes, te dirán que afectas la seguridad
del Estado. Es el mundo al revés.
¿No hay dictadura judicial?
Los jueces, en general, no han socavado la credibilidad de la política.
Ya estaba socavada cuando muchos, con honrosísimas excepciones,
prescindieron de los ciudadanos. Y fue incluso peor cuando recurrieron
a conexiones con las mafias, a la desviación masiva de fondos,
a concesiones interesadas. Eso fue lo que en Italia acabó con un
sistema. No los jueces. No hay que matar al mensajero. El Poder Judicial,
eso sí, es equilibrador, no controlador. Por otra parte, si el
juez favorece a sus amiguetes en una función delictiva, comete
delito.
En la Argentina la defensa del poder político es que las
decisiones políticas del Ejecutivo no son judiciables.
Con ese criterio, no se podría enjuiciar la decisión
de un funcionario de matar, si esa decisión es política.
Te dirá: bueno, es que hacía falta matarlo. Como juez yo
solo me pregunto: ¿mató? Hay que aclarar bien estas cosas,
porque estamos en una sociedad mediática y en este tipo de sociedades
la forma de plantear las cosas es decisiva.
¿Le sirvió su paso por la política?
No tuve mucho tiempo de tomar distancia, porque estuve a cargo de
la coordinación de la lucha contra la droga. Pero diría
que el paso por la política es, casi, necesario. Y no contamina,
como se dice, mientras uno no quebrante la ley, claro. La política
te da una visión general para entender cómo encajan las
piezas. Aunque hay decisiones que no se entienden ni desde adentro...
Yo veo un riesgo en el corporativismo.
En el espíritu de cuerpo.
Sí, es uno de los peores cánceres, porque la sociedad
necesita creer en el sistema que la rige y nunca hay que darle la espalda.
Si no, se crean dos sociedades, la oficial y la real. Me acuerdo que en
el 92 Italia estuvo en una crisis tan grande que ni siquiera eligió
presidente. Tuvieron que matar al juez (Giovanni) Falcone para que nombraran
al jefe del Estado. Lo recuerdo a Giovanni Spadolini comprometiéndose
a impulsar la designación recién en ese momento. Recuerdo
el paso del féretro de Falcone por las calles de Palermo. Cuando
la gente veía a los políticos pasando delante del ataúd
del juez, o les daba la espalda o les arrojaba monedas. La mafia ataca
a los que el Estado no sabe proteger. Y es grave que los ciudadanos se
distancien del Estado.
¿Se distancien cómo?
Si el ciudadano ve que hay personas que hacen esfuerzos por protegerlo,
se siente cerca. Es serio cuando la distancia se ensancha y la reacción
pasa a ser Déjenme en paz, no les creo nada, ustedes limítense
a solucionarme los problemas.
¿Y cómo es su protección personal?
¿La de seguridad? No me compete. Son muchos años viviendo
al filo de la navaja, o en la cuerda del funambulista, como decimos en
España. La protección debe hacerla quien está encargado
de ella. Soy funcionario y mi obligación es trabajar para ganarme
el sueldo que cobro a fin de mes. Lo cual, por supuesto, no es un mérito.
(El presidente del primer gobierno de transición desde el franquismo,
Adolfo) Suárez decía que es grave cuando lo normal se eleva
a categoría de virtud. Coincido. No tengo espíritu de cuerpo,
pero formo parte de un cuerpo. Sé que se puede funcionar mejor,
y que en las encuestas de credibilidad la Justicia pelea los últimos
puestos con la política. Hay gente a la que mi trabajo le parece
bien y otra a la que le parece mal. En todo caso, a mí me da lo
mismo. Llevo 21 años en la carrera judicial y desde el primer día
tomo decisiones por las que asumo mi responsabilidad.
Si bajas el
pistón, retrocede
Hace muchos años usted habló de la necesidad
de combatir la corrupción desde la magistratura. ¿Fue
ingenuo?
Ni fui ingenuo ni lo soy ahora si afirmo lo mismo. Si no hay
un sistema integrador, la impunidad a veces se extiende. Y si crece
la percepción de que al final no va a ocurrir nada, eso arraigará
en sectores de poder económico y político. A mí
me parece que no puede ser que estos sectores se sientan como en
el baño de tu casa: a tus anchas. Creo en un cerco más
estrecho a la corrupción. Si la sociedad se basa en la abulia
del esto es así, del qué más
da, se desarrollará la inercia. No hay por qué
ser abúlicos ante la utilización de fondos públicos
en forma ilícita u otras formas de violar la ley. No soy
ingenuo: el ejercicio torcido del poder está en la base de
la naturaleza humana. Pero como juez no tengo por qué aceptarlo.
Fíjense en Italia: estos días se está volviendo
por vía legal y mayoría parlamentaria a eliminar la
cooperación internacional y garantizar cotos de impunidad.
Con el combate a la corrupción pasa lo mismo que con los
derechos humanos. Si bajas el pistón, si sacas el pie del
acelerador, todo retrocede. A veces pareciera que los organismos
de derechos humanos no consiguen triunfos. Pero si dejaran de hacer
su papel, las cosas estarían peor. Es como los custodios.
¿Sirven? Te das cuenta de eso el día que fallaron.
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�Que EE.UU. ratifique
el Tribunal Penal�
Usted se pronunció públicamente contra la represalia
militar en Afganistán. ¿Por qué motivos?
El ataque a los Estados Unidos fue terrorismo un delito
gravísimo, en un marco espectacular pero no un acto
de guerra. Y si se arguye el derecho a la legítima defensa,
hace falta una relación temporal y purebas de que el gobierno
talibán ha tenido participación en los atentados.
Si no, se quebranta el orden jurídico internacional, aunque
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas diga lo contrario.
¿No justifica la réplica contra Afganistán
como forma de destruir un santuario?
El terrorismo fundamentalista es global, no necesita un Estado.
Ojalá me equivoque, pero veréis cómo Osama
bin Laden será el líder espiritual y el ejemplo a
seguir para muchos en el futuro, como reacción a las bombas
sobre Afganistán.
¿Qué opina del proyecto norteamericano de establecer
tribunales militares para terrorismo?
Corremos el riesgo de que haya detenidos solo por tener tez
oscura. O que, como sucede con dos españoles ahora mismo,
se detenga gente por irregularidades en los trámites de inmigración.
A la vez, me molesta la complacencia de los medios, que solo se
ocupan de analizar el poder de los B 52 sin preocuparse de los efectos
colaterales como la hambruna. Y me gustaría que Europa
exigiera algo a los Estados Unidos a cambio de su apoyo.
¿Qué?
Que ratifique la formación del Tribunal Penal Internacional.
No quiere hacerlo, aunque el TPI es un paso hacia un orden mundial
más ecuánime y justo.
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