Por Martín Piqué

Los gobernadores del PJ no quieren ayudar al Ejecutivo sin recibir nada a cambio. Los mandatarios del Frente Federal creen que ha llegado el momento de “hacer valer” el poderío del justicialismo, que controla las dos cámaras del Congreso y gobierna 14 provincias del país. Por eso, piensan que el peronismo tiene que presionar al oficialismo para ligar la discusión del Presupuesto a la búsqueda de consenso que obsesiona al presidente Fernando de la Rúa. “O cambia De la Rúa o se lo cambia a De la Rúa”, argumentaba anoche ante Página/12 el gobernador de una provincia chica que participó de la reunión de ayer en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y que también asistió al encuentro con el Presidente, el martes en la Cancillería.
La relación con el Gobierno divide las aguas entre los gobernadores peronistas. La mayoría del Frente Federal sigue con alarma la evolución de los acontecimientos (“la Argentina está al borde del precipicio”, decía ayer a este diario uno de sus miembros) y piensa que el PJ debe asumir un mayor protagonismo para conducir la crisis económica. Otros, en cambio, sostienen que hay que manejarse con cautela para “preservar las instituciones”. En ese grupo se encuentran los mandatarios proclives a Carlos Menem, como el riojano Angel Maza y el pampeano Rubén Marín.
De cualquier forma, la cuestión más inmediata –y que también divide las opiniones– es cómo reaccionar ante las urgencias del Ejecutivo: aprobar una nueva ley de coparticipación y un presupuesto que prevé más ajustes. “Estamos en una encrucijada: si no votamos el presupuesto, van a decir que somos golpistas. Y si lo votamos, que somos oficialistas”, se lamentaba ante Página/12 un gobernador del PJ.
Este dilema fue uno de los temas que se discutió ayer al mediodía en la sede del CFI. Allí se reunieron el bonaerense Carlos Ruckauf y el cordobés José Manuel de la Sota, más varios integrantes del Frente Federal, como Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Néstor Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa) y Julio Miranda (Tucumán). También asistieron el menemista Angel Maza (La Rioja), el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, y el vice de Santa Fe, Marcelo Muniagurria, en representación de Reutemann.
Los gobernadores discutieron sobre lo que escucharon antenoche del propio De la Rúa en la Cancillería. Allí, el Presidente habría admitido que necesitaba recortar 1500 millones del Presupuesto del 2002, y para lograrlo sólo tenía dos opciones: no pagar el aguinaldo o recortar el 21 por ciento del salario de los estatales. A la salida de la reunión, Kir- chner señaló que el Gobierno pretende “traspasar la policía sin recursos a la Capital Federal, bajar los salarios un 21 por ciento o retrasar el pago del aguinaldo, que son 650 millones de pesos”.
La conversación giró hacia otros asuntos, también delicados y de mucho interés para varios gobernadores. Se habló del PAMI, una de las dependencias que está en la mira del Ejecutivo y que algunos quieren descentralizar. Ruckauf, por ejemplo, impulsa su provincialización, que permitiría a las provincias administrar en cada distrito los fondos de la obra social de los jubilados. Otros mandatarios insistieron con la superposición de funciones, y pusieron como ejemplo las carteras de Desarrollo Social y Seguridad Social. También se notaba el enojo por el trato preferencial que el Gobierno le está dando a Menem: “No representa a nadie”, remarcaba un gobernador. Más sutil, el cordobés De la Sota envió su mensaje al salir del encuentro: “Los que gobernamos antes decimos que todo lo hicimos bien, cosa que no es cierto”.

PRINCIPAL