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A Boca le llueven embargos y no puede vender ni comprar jugadores

Por el juicio que le ganó Claudio Caniggia, el juez Jorge Blake le dictó una inhibición en sus cuentas bancarias por valor de 3 millones, y la ATFA quiere 660 mil pesos de una deuda de aportes.

Por F.M.

El de ayer fue un mal día para la dirigencia de Boca, al menos en el plano jurídico-institucional. Por un lado, la Justicia le trabó al club un embargo por una suma cercana a los 3 millones de pesos en sus cuentas bancarias y lo inhibió para comprar y vender jugadores hasta tanto consiga saldar la deuda que le originó la pérdida de un juicio laboral, cuyo fallo favoreció al demandante, el ex futbolista del club Claudio Paul Caniggia. A eso se suma el embargo presentado por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), que reclama cobrar una deuda de 660 mil pesos, según ampliaron fuentes de la Comisión Directiva a Página/12. Esta situación ha provocado diferencias entre dirigentes y algunos cuestionamientos contra los responsables del área gerencial y jurídica del club. “Se le niega plata a los jugadores y al técnico y, por otro lado, se pierden más de 4 millones”, se quejó un dirigente.
Boca apelará en estos días el fallo del titular del Juzgado Laboral Nº 35, Jorge Blake, quien determinó que el club perdiera el litigio que mantuvo desde 1999 con Caniggia. Fue precisamente Blake quien libró la inhibición a Boca para comprar y vender futbolistas, y embargó las cuentas bancarias de la entidad, por unos 3,25 millones, para garantizar el pago de la demanda que favoreció al ex delantero boquense. Caniggia le ganó un juicio a Boca por la relación laboral que mantuvieron hasta marzo de 1999 –en la que se había acordado que Boca le pagara 35 mil pesos por partido jugado por el delantero–, por lo que la institución deberá pagarle 2.450.469 pesos más 800 mil por intereses en concepto de lucro cesante, daño moral, haberes adeudados e indemnización por antigüedad.
Además, a pedido de los abogados defensores de Caniggia, Fernando Cosentino y Carlos Turri, el juez habría remitido un oficio a la AFA ordenándole que retenga todos los ingresos asignados a Boca por todo concepto, incluidos derechos de televisión y juegos de azar, y también designado a un “instructor recaudador” que deberá acudir a cada partido que juegue Boca para retener hasta un 20 por ciento de la recaudación que le corresponda al club hasta que la suma fijada pueda ser cancelada.
Frente a esta situación, que se agravaría por el pago de 660 mil pesos que la ATFA le exige al club, Boca no tiene muchas alternativas. O deposita el dinero en la cuenta que el juzgado disponga o apela la medida llevando el juicio a otra instancia. “Vamos a apelar en esta semana y después se verá cuáles son los pasos a seguir”, confió un alto directivo del club a este diario, y agregó: “Caniggia se fue, lo fuimos a buscar y no quiso venir, y después del lío que tuvo en Estados Unidos –lo acusaron de robarse un par de zapatos en un shopping–, volvió en enero pidiendo jugar en Boca porque no tenía otro club”.
Esta situación jurídico-institucional ha despertado voces disidentes entre los directivos. “Algo falló en Boca. Este juicio no se podía perder. Creo que esto es el producto de la desidia con la que se tratan ciertos temas. Ahora, Boca no puede hacer ninguna compra ni venta”, comentó otro de los dirigentes consultados.
Anoche, al cierre de esta edición, Boca comunicó oficialmente su posición con respecto a las medidas cautelares del juez Blake. En el mismo, la Comisión Directiva aclara que conoció la decisión del juez a través de los medios y que el club no fue notificado por el juzgado, y afirma que las medidas “exceden lo razonable y la finalidad que debe prevalecer en una medida cautelar”. La CD cuestionó la sentencia del juez porque “no se ajusta a derecho” y adelantó que en defensa de sus legítimos intereses apelará la decisión. En cuanto a la dureza de las medidas cautelares, inhibición y embargo, la CD manifestó que “en las actuales circunstancias resulta irrazonable e ilógico afectar el normal desenvolvimiento de esta institución al dictar supuestas medidas respecto de la actividad financiera, máxime cuando existe un patrimonio que es por demás suficiente para garantizar el hipotético reclamo”.

 

 

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