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Victoria Ginzberg
 “Ha llegado el momento
de exorcizar el fantasma del trágico y brutal pasado argentino”,
aseguró Human Rights Watch (HRW) en un informe especial sobre el
avance de los juicios de los crímenes cometidos durante la última
dictadura militar. El organismo, que se ocupa de la defensa de los derechos
humanos en todo el mundo, celebró los esfuerzos de los tribunales
por exigir responsabilidades a “los autores de las terribles violaciones
a los derechos humanos en la década del 70”, pero calificó
al Poder Ejecutivo como un “socio renuente”. “El gobierno
de Fernando de la Rúa carece, desgraciadamente, de una política
clara de apoyo a los enormes esfuerzos que se están haciendo para
esclarecer la verdad e impartir justicia. Además, se ha negado
a cooperar con cualquier tribunal extranjero, lo que resulta igualmente
perjudicial”, expresó.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco,
el investigador Sebastián Brett y el presidente del Centro de Estudios
Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, ofrecieron ayer una conferencia
de prensa en la que se dio a conocer el informe. La subsecretaria de Derechos
Humanos, Diana Conti, estuvo presente. Vivanco sostuvo que el progreso
judicial en los juicios sobre los crímenes de la última
dictadura “es resultado del trabajo constante y el gran tezón
de los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas
y algunos miembros del Poder Judicial que se han tomado muy en serio estos
temas”.
Vivanco y Brett se reunieron el martes con el presidente Fernando de la
Rúa. Allí le plantearon que, ya que Argentina defiende el
principio de territorialidad –con el que no acuerdan– se deje
en manos de la justicia la decisión de extraditar a los represores
que son reclamados para ser juzgados por los tribunales de otros países.
Los representantes de HRW esperaban mantener también una entrevista
con miembros de la Comisión de Acuerdos del Senado para rechazar
el ascenso de militares que participaron en la represión ilegal,
pero la coyuntura argentina lo impidió. Tampoco se reunieron con
los ministros de la Corte Suprema, aunque en gran parte, el informe presentado
ayer es un llamado a que el máximo tribunal no desande el camino
hecho por los jueces de menor jerarquía y anule definitivamente
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Verbitsky destacó la pertinencia de la presentación de HRW,
“en un contexto en el que hay un intento descarado del ex presidente
Menem de aprovechar la crisis económica para, dentro de la denominada
concertación, incluir la impunidad de las violaciones a los derechos
humanos”.
El organismo de derechos humanos –uno de los más importantes
del mundo- recomendó al Gobierno argentino “enviar las demandas
de extradición a los tribunales, donde las decisiones deberían
sustentarse únicamente en razones jurídicas e impartir órdenes
claras a los jefes del Estado Mayor de los distintos cuerpos de las Fuerzas
Armadas para evitar que se efectúen declaraciones públicas
sobre las decisiones de los tribunales y las circunstancias que las rodean
y dar claras instrucciones para garantizar la total cooperación
de los militares”.
EL
POLICIA MIGUEL FERREYRO FUE DETENIDO EN LA PLATA
Con esposas como primer castigo
El suboficial mayor de la Policía
Bonaerense Miguel Angel Ferreyro salió ayer esposado de la Cámara
Federal de La Plata, donde fue indagado por su participación en
la represión ilegal durante la última dictadura. Después
de una confusa declaración, en la que alegó no recordar
bien los hechos debido a una enfermedad cerebrovascular, Ferreyro fue
detenido y luego, en el pasillo de los tribunales platenses, fue sorprendido
por una lluvia de huevos. Su caso quedará a cargo del juez Arnaldo
Corazza.
Hace dos semanas Ferreyro fue citado como testigo por el caso de un desaparecido
e intentó desvincularse de la represión, pero al finalizar
su testimonio la ex detenida Nilda Eloy se acercó llorando a los
jueces y les dijo que quien estaba sentado en el estrado había
sido, al menos entre noviembre y diciembre de 1976, cabo de guardia en
El Infierno, centro clandestino que funcionó en la Brigada de Avellaneda.
Durante su cautiverio en ese lugar, la mujer estuvo todo el tiempo encapuchada,
pero el sonido de la voz le permitió identificar al represor. Ante
la acusación de Eloy, los jueces decidieron citarlo para tomarle
declaración indagatoria, la primera que fijaba la Cámara
dentro del Juicio por la Verdad, abierto para determinar el destino de
más de dos mil desaparecidos. Ayer se supo que la ex desaparecida
había acusado al policía de haber cometido “un delito
de índole sexual”.
Durante su testimonio, Ferreyro negó haber “trabajado”
en El Infierno, centro clandestino que funcionó en la Brigada de
Lanús con asiento en Avellaneda. Alegó en cambio que a fines
de 1976 se encontraba en Caseros. Pero debió aceptar la realidad
–o argumentar que no recordaba bien– ya que su legajo indicaba
claramente que había estado en Avellaneda. El policía argumentó
que estaba a cargo de “leyes especiales” relacionadas con “el
juego clandestino y la prostitución”. Aseguró que en
Avellaneda no había detenidos ilegales y que prácticamente
no había tenido contacto con los prisioneros.
Luego del testimonio del represor, Eloy debió ratificar la denuncia
hecha hace quince días. Sentada en una silla y tratando de esquivar
la presencia del policía, repitió que lo había reconocido
por la voz. Agregó que, estando detenida, le había llamado
la atención un anillo muy grande que llevaba el hombre y que también
lo tenía puesto cuando se presentó la vez anterior en la
Cámara.
Los jueces Julio Reboredo, Ramón Durán y Leopoldo Schiffrin
ordenaron el arresto del policía y los aplausos aprobatorios hicieron
que la sala tuviera que ser desalojada. Entre gritos y huevos, Ferreyro
quedó detenido y su denuncia quedó a cargo de Corazza. “Es
una alegría que se haya empezado a desmoronar el muro de impunidad
y que se tomen estas medidas con rapidez y eficiencia. Ahora vamos a seguir
de cerca la causa en el juzgado de instrucción”, aseguró
Mónica González Vivero, abogada de la Asociación
de Ex Detenidos Desaparecidos.
El arresto de Ferreyro, y antes su llamado a indagatoria, marcó
un cambio en la actitud del tribunal. Hasta ahora, la Cámara citaba
a militares y policías como testigos o recurría a una figura
intermedia –la declaración informativa– cuando se sospechaba
que habían participado de secuestros, desapariciones o torturas.
En 1999 el juez Leopoldo Schiffrin solicitó que el ex comisario
Miguel Osvaldo Etchecolatz fuera citado a indagatoria pero el pedido fue
girado a un juez federal de primera instancia y finalmente a la Capital.
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