Por Romina Calderaro

El plus por desarraigo que cobran los funcionarios que vienen del interior del país ¿debe considerarse parte del sueldo? La pregunta es clave para determinar si el ministro de Desarrollo Social, Daniel Sartor, cobra más que el jefe de Gabinete, en cuyo caso estaría violando un decreto que lo prohíbe expresamente. La Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo que denunció que Sartor gana mensualmente más que Chrystian Colombo, encontró la respuesta en el texto del decreto 957, que define el concepto de salario. El decreto explica que “en todos los casos” se deberán considerar “todos los ingresos en dineros” y beneficios sociales. Lo que incluye “bonificaciones, compensaciones, reintegros, gastos protocolares, movilidad o premios y estímulos permanentes o provisorios”.
En un comunicado, Sartor aseguró ayer que su remuneración se encuentra “en todo de acuerdo a la normativa vigente”. Si bien admitió que en su sueldo bruto “hay una diferencia de 102 pesos a favor mío respecto de lo que cobra el jefe de Gabinete”, aclaró que esa cuenta es el producto de sumar a su sueldo común el denominado plus por desarraigo, que es un monto de dinero que perciben los funcionarios que viven en una provincia que no es Buenos Aires y que tienen que dejar sus hogares para cumplir el cargo que les tocó en suerte.
Dijo bien el ministro en el comunicado que “lo que hay que precisar es si el denominado plus por desarraigo debe ser o no incluido en el monto total de los haberes”. En la Sindicatura ya tienen una respuesta y por escrito. Citan la segunda parte del artículo primero del decreto 957, uno de los que regula los haberes de los funcionarios públicos. “En todos los casos se deberán considerar todos los ingresos en dineros y beneficios sociales incluyendo bonificaciones, compensaciones, reintegros, gastos protocolares, movilidad o premios y estímulos permanentes o provisorios”. Queda entonces a la vista que el citado plus por desarraigo, llámese compensación, bonificación o reintegro, forma parte del sueldo del ministro y de todos los funcionarios a los que les corresponda ese cobro.
Hasta hay un antecedente directo: cuando se comenzó a implementar la política del déficit cero y el titular de la Sigen, Rafael Bielsa, tuvo que recortarles el sueldo a los empleados de Vialidad Nacional, lo primero que hizo fue averiguar si desde el punto de vista legal debía considerarse el desarraigo como parte del monto total del sueldo. Le dijeron que sí.
En todo caso, y ante una situación de por sí irritante en medio de la crisis que atraviesa la Argentina, el ministro podría haber optado por renunciar a los famosos 660 pesos de desarraigo. Pero por el contrario, Sartor optó por defender ese plus a capa y espada: “El cobro del desarraigo es legal. Cuando yo vine aquí a la Capital Federal, tuve que alquilar y tener otra casa más, además de la que tengo en Río Negro”.
Consultado por la contratación de su hermano en el ministerio, Sartor sostuvo que efectivamente accedió a su cargo porque él trajo “a tres personas para trabajar a mi lado desde Río Negro” y desmintió que el hombre cobrara 7500 pesos por mes. Efectivamente, el hermano de Sartor no gana esa suma porque cuando se hizo público su nombramiento el ministro tuvo que reconocer que el monto que le había asignado, que sí era de 7500 pesos, era “excesivo”. Por eso lo redujo a “sólo” 4000 pesos.
Más allá de lo que ocurra con su sueldo, llama la atención la permanencia del funcionario en su cargo. Es que desde el mismo día en que asumió la gente pudo enterarse por los medios de las diversas denuncias que corrupción que traía Sartor desde Río Negro. Después trascendió que había contratado a su hermano con el salario descripto y ahora que según la Sigen, gana más que el jefe de Gabinete. Pero el presidente Fernando de la Rúa ni siquiera amagó con criticarlo. El ministro, mientras, se defiende como puede: “Yo en el ministerio he bajado y he reducido estructuras políticas. He ahorrado más de medio millón de pesos que eran contratos políticos”.

PRINCIPAL