A los efectos políticos del masivo paro del lunes encabezado por los empresarios venezolanos, el presidente Hugo Chávez le opuso lo que había prometido: “Un contraataque revolucionario”. O, por lo menos, ése fue el gesto que ensayó. Ayer, Chávez promulgó en la bahía de Pampatar, en la Isla de Margarita, la nueva Ley de Pesca y Acuicultura que forma parte del polémico paquete de 49 decretos –aprobados por el gobierno el 13 de noviembre– que aumentan sustancialmente las prerrogativas del Estado sobre la propiedad privada y que fueron (y siguen siendo) el motivo central de la protesta de los sectores patronales. Y, para hacer más grandilocuente la ocasión, Chávez aprobó la norma escoltado por su “hermano y compañero revolucionario” Fidel Castro, que había llegado al país la noche anterior para asistir a la III Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que empezó ayer.
Horas antes de la apertura de la III Cumbre de la AEC, Chávez desembarcó de una fragata de la armada venezolana junto a Fidel Castro, ambos vestidos de uniforme, en el muelle de la playa de Pampatar, situada en la Isla Margarita. Allí celebró un acto donde aprobó una de las conflictivas leyes, tildadas de “intervencionistas” y “confiscatorias” por sus opositores. La Ley de la Pesca, entre otras cosas, fija prohibiciones específicas para los barcos pesqueros de las grandes compañías y para la pesca de sardinas, ostras, moluscos, camarones y cangrejos, lo que los empresarios señalan como un impedimento para sus actividades comerciales y que, suponen, se traducirá en desabastecimiento. “Con esta ley de pesca y con el conjunto de leyes aprobadas conformamos un marco legal que proporciona seguridad y espacio a todo el pueblo. Estamos rompiendo una tiranía de muchos años con estas leyes”, indicó Chávez. Y aprovechó el acto para arremeter, como lo había hecho durante todo el día anterior, contra quienes organizaron la huelga del lunes, a los que calificó de “oligarquía depredadora” que sólo ratifican que la “revolución bolivariana va por buen camino”. Y anunció: “Estas son leyes libertadoras que rompen las cadenas que han oprimido al pueblo durante mucho tiempo. Llegó la hora de la verdad, de comenzar a cambiar a fondo esta situación”, como manera de evidenciar su desacuerdo con “la agenda de rectificación” que propone la asociación de empresarios Fedecámaras para modificar las leyes ya promulgadas, bajo amenaza de seguir con mayores medidas de fuerza. “Está en marcha una conspiración”, denunció el presidente, tras lo cual dijo que redoblará su apuesta. “Vamos a acelerar el cumplimiento de las leyes”, adelantó Chávez antes de insistir con su amenaza de que “nada ni nadie lo apartará del camino revolucionario”.
Por la tarde, en medio de estrictas medidas de seguridad, los mandatarios de los 28 países caribeños iniciaron la III Cumbre de la AEC. Luego de degustar un jamón prensado en salsa de guayaba, una ensalada de gallina y la típica “hallaca navideña” –un tamal de maíz envuelto en hojas de plátano con carne y vegetales en su interior–, todo acompañado con jugo de mandarina y ron, los asistentes dijeron que buscarán definir un nuevo “Gran Caribe” que, mediante el acercamiento con Centroamérica, cree una zona de Turismo Sustentable y posibilite el financiamiento de proyectos petroleros. Chávez se encargó, como anfitrión, de ser el más enérgico opositor a la iniciativa de integración regional impulsada por Estados Unidos: el ALCA. Por su parte, Fidel celebró que los países caribeños hayan considerado incluir en la declaración final de la cumbre -que termina hoy por la tarde– una condena al embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba. Y dijo: “Los felicito porque están dándole los últimos martillazos a lo que no puede sobrevivir. Les va a tocar ver el fin del disparate”. Sin embargo, la ministra de Relaciones Exteriores de Barbados, Billie Miller, que preside el Consejo de Ministros de la AEC, informó que el tema no sería incluido porque ya fue abordado en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Hasta ayer, el párrafo condenatorio figuraba en un borrador que trascendió a la prensa.

ANTES Y DESPUES DEL PARO QUE DIVIDIO AGUAS EN VENEZUELA
De cara a una confrontación mayor

Por Juan Jesús Aznárez *
Enviado especial a Caracas

La sublevación civil que secundó el paro empresarial del lunes contra las políticas de Hugo Chávez acentuó la fractura registrada en una nación que transita indefectiblemente hacia una colisión de mayores proporciones de no imponerse la negociación y el consenso. El presidente venezolano soportó la protesta más intensa desde su investidura en febrero de 1999, pero, coherente con sus postulados revolucionarios, se manifestó irreductible. La oposición cobró bríos y prepara nuevas movilizaciones.
“Ya no somos escuálidos, ahora somos una fuerza telúrica”, subrayó Pedro Carmona, presidente del principal sindicato de empresarios, que instó a los poderes del Estado a distanciarse del jefe de gobierno. “Tienen que sacudirse, levantar su independencia, reivindicarse ante la sociedad”. Los poderes del Estado responden, en mayor o menor medida, al proyecto concebido por el comandante de paracaidistas que anteayer prometió no ceder un ápice ante los corruptos rescoldos, dijo, del sistema bipartidista derrotado en las elecciones de diciembre de 1998. Su cántico en el mitin de la Plaza de Caracas fue otra vez belicoso: “Temblad, oligarcas, temblad”.
“Habrá que buscar otros interlocutores que ayuden a reconstruir un clima de convivencia nacional”, reaccionó Carmona. Las alusiones del gobernante a una posible revisión de contratos petroleros con el sector privado, o de los depósitos oficiales en los bancos, y su invocación al empleo de las leyes contra los medios de comunicación y empresarios que, en su opinión, las vulneran, causaron zozobra. La oposición teme el advenimiento de un período represivo. “Van a entrar en el gobierno los talibanes”, aventuró uno de sus portavoces. Según el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Dávila, militar retirado, el gobierno “no es desestabilizable. Tiene un apoyo extraordinario en el pueblo, y en la Fuerza Armada Nacional”.
La promulgación de 49 decretos leyes sobre aspectos esenciales de la vida económica y administrativa de un país con el 80 por ciento de sus 24 millones de habitantes en la pobreza fue la espoleta del paro que prácticamente paralizó Venezuela, e insufló ánimos a una oposición política todavía fragmentada. La patronal acudirá a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y al Tribunal Supremo de Justicia para exigir cambios en las leyes que, de acuerdo con sus juristas, vulneran la propiedad privada, y la libertad de empresa. Las más conflictivas son: La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y la Ley de Zonas Costeras.
Las descalificaciones y estridentes modos del presidente irritan sobremanera a sus contrarios, a veces más que el contenido de sus políticas, robustecen la creciente polarización, y, progresivamente, le restan votos entre su electorado porque no se acompañan de resultados tangibles. “El golpe del lunes lo desequilibró. No estaba en sus cabales”, declaró Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), enfrentada al sindicalismo oficialista, que fue vencido en las elecciones del pasado octubre. “Aquí no hay que esperar mucho tiempo para pensar en una huelga general”. Aludía a la reacción de Chávez llamando cobardes, corruptos, e inmorales a los empresarios, políticos y sindicalistas de la huelga.
El ministro de Defensa, José Vicente Rangel, se manifestó convencido de que paro fue un pretexto de los sectores pudientes más afectados por las políticas y reformas legales en curso. “Tratan de salir de Chávez como sea (...) Los latifundistas, que tienen hasta 100.000 hectáreas sin cultivar saben que ahora sí se va a aplicar la ley, no como en 1961”. Detrás de la huelga, agregó, aparece “un cuadro verdaderamente sombrío, donde se entrecruzan una serie de actividades desestabilizadoras, y movimientos que tratan de ganar a las Fuerzas Armadas, sin éxito, para captarlos para un golpe o cualquier tipo de aventuras”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.

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