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Por Carlos Rodríguez
 Un alto oficial de inteligencia
del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) reconoció que había
ordenado el seguimiento de nueve abogados vinculados a la Coordinadora
contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en un episodio
sin precedentes desde el fin de la dictadura militar. “Eramos parte
de una ‘lista’ negra y el Servicio Penitenciario seguía
nuestros movimientos cada vez que visitábamos a un preso, pero
además se hacía inteligencia sobre esos internos, muchos
de los cuales nos llamaban para denunciar malos tratos por parte de los
guardias”, explicó María del Carmen Verdú, miembro
de la Correpi. El inspector mayor Carlos A. Scheffer admitió ante
la Justicia haber firmado una orden interna que está vigente desde
enero y que se fundó en un anónimo que señaló
a los letrados como supuestos promotores de motines y de proveer de “fierros”
a los detenidos. Scheffer reconoció que la denuncia carecía
de “elementos concretos” que le dieran entidad, pero igual los
hizo vigilar.
La existencia del despacho 02/01 del SPB, fechado el 26 de enero de 2001
y suscripto por Scheffer, fue descubierto por la Correpi en junio de este
año, durante la visita a un grupo de presos, en la cárcel
de Junín. La abogada Fernanda Doldán escuchó, mientras
esperaba que la autorizaran a entrar, que uno de los guardias le sugería
a otro: “Fijate si está en el listado”. Sorprendida,
porque jamás se toma medida semejante, Doldán consultó
a uno de los empleados del SPB, quien le mostró la famosa lista.
En ella figuraban Doldán, Verdú, Daniel Stragá, León
Zimerman (el detalle es que figuraba hasta su apodo: “Toto”),
Sergio Smietniansky, Gerardo Etcheverry, Gabriel Lerner y Rubén
Tripi, todos miembros o allegados a la Correpi. El último de los
vigilados es Luis Valenga, abogado e integrante de la lista de candidatos
de la Alianza bonaerense que encabezó el ex presidente Raúl
Alfonsín en la últimas elecciones legislativas. Ante la
irregularidad, los abogados presentaron un hábeas data ante el
juzgado de La Plata a cargo de Oscar Bustos Berrondo, para requerir un
pedido de informes a las autoridades del gobierno bonaerense.
La Fiscalía de Estado respondió con la confirmación
de la existencia del despacho 02/01, pero aseguró que no hubo “ni
seguimiento ni archivo” sobre el movimiento de los abogados y que
sólo se habría tratado de un trabajo denominado en la jerga
de la inteligencia como “tráfico de radio”, que se limitaría
al interior del penal. Como fundamentos, el SPB había esgrimido
ante la Fiscalía de Estado la presencia de una denuncia, en una
defensoría de Morón, de noviembre de 2000. En ella se hablaba
de la posibilidad de motines como consecuencia de la derogación
de la llamada ley del dos por uno, que servía para anticipar la
libertad de algunos procesados.
El otro elemento era el anónimo, que apareció –según
la versión del
SPB– en las proximidades del penal de Junín, anunciando una
supuesta revuelta en el pabellón cuatro. “Quieren hacer embrollo
para pirar con fierro (...) Hagan algo porque alguno de estos abogados,
no se cual, está embrollando para que la jente aga (sic) kilombo
y se den el piro. Tienen fierros y ayuda de afuera”, decía
parte del anónimo, escrito tipo telegrama y con horrores de ortografía.
Ayer, el inspector mayor Scheffer fue a declarar en la causa, como testigo,
pero concurrió acompañado por un abogado que tuvo que retirarse
porque su presencia no correspondía, por tratarse de una declaración
testimonial. La Fiscalía de Estado había sostenido que la
investigación interna, que involucraba a los abogados, fue cerrada
por “carecer de entidad y lógica”. Sin embargo, el tozudo
Scheffer admitió ayer que el despacho 02/01 sigue en plena vigencia.
Scheffer entró en contradicciones, ya que primero sostuvo que recibía
“informes verbales” de sus subordinados, pero luego mencionó
la existencia de “documentación” y de alguna información
que le llegaba por fax, sobre el mismo tema, no solo desde el penal de
Junín sino de otras unidades que también eran visitaba por
los nueve abogados del apocalipsis. En el colmo de la sinceridad, Scheffer
admitió que nunca había realizado una denunciapenal sobre
el tema porque “no había elementos concretos”. Sin embargo,
al parecer, la lista negra todavía está vivita y espiando.
Scheffer podría ser procesado por incumplimiento de los deberes
de funcionario público y debería ser pasado a retiro.
INFORME
SOBRE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLICIAL
La mano cada vez más dura
Durante este año, 136
personas fueron víctimas de la violencia de las distintas fuerzas
de seguridad. El número marca un crecimiento de casi el 12 por
ciento respecto de los casos registrados en 2000 y lleva a 1008 las víctimas
fatales de los abusos cometidos por uniformados desde la reinstauración
de la democracia en 1983.
Los datos corresponden a la actualización del archivo que elabora
la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi),
que será presentado esta tarde al Ministerio del Interior –si
es que acepta recibirlo–, en el marco de un acto convocado para las
17 frente a la Casa de Gobierno.
El informe contempla los fusilamientos de sospechosos reales o presuntos
(gatillo fácil), que registraron 98 casos en 2001; las muertes
en cárceles o comisarías (24 casos); las muertes de terceros
ajenos a un hecho policial (las llamadas “víctimas inocentes”),
con 10 casos; y las torturas seguidas de muerte (4 casos).
El total de casos desde el ‘83 implica que en la Argentina 10 personas
por mes son asesinadas por miembros de las fuerzas de seguridad. El promedio
de edad de las víctimas es de 17 años y en su enorme mayoría
“pertenecían a los sectores más desprotegidos en lo
social y económico”, señala el informe. Solo un 13
por ciento de los casos registra condenas.
“El índice de gatillo fácil siempre ha sido creciente
desde 1983. El 2001 marca un nuevo record”, advierte el relevamiento.
También destaca que este año irrumpió una nueva modalidad
de violencia policial; el fusilamiento “preventivo”. Se trata
de los “escuadrones de la muerte” denunciados por este diario,
que ejecutan “operaciones de limpieza social, fusilando metódicamente
a adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal”.
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