|
Por
Laura Vales
 El
ministro de Desarrollo Social, Daniel Sartor, se fijó un salario
por encima del tope permitido. Así lo acaban de detectar (no sin
sorpresa) en la Sindicatura General de la Nación, que ahora le
hará saber que debe bajarse el sueldo. Ocurre que el ministro está
cobrando más que el jefe de Gabinete, cuyo sueldo se toma como
límite máximo para toda la administración pública
desde hace ya seis meses. La nueva irregularidad se conoció al
mismo tiempo que quedaban en la calle otros 300 trabajadores del área
de Desarrollo Social, a quienes Sartor les rescindió anticipadamente
sus contratos con el declarado objetivo de ahorrar.
Los primeros despidos comenzaron días después de que Sartor
asumiera en el cargo; como Economía recortó las partidas
del último trimestre, al Ministerio los fondos no le alcanzan para
pagar los sueldos; la solución adoptada en Desarrollo Social fue
dar de baja a los contratados e incluso no pagarles el mes de preaviso.
Así, el 15 de noviembre hubo una tanda de 150 rescisiones y la
semana pasada el telegrama le llegó a 300 más. Como solución,
el método es dudoso incluso para el más decidido de los
ajustadores, porque los contratos vencían el 30 de diciembre. Echando
a la gente Sartor ahorró un mes de sueldos, pero los empleados
ya están preparando cartas documento para litigar contra el Estado
y tienen todo a su favor para ganar los juicios.
Junto a los despidos también se cortaron planes de asistencia.
Un ejemplo es el Solidaridad, que socorría a 20 mil personas en
todo el país y cuyas prestaciones eliminadas no fueron reemplazadas
por nada. Mientras en el ministerio estaba Juan Pablo Cafiero, se pretendía
pasar a todos esos beneficiarios al Seguro de Inclusión Infantil,
pero esa iniciativa nunca se puso en marcha y la gente quedó en
el aire.
Frente a este panorama, que Sartor cobrara más que lo legalmente
admitido no era un dato esperable para nadie. En la Sigen lo detectaron
como parte de un trabajo mayor con el que están controlando todos
los sueldos del Estado, que no haya empleados con más de un contrato
y que nadie perciba a la vez jubilación y sueldo.
Aunque allí no dieron a conocer el monto exacto del sueldo de Sartor,
sí explicaron que es “mayor a los 8 mil pesos en bruto”,
lo que implica unos seis mil con descuentos. El tope actual es de 5900
pesos como salario de bolsillo. Sartor, añadieron las fuentes consultadas,
es el único ministro que está fuera de regla.
Para el funcionario será una desprolijidad más de una larga
lista:
u En noviembre, mientras rescindía los primeros contratos, nombró
a su hermano como asesor y le fijó un sueldo de 7500 pesos.
u Intentó mantener bajo su control un expediente que investigaba
su anterior gestión como responsable del área social de
la provincia de Río Negro. Sólo cuando trascendió
Sartor decidió que era mejor no investigarse a sí mismo
y se desprendió del caso.
Hay cuestiones más viejas: en Río Negro lo acusaron de manejar
la asistencia social con fines clientelísticos, de prometer subsidios
a punteros radicales para que se apartaran de la interna y de presionar
a quienes lo denunciaron. Los medios locales señalaron también
el fraude que habría cometido una de sus empleadas al cobrar como
propio el subsidio de un discapacitado. Y ventilaron que Sartor había
trabajado un tiempo en el Banco de Río Negro de donde lo despidieron
por el supuesto manejo irregular de fondos.
El ministro ha desmentido parte de estas acusaciones. Admitió haber
nombrado a su hermano pero aclaró que después le bajó
el sueldo hasta dejarlo en “sólo” cuatro mil; sobre el
despido del Banco de Río Negro dice que quedó involucrado
por pertenecer al sector de la entidad donde se produjo el faltante y
en cuanto a los manejos clientelísticos los definió como
“denuncias absolutamente falsas”. Lo del sueldo es más
lineal y no tiene mucha vuelta; después de recibir la notificación
el ministro deberá acatarla. Y aunque no está muy claro
si van a pedírselo, se supone que también tendrá
que devolver lo que cobró de más.
|
