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Por José
Natanson
 Aunque tuvo un comienzo sorpresivo
anoche, con la reunión en la Cancillería, el Gobierno lanzará
formalmente hoy la mesa de concertación con la que espera apurar
el Presupuesto 2002 y el canje internacional de la deuda, dos temas que
requerirán una aprobación parlamentaria que la Rosada quiere
tener lista sobre fin de año. El cronograma –que ayer Chrystian
Colombo terminaba de diseñar con frenéticos llamados telefónicos
a los referentes del PJ– incluirá la promocionada reunión
con Carlos Menem, que se concretaría hoy o mañana, además
de encuentros con gobernadores y legisladores.
La semana pasada, cuando el FMI anunció que cortaba los fondos
para la Argentina, el Gobierno transformó la convocatoria a una
concertación con sectores económicos y sociales en una desesperada
búsqueda de consenso político. Aunque Colombo viene haciendo
gestiones desde la semana pasada, hoy anunciará la agenda completa.
“Podríamos haberlo hecho antes, pero había que esperar
el resultado de las gestiones de Cavallo ante el FMI, porque si no empezábamos
a charlar, venía el Mingo, anunciaba un programa y se pudría
todo”, explicaban en Gobierno la demora en la convocatoria.
Según aseguraban ayer cerca de Colombo, la agenda incluirá,
como máximas prioridades, dos temas básicos para los que
se requiere sí o sí el respaldo del Congreso (es decir,
la aprobación del PJ): la ley de Presupuesto 2002, que ayer se
terminaba de definir en Economía y que será girada esta
semana; y el tramo externo del canje de la deuda, que la Rosada quiere
respaldar con una ley. “No podemos hacer una operación de
esta naturaleza, que implica cambiar el perfil de la deuda por varios
años, a través de un decreto”, explicaban ayer cerca
de De la Rúa.
Las dos cuestiones son las más urgentes. “La idea es conseguir
a través de la concertación un okay más o menos rápido,
y que el Congreso los apruebe alrededor de fin de año”, señalaban
en el Gobierno. Pero, además, en la Rosada quieren discutir otros
temas de largo plazo: un programa social, que requiere el trabajo conjunto
de la Nación y las provincias, la reforma del Estado y la reforma
política.
El problema, claro, es que el PJ está dividido en muchos interlocutores.
Anoche, un funcionario con despacho en la Rosada aseguraba que, salvo
alguna modificación de último momento, el primer convocado
sería Menem, el jefe formal del PJ. El encuentro sería mañana,
aunque podría incluso adelantarse para hoy. Después irían
desfilando el resto de los referentes peronistas: los jefes de los bloques
y las autoridades de las Cámaras, los gobernadores de las tres
provincias grandes y los mandatarios de las provincias más chicas
reunidos en el Frente Federal.
Este grupo constituye un capítulo aparte en la agenda del Gobierno,
que ha focalizado en ellos buena parte de sus esfuerzos. El viernes pasado,
Colombo desconcertó a todos con un viaje a Puerto Iguazú,
donde se encontraban reunidos. Ayer, Colombo dialogó telefónicamente
con Ramón Puerta, virtual vicepresidente y referente del Frente
Federal: aunque cerca del misionero dijeron que el jefe de Gabinete quiso
apurar una reunión, y que Puerta se negó, en el Gobierno
aseguraron que se trató de un tanteo sin un objetivo concreto.
En cualquier caso, anoche De la Rúa, Colombo, Cavallo y el ministro
del Interior, Ramón Mestre, se encontraron con algunos de ellos
en la Cancillería.
Tanto interés tiene su explicación. “Menem quiere que
lo escuchen, que lo reciban, que reconozcamos que, aunque estuvo preso,
es un ex Presidente y un hombre importante en el PJ. Los gobernadores
de las tres provincias grandes tienen básicamente problemas financieros
y ambiciones, por lo que es difícil hablar en serio. En cambio,
los de los distritos más chicos muchas veces tienen necesidades,
pero es con los que se pueden hacer acuerdos de más largo plazo”,
era la lectura del mapa peronista que hacía ayer un funcionario
que participó de las negociaciones.
Más allá de la lista de reuniones, el Gobierno necesita
cuanto antes el apoyo de la oposición, con lo cual lograría
tres objetivos de cortísimoplazo: superar –aunque sea en forma
transitoria– su aislamiento político, enviar una señal
a los organismos internacionales y despejar un poco el clima de Titanic
en el que vive casi permanentemente.
No será fácil. Ayer, en la reunión de Gabinete, los
ministros se dividieron en tres grupos para conversar los temas de la
concertación: la agenda de reuniones, el presupuesto y la ayuda
social. Antes, el Presidente tuvo que aclarar que las gestiones seguían
a cargo de Colombo, y que no había dado instrucciones para que
lo reemplazara Cavallo, como indicaban algunas versiones. Evidentemente,
el problema no pasa sólo por las dificultades para conversar con
el PJ: las internas del Gobierno también complican las cosas.
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Preocupación
por el paro
Más allá de las declaraciones del ministro de Trabajo,
José Dumón, que insistió en criticar duramente
a los sindicalistas, en el Gobierno observaron con preocupación
la marcha a Plaza de Mayo anunciada por la CGT de Hugo Moyano, que
continuará con un paro de 24 horas al que sumará la
CGT oficial que conduce Rodolfo Daer y la Central de los Trabajadores
Argentinos (CTA) de Víctor de Gennaro. Un funcionario que
sigue de cerca el asunto explicó que la preocupación
central de la Rosada no pasa por el alcance o el impacto político
de las movidas. “Ya aprendimos de los paros y las marchas anteriores:
el efecto se diluye en un par de días”, explicaba. De
acuerdo con esta interpretación, el temor del Gobierno es
que se generen episodios de violencia. “Vamos a hacer todo
lo posible por mantener la seguridad, pero el clima está
bastante denso y siempre existe la posibilidad de que algunos grupos
quieran aprovechar la situación para salir a romper las vidrieras
de los bancos”, aseguraba. En el Gobierno creen que, en este
esquema, no es casual la decisión de Daer de no adherir a
la marcha de hoy y de convocar por separado al paro de mañana.
“Quiere despegarse de Moyano, no quiere quedar pegado con algún
posible hecho violento”, evaluaba el funcionario.
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LA
SIGEN INTIMO A SARTOR, QUE NO SE BAJA EL SUELDO
Sólo por los principios sociales
El ministro de Desarrollo Social,
Daniel Sartor, fue notificado de que deberá rebajarse el sueldo.
Así lo confirmó ayer la Sindicatura General de la Nación
(Sigen) tras reafirmar que, tal como había anticipado Página/12,
el funcionario “se fijó un salario por encima del tope permitido”.
Desde julio ningún ministro puede ganar más que el jefe
de Gabinete (ocho mil pesos en bruto), pero Sartor sobrepasó ese
límite. El ministro, sin embargo, se muestra decidido a no acatar
la recomendación: en un comunicado de prensa que difundió
ayer argumentó que como proviene de la provincia de Río
Negro percibe “un plus por desarraigo”. En todo caso, concluye
su gacetilla: “Lo que hay que precisar es si el denominado plus por
desarraigo debe o no ser incluido en el monto total de los haberes”.
La Sigen descubrió a Sartor como parte de una auditoría
mayor por la que están controlando todos los sueldos del Estado.
En la nota que le envió no sólo le hace notar que está
cobrando más de lo que debe, sino que también sugiere que
debería devolver “las sumas erogadas en exceso”. La Sigen
coincide en que el monto extra tiene como origen el plus por desarraigo;
la discusión es si ese monto debe considerarse o no parte del sueldo.
En su investigación, el organismo de control encontró también
duplicaciones y hasta triplicaciones de contratos de personal en el Ministerio
del Interior, la Comisión de Pensiones Asistenciales, el Incucai
y otros puntos de la administración pública. Sartor es el
funcionario de más alto rango en esta situación de incumplimiento.
El vocero presidencial Juan Pablo Baylac señaló que el Gobierno
“no tiene prevista la salida de Sartor de Desarrollo Social”,
pero apuntó que el salario “será rebajado” como
lo hicieron los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado.
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