En 20.598 mesas ubicadas en 535 localidades del país, el Frente Nacional contra la Pobreza someterá a consulta popular la más definida propuesta para atacar al mismo tiempo el deterioro social, la recesión económica y la desilusión con la política. La votación, que se extenderá por cuatro días, hasta el lunes 17, se pronunciará a favor o en contra de la creación de tres instrumentos que en conjunto constituyen un salario de ciudadanía: un denominado seguro de empleo y formación, de 380 pesos mensuales para cada jefa o jefe de familia desocupado, una asignación universal de 60 pesos por mes por cada hija o hijo de hasta 18 años, y otra de 150 pesos para los mayores de 65 años que no perciban jubilación o pensión alguna.
La Junta Promotora Nacional del Frenapo espera que alrededor de un millón y medio de hombres y mujeres mayores de 18 años se pronuncien en favor de la propuesta, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue declarada de interés por la Legislatura.
El objetivo declarado de la propuesta es que ningún hogar quede por debajo de la línea estadística de la pobreza que, según los cálculos oficiales del INDEC, es de 500 pesos mensuales para una familia tipo de matrimonio con dos hijos menores. Se votará en escuelas, lugares de trabajo, locales sindicales, iglesias, plazas, estaciones de ómnibus, y también en urnas móviles ubicadas en la vía pública. Es la primera vez que un instrumento de democracia directa es utilizado por una iniciativa que no surge del gobierno.
El Frenapo se constituyó el 14 de julio de éste año, sobre la base de lo que hasta entonces había sido el Movimiento por la Consulta Popular, que el año pasado presentó un petitorio en apoyo de la propuesta con 700.000 firmas.
Pese a ello, ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso convocaron a la consulta popular prevista por la constitución reformada en 1994. En consecuencia, el Frenapo decidió asumir la convocatoria por su cuenta. El Frente Nacional contra la Pobreza es un movimiento político pero no partidario, constituido por un alto número de organizaciones empresariales, universitarias, de trabajadores, de derechos humanos, culturales, artísticas, y por personalidades a título individual. Sus figuras más conocidas son el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De Gennaro, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, el de la Federación de Tierra, Habitat y Vivienda, Luis D’Elía; el de la Federación Universitaria Argentina, Manuel Terrades; el de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Francisco Dos Reis; el del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Form; el del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky; el premio Nobel de la Paz de 1980 Adolfo Pérez Esquivel; el economista y miembro de la conducción de la CTA, Claudio Lozano;el sacerdote Luis Farinello; la religiosa Marta Pelloni; el rabino Daniel Goldman; las diputadas nacionales Elisa Carrió, María América González, Alicia Castro, Marcela Bordenave y Graciela Ocaña, la senadora Vilma Ibarra, los diputados nacionales Alfredo Bravo, Eduardo Macaluse y Jorge Rivas y el diputado porteño Patricio Echegaray, entre otros.
También adhieren una serie de intelectuales y artistas, que el martes organizaron un festival de respaldo a la propuesta en el Luna Park, en el que intervinieron Mercedes Sosa y Adriana Varela, entre otros.
Macaluse es autor de un proyecto de ley instituyendo los tres instrumentos de la propuesta del Frenapo, que cuenta con dictamen favorable de la comisión de legislación laboral. Sin embargo, sólo fue debatido en una sesión en minoría de la Cámara de Diputados a la que asistieron más de 70 legisladores de todos los partidos, ya que las conducciones radical y justicialista no le dieron quórum suficiente.
Entre el 11 y el 21 de setiembre, siete caravanas que partieron de la Plaza del Congreso llegaron a los puntos extremos del territorio nacional, participaron en la realización de actos en cien localidades, dejaron constituidas juntas provinciales y municipales y explicaron la propuesta en forma directa a más de 50.000 personas. En uno de esos actos, De Gennaro denunció el escándalo de un país “hecho de pan en el que mueren cien chicos al día por hambre”. Verbitsky sostuvo que la pobreza en la Argentina no es un fenómeno natural, sino el resultado de decisiones políticas, que se pueden modificar si hay voluntad de hacerlo. Por esos días el ministro de Economía de los Estados Unidos, Paul O’Neill, había dicho que le preocupaba la situación argentina, pero también las de Pakistán y Uganda. “Esos países tienen ingresos per capita de 400 dólares, mientras el ingreso necesario para que una persona supere la línea de la pobreza es de 2.600. Su pobreza no tiene un remedio inmediato, así redistribuyan el ingreso total por el número de habitantes y hagan coincidir la estadística con la realidad. La Argentina, en cambio, tiene un ingreso per capita de casi 9.000 dólares, lo cual indica que con una moderada redistribución sería posible que nadie quede por debajo de la línea de la pobreza”, agregó el presidente del CELS.
El costo de la propuesta asciende a 11.000 millones de pesos por año, o un 4 por ciento del Producto Interno Bruto, y el Frenapo ha identificado fuentes de recursos disponibles por el doble de ese monto. “Ese dinero se volcaría en forma inmediata y directa al consumo, porque iría a un sector social que ni ahorra ni fuga recursos”, afirma Lozano.
La reactivación del mercado interno que esto produciría generaría una recaudación adicional de impuestos de 5.600 millones. La reasignación de los actuales planes sociales pondría a disposición otros 3.700 millones. Los economistas del Frente también enumeran la restitución de los aportes patronales de bancos, hipermercados y empresas privatizadas, por otros 1.500 millones; la eliminación de exenciones en los impuestos a las ganancias y a los bienes personales, que produciría hasta 5.700 millones, anuales; la reimplantación de gravámenes a consumos suntuarios, por mil millones, y la reestatización de la Seguridad Social, un mercado de 4.200 millones anuales.
La consulta había sido convocada para los días 13,14 y 15 de diciembre, pero la fecha se modificó a último momento, cuando la Central de Trabajadores Argentinos resolvió declarar un paro general para el jueves 13.
“El consenso antiajuste debe ser transformado en un consenso organizado y movilizado que proponga una salida distinta frente a la crisis. Esta construcción requiere no sólo de más y mejores representantes, sino de la posibilidad de que los representados se involucren y se hagan presentes en la definición del rumbo del país y organizar de una manera distinta el presente y el futuro de la sociedad argentina”, alega la Junta Nacional del Frenapo.
La escasez de recursos condicionó la forma de realización de la consulta. No habrá dos boletas sino sólo una, que describe la propuesta y ofrece dos casilleros, por Si y por No, para que cada votante marque su preferencia. Tampoco habrá sobres, dado que el Frenapo no podía comprarlos. La boleta se doblará y se introducirá en las urnas. También el mecanismo de control es elemental, pero según espera el Frenapo, eficiente. Para votar es necesario presentar un documento de identidad con foto y en el que conste el número del DNI o Libreta Cívica o de Enrolamiento. El sexo y el número serán ingresados en computadora, mediante un software que indicará si algún número se repite. En ese caso, la persona que intentó votar dos veces será expuesta a la consideración pública.
Al concluir cada jornada los delegados locales informarán cuántas personas votaron, pero los resultados globales y porcentajes de votos recién se darán a conocer después del cierre del último día de los comicios.

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