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EL EXITO (O NO) DEL PARO EMPRESARIO EN VENEZUELA
Escenas de la lucha de clases

Las cámaras empresariales venezolanas cumplieron ayer un paro para protestar contra 49 decretos leyes que avanzan sobre la propiedad privada. Dicen que hubo 85 por ciento de acatamiento.

Por Juan Jesús Aznarez
Desde Caracas

Venezuela, el cuarto país exportador de petróleo del mundo, quedó ayer mayoritariamente paralizado como consecuencia de un paro de empresarios contra las políticas de izquierda aplicadas por el presidente Hugo Chávez, y la promulgación de 49 decretos leyes que amplían sustancialmente las prerrogativas del Estado sobre la propiedad privada y la economía de mercado. La Federación de Cámaras de Venezuela (Fedecámaras), organizadora de la protesta, calcula que el 85 por ciento del país adhirió a la huelga, la más importante que enfrentó el actual gobierno.
El principal sindicato de la patronal, cuyas empresas emplean a casi el 80 por ciento de los diez millones de trabajadores venezolanos, según sus propios datos, advirtió días atrás que no descarta la desobediencia civil, u otras medidas de presión, si el Poder Ejecutivo desatendía sus reclamos. “Esperamos que, a partir de mañana, podamos trabajar la agenda de la rectificación”, declaró el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, durante una primera evaluación de la jornada, que se desarrolló de las seis de la mañana a las seis de la tarde, sin incidentes graves. Los miembros de la directiva de los empresarios, reunidos en su sede, alzaron las manos en señal de victoria.
Paralelamente al cierre de grandes almacenes, comercios, bancos, o escuelas, y a la permanencia en sus casas de la mayoría los habitantes el país, numerosos automovilistas estacionaron sus vehículos al costado de las principales avenidas, y pitaron contra el gobierno. “¡Fuera Chávez!”, gritaba los usuarios. “El paro ha sido un éxito. El presidente tiene que respetarnos”. Vecinos asomados a los balcones y ventanas de muchos edificios de Caracas hacían sonar cacerolas, y otros reproducían, a todo volumen, los ruidos de cacerolas grabados en discos compactos y puestos a la venta en tenderetes con gran éxito. “¡Fuera, fuera el loco!”.
La estatal industria petrolera siguió funcionando, según fuentes oficiales, al igual que el Metro y los autobuses públicos aunque con menor afluencia de pasajeros. La guardia nacional, y la policía metropolitana vigiló el desarrollo del paro. La actividad de los aeropuertos registró interrupciones de vueltos nacionales. Las principales rutas y autopistas de Caracas, normalmente atestadas de vehículos los lunes, expeditas al tráfico. “Nosotros somos trabajadores bolivarianos”, subrayaban algunos de los dueños de tabernas, pequeños comercios, u hospitales públicos que abrieron sus puertas. “No estamos con los ricos”.
Las principales cadenas de televisión siguieron en el aire aunque incidiendo en los aspectos a favor o en contra de la protesta, en función del carácter público y privado de la propiedad de los medios. El principal sindicato laboral, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), enfrentada al sindicalismo oficial, se sumó a la huelga, y de vísperas amenazó con convocar otra de carácter indefinido. Se trata de la mayor protesta contra Hugo Chávez, desde que fuera investido en febrero de 1999, tras su triunfo en las elecciones del seis de diciembre del año anterior. Aquella victoria, y las sucesivas, le permitieron modificar, a favor de su proyecto revolucionario, todos los poderes del Estado, y controlar la Asamblea Nacional (Congreso).
Los empresarios, además de una revisión conceptual de la deriva observada en la acción del ejecutivo, exigen la anulación de los 49 decretos leyes emitidos el pasado 13 de noviembre por el presidente, en virtud de una ley que le autoriza a evitar el debate parlamentario para acelerar los cambios propuestos. Las leyes de Tierras, Zonas Costeras y Pesca, concretamente, violentan el derecho a la propiedad privada, y el derecho a elegir la actividad económica de preferencia de los ciudadanos, según establece un informe privado de Fedecámaras. “Se declaran de utilidad pública muchas actividades y territorios que permitirían al Estado la confiscación de la propiedad privada”, señala el informe de sus juristas. “Se encontraron normas confusas que generan incertidumbre, y deun contenido ideológico estatizante, de planificación central e izquierdista”.
Como para no bajarle el tono a la disputa, Chávez respondió pidiendo un “contraataque revolucionario frente a la acción de la oligarquía”, durante el segundo discurso, en un mismo día, en la céntrica Plaza Caracas de la capital venezolana.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.

 

 

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