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Por Julio Nudler
 Pretender que se ahorrarán
durante el próximo año 4517,2 millones de pesos de gasto
público mediante un rubro denominado “Economía por
programación de la ejecución” –en otras palabras,
que Hacienda se siente sobre la plata y no asigne las cuotas– fue
una de las razones por las que el Fondo Monetario cortó las negociaciones
con la Argentina y suspendió el desembolso de 1264 millones de
dólares. La última versión del proyecto presupuestario
para 2002, que la gente de Domingo Cavallo concluyó a las apuradas
la semana última y Chrystian Colombo, jefe de Gabinete, rehusó
firmar para remitirla al Parlamento, no sólo omite toda explicación
seria al mencionado ahorro, sino que además incluye un aumento
de 0,6 por ciento en los recursos fiscales para el nuevo año, cuando
en realidad la recaudación viene desmoronándose.
Aunque en las 194 páginas no se hace mención alguna de la
expansión esperada de la economía, parece mantenerse la
hipótesis de un 2 por ciento real de crecimiento, que fue la segunda
dibujada por los cavallistas en poco tiempo, después de aquella
célebre de 6 por ciento, contenida en el protoproyecto del 14 de
setiembre, calculada para que así no fuera necesario, en principio,
recortar sueldos públicos y jubilaciones el año que viene.
La ingenua idea era mejorar con ello las chances del Gobierno en las elecciones
del 14 de octubre.
Pese a que el más reciente proyecto –a cuya vista optó
Tomás Reichmann, jefe de la misión fondomonetarista, por
abandonar el país– fue posterior a los terroríficos
anuncios del sábado 1º de diciembre, su texto conserva reminiscencias
de la economía-ficción que se pregonaba desde Hacienda.
Entre ellas, la encendida defensa de “las exenciones impositivas
conducentes al incremento de la competitividad”, que ya el último
domingo, es decir pocas horas después de redactada esa expresión,
fueron puestas en la morsa. Cavallo mismo expresó que habían
resultado inútiles y sólo recibieron críticas. Sin
embargo, sirvieron para sofocar conflictos sectoriales que la supresión
de los planes de competitividad pueden reavivar, como ya mostraron los
transportistas.
El texto del fallido proyecto presupuestario señala también
que “la contribución patronal a la Seguridad Social constituirá
crédito IVA en un 100 por cien para toda la economía, con
lo que la alícuota efectiva del impuesto al Valor Agregado Salarial
habrá disminuido”. Lamentablemente, este párrafo no
estaba destinado a perdurar: la primera víctima del nuevo ajuste,
orientado a colocarle un piso a la recaudación, fue la posibilidad
de computar las contribuciones como pagos a cuenta del IVA. Ante la nueva
realidad, y tomando los mismos argumentos de Economía, la eliminación
de esa ventaja equivale a un incremento en el “IVAS”.
El razonamiento es que, siendo los salarios uno de los componentes del
valor agregado, y liquidándose las contribuciones como un impuesto
al salario, aunque a cargo de los empleadores, permitir que ellas se deduzcan
de aquel implica reducir la imposición al trabajo, pero dejar de
autorizar esa resta implica elevarla. Esta era un beneficio central de
los planes de competitividad, extendidos desde el 1º de noviembre,
como pregona el proyecto, “a todos los sectores productores de bienes
que aún no habían sido alcanzados, así como a los
servicios de tecnología de la informática, a la aeronavegación
comercial, ferrocarriles urbanos y puertos...”
Impresiona el énfasis que Economía colocaba en los planes
de competitividad hasta la víspera misma del viaje que Cavallo
y sus colaboradores emprendieron el miércoles 5 hacia Washington,
donde aceptaron bochar esa pieza clave del programa. Toda la política
de utilizar “incentivos fiscales para alentar sectores”, como
se lee en el proyecto, cedió ante el veto del Fondo. Tras éste,
Cavallo pasó a afirmar que lo crucial es la “sustentabilidad”,
que a su vez dependería de las entregas del FMI y las que de éstas
dependen. Por las dudas, se aclara que “no se solicita una asignación
monetaria adicional a las que han sidocomprometidas ya por los organismos
financieros externos”, pero el problema era que ese compromiso se
había caído.
EVALUACION
DEL GOBIERNO DE BUSH
Argentina no contagia
Para Estados Unidos, la Argentina
quedó aislada con sus crisis y no existen demasiados peligros de
contagiar al resto de la región. Esa fue la postura que ayer refrendó
una de las máximas autoridades económicas de la administración
Bush: Kenneth Dam, un alto funcionario del Tesoro estadounidense. “La
noción de que toda América latina será barrida por
el efecto contagio de la Argentina es errónea. Yo no veo ninguna
evidencia para eso, ni siquiera en Brasil”, apuntó el funcionario
en declaraciones efectuadas a la prensa en Washington. Dam comparte cartel
con Paul O’Neill y John Taylor en el Tesoro y su opinión refleja
con claridad la categórica postura de los Estados Unidos respecto
de la crisis argentina. “La tendencia de largo plazo en la mayoría
de los países de la región es satisfactoria”, remató
el funcionario.
Justamente, ayer también se conoció un nuevo editorial de
The Washington Post en tono crítico a los rescates financieros
del Fondo Monetario a los países emergentes. “No han servido
para nada”, concluyó el matutino, uno de los más influyentes
de los Estados Unidos. El editorial coincidió con la posición
del secretario O’Neill y de la mayoría de países industrializados:
“los rescates sólo salvan a acreedores privados, alentando
préstamos irresponsables y por lo tanto más crisis financieras”.
El matutino, además, se mostró favorable al nuevo diseño
de ayuda esbozado por Anne Krueger, número dos del Fondo. Según
esa postura, habría que instrumentar un procedimiento internacional
de bancarrota para los países en crisis por el peso de su deuda.
“El procedimiento permitiría a los países protegerse
de las demandas de acreedores mientras reducen la carga de su deuda”,
señaló el editorial.
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