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Por A.M.
 A pesar de la apelación
que seguramente presentará el Gobierno, la semana próxima
la Justicia podría obligarlo a dejar sin efecto las restricciones
para el cobro de dinero correspondiente a salarios. Así lo estimó
el abogado de la CGT rebelde Héctor Recalde, consultado por Página/12.
Los líderes de las dos CGT, Hugo Moyano y Rodolfo Daer, se notificaron
ayer del fallo del juez en lo contencioso administrativo federal Martín
Silva Garretón, que ordenó al Poder Ejecutivo nacional dejar
sin efecto “los decretos que restringen la libre disponibilidad de
los salarios de los trabajadores”. Por otra parte, el juez laboral
Luis Alberto Catardo dictó una medida cautelar que consagra la
“intangibilidad del salario” de los trabajadores aeronáuticos,
en el marco de un intento de ajuste que intentaba realizar una empresa
privada.
La resolución fue en respuesta a un recurso de amparo que había
planteado la diputada nacional y dirigente de la Asociación Argentina
de Aeronavegantes (AAA), Alicia Castro. Según informó la
legisladora, el fallo fue en favor de los representantes de Austral porque
la empresa Marsans habría intentado “reducir los salarios
y aumentar la jornada laboral en forma unilateral”. Castro interpretó
que “el fallo impide que las empresas privadas imiten la rebaja salarial
que impuso el Estado y también protege los viáticos y las
condiciones de trabajo”.
Silva Garretón había resuelto en base a la presentación
que hicieron en conjunto Recalde y los abogados Noemí Rial y Alberto
Tomasone, de la CGT oficial. La resolución dispuso “hacer
lugar a la medida cautelar solicitada, y en consecuencia, decretar respecto
de todos los trabajadores comprendidos en el ámbito territorial
de la CGT, la suspensión de los decretos 1570 y 1606, en cuanto
establecen restricciones a la extracción de sumas acreditadas en
concepto de remuneraciones”. Tomasone precisó que “lo
trascendente de la medida es que abarca a todos los trabajadores representados
por la CGT, afiliados y no afiliados”. Con respecto al momento en
que los trabajadores podrán percibir la totalidad de sus sueldos,
el letrado cegetista sostuvo que “seguramente el gobierno va a apelar,
pero el juez tiene la facultad de decidir si la medida no deja de tener
efecto mientras se tramita en la Cámara”.
De hecho, a partir de ayer el Gobierno tiene un plazo de 48 horas para
presentar su apelación. Cuando lo haga, Silva Garretón deberá
definir dos cuestiones. Recalde había planteado la inconstitucionalidad
de los artículos 50 y 51 del decreto 1357/1, que establecieron
un virtual per saltum por el cual ante los planteos judiciales en contra
del anterior recorte salarial el Gobierno podía acudir directamente
a la Corte. El juez tiene que expedirse sobre eso y también deberá
establecer cómo concede el recurso de apelación. El abogado
de la CGT rebelde explicó a Página/12 que, si lo hace “a
ambos efectos” no se puede ejecutar el fallo que suspende las restricciones
para el cobro de los salarios. En cambio, si lo hace “a un sólo
efecto (devolutivo)” el Estado tiene que cumplir la medida. “En
tal caso, si no pagan sueldos y sentencias laborales en forma completa
van a incurrir en el delito de desobediencia”, indicó Recalde.
Y agregó que los funcionarios que no cumplan también podrían
tener que responder con sus patrimonios porque piensa iniciarles una acción
civil por los perjuicios que ocasionaría al trabajador. “Si
el banco recibió la notificación y no paga, entonces estaría
haciendo una incautación indebida de fondos”, completó
Tomasone.
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