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Por
Eduardo Videla
 Los
hospitales de ciudad de Buenos Aires generan en total 30.000 kilos de
residuos patológicos por día. Buena parte de ellos son incinerados
en hornos de empresas radicadas en el Gran Buenos Aires, que liberan a
la atmósfera las temibles dioxinas, sustancias cancerígenas
que se acumulan en el organismo. Esta virtual transferencia de contaminación
desde la ciudad hacia sus vecinos del conurbano no está sancionada
por ninguna ley. Por eso, la Legislatura porteña quiere prohibirle
al Ejecutivo que contrate a empresas que utilicen este tipo de tecnologías
y reemplazarlas por métodos más limpios. Por lo pronto,
la ciudad implementará el año próximo un plan piloto
en el Hospital Santojanni, para tratar sus propios residuos con el sistema
de autoclaves, que esterilizan los residuos patogénicos y los convierten
en basura domiciliaria. Con lo que la ciudad gasta por año en el
tratamiento de estos residuos, podría equipar con este sistema
a 25 de sus 33 hospitales, admiten las autoridades sanitarias porteñas.
El proyecto que se debate en la Legislatura, elaborado por los diputados
Beatriz Baltroc (ARI), Juliana Marino (peronista independiente) y Miguel
Doy (Forja 2001), tiene preferencia para ser tratado este jueves. Su objetivo
es eliminar la posibilidad de que los residuos sean incinerados en el
ámbito de la ciudad, así como prohibir la contratación
de empresas incineradoras instaladas en otras provincias. La iniciativa
cuenta con el visto bueno de los funcionarios del Ejecutivo. “Estamos
de acuerdo tanto con la norma como con su fundamentación. La tendencia
mundial apunta a disminuir los procedimientos de incineración y
nosotros debemos tender a eso”, dijo a Página/12 Gabriel Muntaabski,
director de Atención Primaria de la cartera sanitaria porteña.
La campaña para eliminar la incineración de residuos patológicos
tuvo su expresión más destacada en las acciones de Greenpeace,
que hace dos meses simuló la instalación de un hospital
de campaña en el Obelisco, para llamar la atención sobre
el tema. Según consta en los fundamentos del proyecto legislativo,
las plantas incineradoras emiten al ambiente “sustancias persistentes
y bioacumulativas” como las dioxinas y furanos, que permanecen en
los organismos que las absorben durante tiempos prolongados, sin degradarse.
Estas sustancias tóxicas son producidas por la incineración
de material descartable de PVC.
“Las dioxinas son un conocido cancerígeno y están ligadas
a defectos en los nacimientos, disminución de la fertilidad y depresión
del sistema inmune”, dice el proyecto. Como el cuerpo no las elimina
–agrega– no hay dosis seguras de dioxinas. Es por eso que en
1995, los países miembros del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, acordaron la eliminación progresiva de la emisión
de estas sustancias.
En la Argentina, sin embargo, la ley 24.051, de Residuos Peligrosos, autoriza
la incineración como método de tratamiento. Y en la ciudad
de Buenos Aires, la ley 154 de Residuos Patogénicos, sólo
prohíbe “el uso de métodos que emitan sus productos
tóxicos persistentes y bioacumulativos por encima de los niveles
que exige la autoridad de aplicación”. Como en la actualidad
ningún laboratorio de emisiones atmosféricas en nuestro
país está equipado para calcular concentraciones de dioxinas,
la ley es, al menos en este punto, inaplicable.
El proyecto de los diputados Baltroc, Marino y Doy prohíbe la instalación
y utilización en la ciudad de planta de incineración de
residuos patogénicos pero, además, impide “la contratación
de empresas instaladas en otras jurisdicciones que utilicen esta tecnología”.
La provincia de Buenos Aires es la que cuenta con mayor cantidad de incineradores
comerciales autorizados. De éstos, cuatro tienen contrato con la
Secretaría de Salud porteña: Tri-Eco, Desler, Pelco y Soma.
También hay contratos con Ecology Sistem, de Santa Fe. Según
la diputada Baltroc, el cambio de tecnologías no es imposible.
“Hay empresas que son multinacionales, que en sus países de
origen utilizan tecnologías limpias y aquí traen los hornos
incineradores”, afirmó. La utilización de estos hornos
ya está prohibida en diferentes estados de los Estados Unidos,
en Suecia, Bélgica, Australia, el Reino Unido, Alemania, Irlanda
y Grecia, entre otros.
El proyecto, de ser aprobado, le da un año de plazo a las empresas
con contrato vigente para cambiar su tecnología por “alternativas
ambientalmente aceptables”. Sin embargo, si la ley se sanciona antes
de fin de año “podrían aplicarse sus alcances a la
licitación del servicio, que actualmente está en curso”,
dijo Muntaabski a este diario.
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