|
 La Cámara Federal de
La Plata tomará por primera vez una declaración indagatoria
en el Juicio por la Verdad, en el que se investiga el destino de más
de dos mil desaparecidos. En el banquillo estará hoy el suboficial
mayor de la policía bonaerense, Miguel Angel Ferreyro, quien fue
reconocido por la voz por una ex detenida como el cabo de guardia del
centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones
de Lanús, en Avellaneda, durante la última dictadura.
Hasta ahora, la Cámara citaba a militares y policías como
testigos o recurría a una figura intermedia –la declaración
informativa– cuando se sospechaba que los que eran convocados podían
haber participado de secuestros, desapariciones o torturas. En 1999 el
juez Leopoldo Schiffrin solicitó que el ex comisario Miguel Osvaldo
Etchecolatz fuera citado a indagatoria, es decir, como acusado, por crímenes
por los que no se lo había juzgado en la causa Camps. Pero la Cámara
reunida en plenario giró el pedido a un juez federal de primera
instancia. Y finalmente la denuncia se trasladó a la Capital. Ahora,
los jueces Julio Reboredo y Ramón Durán -quienes estaban
presentes en la audiencia en la que se decidió la citación–
consideraron que Ferreyro debe ser indagado y que no es necesario realizar
un plenario.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata estimó
que si el policía se presenta podría quedar detenido si
los camaristas evalúan que podría ser autor, cómplice
o encubridor de un delito. Luego la causa sería enviada a un juez
federal de primera instancia.
Hace dos semanas Ferreyro fue citado como testigo por el caso de un desaparecido
e intentó desvincularse de la represión, pero al finalizar
su testimonio la ex detenida Nilda Eloy se acercó llorando a los
jueces y les
dijo que quien estaba sentado en el estrado había sido, al menos
entre noviembre y diciembre de 1976, cabo de guardia en “El Infierno”,
el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Avellaneda.
Durante su cautiverio en ese lugar, la mujer estuvo todo el tiempo encapuchada,
pero el sonido de la voz le permitió identificar al represor. “Su
voz me perturbaba pero hubo alguna palabra que dijo, una expresión
que hizo que no me quedaran dudas y cuando los jueces le preguntaron el
grado, yo lo dije antes de que él contestara: cabo de guardia,
no tenía dudas”, dijo Eloy a Página/12 ese día.
Ferreyro no es el único policía que debe presentarse hoy
en la Cámara platense. Raúl Orlando Machuca, jefe del operativo
en el que fueron desaparecidos Daniel Omar Favero y su esposa María
Paula Alvarez, también fue citado, aunque como testigo. La participación
de Machuca en el procedimiento se desprende de un expediente de Consejo
de Guerra agregado a la causa. En ese entonces el hombre era suboficial
inspector y revistaba en la Brigada de Investigaciones de La Plata. La
semana pasada fue detenido y denunciado por falso testimonio un subordinado
suyo, el entonces cabo Julio César Argüello.
Otro testigo será el ex subdirector del Hospital Naval de Río
Santiago, Antonio Richa, que será interrogado en el expediente
por la desaparición de Osvaldo Busetto, secuestrado y baleado en
la ciudad de La Plata.
RESPALDO
AL HISTORIADOR SANTIAGUEÑO PROCESADO
Por la libertad de expresión
“No podemos presenciar
pasivamente este hecho admitiendo por omisión que se pretendan
conculcar las libertades constitucionales” de “expresión
y opinión de los ciudadanos”. Es lo que sostuvo el diputado
del Frepaso José Vitar en un proyecto de declaración que
presentó para respaldar al historiador santiagueño Raúl
Dargoltz, que en pocos días será juzgado por calumnias e
injurias por el relato sobre el “santiagueñazo”, la pueblada
del 16 de diciembre de 1993, que volcó en un libro. La Asociación
Periodistas, por su parte, solicitó al World Press Freedom Committee
(WPFC) que brinde respaldo a Dargoltz en este proceso judicial y recordó
que son muchos los argentinos que “están siendo perseguidos
por ejercer su derecho profesional de informar”.
Dargotlz, investigador del CONICET, dramaturgo y profesor de Historia
Social Regional de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, fue
acusado por Miguel Brevetta Rodríguez, ex secretario de Comunicación
y Medios del gobierno provincial de Carlos Mujica. Su suerte se definirá
en una audiencia oral que está prevista para esta semana pero fue
postergada para el 21 de este mes.
En su libro El santiagueñazo. Gestación y Crónica
de una pueblada argentina, Dargoltz cuenta cómo durante el histórico
estallido social se incendiaron, quemaron y saquearon los edificios de
los tres poderes públicos: la Casa de Gobierno, el Palacio Legislativo
y los Tribunales, además de las casas de funcionarios y políticos
que el pueblo acusaba de corruptos, entre ellos el gobernador saliente
Carlos Juárez. En cuanto a Brevetta Rodríguez, relata cómo
fue el saqueo de su vivienda e incluso lo compara con Rasputín
en su papel junto al ex gobernador Mujica.
El proyecto de Vitar y el pedido de Periodistas, se agregaron al apoyo
que ya recibió Dargoltz de más de un centenar de intelectuales
de todo el mundo que incluso le mandaron una carta al presidente Fernando
de la Rúa. El diputado frepasista presentó un proyecto expresando
“solidaridad” y “rechazo al intento de silenciar la opinión
de un ciudadano, de cercenar la libertad de expresión y de pretender
obstaculizar la reconstrucción de la historia, incluida la historia
inmediata”. La Asociación Periodistas ofreció su máximo
respaldo al historiador y se lo solicitó, con una detallada explicación
de los hechos al WPFC.
HUMAN
RIGHTS WATCH CON DE LA RUA
Una sonrisa en La Rosada
Representantes de la organización
Human Rights Watch (HRW) se entrevistaron ayer con el presidente Fernando
de la Rúa en la Casa de Gobierno y reclamaron un pronunciamiento
del Gobierno en apoyo a los avances judiciales en materia de derechos
humanos.
Del encuentro participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Jorge de la Rúa, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana
Conti, mientras que la comitiva de HRW estuvo presidida por el encargado
de las Américas, José Vivanco.
Conti destacó que la entidad “hizo un reconocimiento de que
la Argentina está puesta de pie en materia de derechos humanos”.
Y que el Presidente se comprometió a estudiar un pedido de HRW
para despenalizar la figura de la injuria y calumnia contra los funcionarios
públicos.
Hoy al mediodía en el auditorio Emilio Mignone de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), Ayacucho 551, HRW dará a conocer
un informe sobre “los avances en los juicios por los derechos humanos
en Argentina”.
|
