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 Será un poco menos vida
de perros la de los porteños si se cumple el decreto por el cual
los tenedores y paseadores estarán obligados a “recoger las
deyecciones” de sus animales en el espacio público. Quienes
no lo hagan incurrirán en contravención y podrán
ser castigados con multas de hasta 200 pesos. Los perros, además,
deberán ser llevados con correa, salvo en los espacios reservados
para ellos en las plazas. Los paseadores podrán conducir hasta
un máximo de ocho animales y tendrán que inscribirse en
un registro. Las medidas, que recogen la experiencia de países
como Francia, Canadá y Australia, tienen el apoyo de sociedades
protectoras de animales y entrarán en vigencia el lunes, aunque
las multas recién empezarán a aplicarse luego de un mes
de “concientización”.
“La etapa de concientización empieza el lunes que viene –explicó
Eduardo Ricciuti, secretario de Medio Ambiente y Espacio Público
de la Ciudad de Buenos Aires– e incluirá una intensa campaña,
durante 40 días, con personal del gobierno porteño y voluntarios
de organizaciones no gubernamentales.” Las medidas fueron consultadas
con la Sociedad Protectora de Animales Sarmiento, MAPA, Ojo Avizor y la
Fundación Argentina por el Bienestar Animal.
Los voluntarios, además de repartir material informativo, distribuirán
gratuitamente correas para perros: el decreto del Gobierno porteño
–que lleva el número 1972– establece la obligatoriedad
de la correa, salvo en sitios especialmente designados. Además,
“en el espacio público los perros no podrán permanecer
atados a árboles, monumentos públicos, postes de señalización
y mobiliario urbano”.
En cuanto a los paseadores, deberán inscribirse en un registro
gratuito y obligatorio –a cargo de la Secretaría de Medio
Ambiente y Espacio Público– y recibirán una credencial
identificatoria que servirá como documento sanitario. Esto regirá
para todo aquel que pasee más de tres perros a la vez, aunque fuesen
propios. Y ningún paseador podrá conducir más de
ocho animales.
El punto clave es que tanto los paseadores profesionales como los que
dueños “deberán proveerse de una escobilla y una bolsa
de residuos o cualquier otro elemento apto para la recolección”
de la caca.
La etapa de concientización durará 40 días, luego
de los cuales se hará sentir el rigor de la ley: “Ya hemos
precisado los detalles con los fiscales de la Justicia Contravencional,
y habrá 40 inspectores autorizados para recurrir a la fuerza pública
cuando detecten infracciones”, advirtió Ricciuti. Las multas
irán de 20 a 200 pesos.
El decreto está a tono con criterios que dieron resultado en otros
países. El Gobierno de la Ciudad efectuó consultas con especialistas
de Francia, Canadá y Australia: “En todos estos países
es obligatorio que el tenedor del animal recoja las deyecciones, y también
se exige el uso de correas. Y en los tres países la solución
incluyó aplicar multas”, señaló Graciela Cohen,
jefa de gabinete de la Secretaría de Medio Ambiente.
Las medidas fueron precedidas por una encuesta encargada por esa secretaría:
la inmensa mayoría de los 5000 porteños relevados –90
por ciento de los que no tienen perro y 82,8 por ciento de los que sí
tienen– opinaron que “es obligación del dueño
levantar los excrementos de su perro”, y el 57,3 por ciento aprobó
el uso de correa, que también fue auspiciado por las entidades
protectoras de animales, a fin de preservar la seguridad de los perros.
Estudios de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA habían
detectado, en plazas porteñas, microorganismos procedentes de las
deyecciones de perros, capaces de provocar desde enfermedades intestinales
hasta –en el caso del toxocara– ceguera por lesiones de retina.
Además, la encuesta que patrocinó la Secretaría de
Medio Ambiente porteña dejó abierta una nueva polémica:
el 46,9 por ciento de los entrevistados sostuvieron que “deben prohibirse
las razas agresivas” de perros, cuyo ejemplo más conocido
es el dogo argentino. La prohibición detener ejemplares de razas
caninas peligrosas rige ya en Gran Bretaña y en España.
GREENPEACE
CONTRA LOS JAPONESES
Salven a la ballena
Un rompehielos de Greenpeace
integrado por activistas de 16 países, entre ellos un argentino,
interceptó ayer en el mar Antártico a una flota de barcos
japoneses dedicados a la caza de ballenas. Según un comunicado
emitido por la agrupación ecologista, la actividad de los barcos
no es con fines científicos, como argumenta el gobierno japonés,
sino financieros: la venta de la carne de esas ballenas reporta un ingreso
de “al menos 28 millones de dólares”.
La acción, de carácter pacífico, fue llevada a cabo
por activistas de Argentina, Australia, Canadá, Japón, Estados
Unidos, Francia, Alemania, Suecia y Ghana, entre otros países,
a bordo del rompehielos “MV Arctic Sunrise”. El barco de los
ecologistas interceptó a la flota ballenera en las coordenadas
60 grados sur 46 grados este, en pleno mar Antártico, donde una
activista japonesa, Yuko Hirono, reclamó el cese de la casería
desde un gomón y por altoparlantes.
De acuerdo con lo denunciado por Greenpeace, durante los últimos
años, la Agencia de Pesca de Japón ha brindado ayuda económica
a varios países a cambio de su voto pro ballenero en la Comisión
Ballenera Internacional (CBI). Al respecto, Milko Schvartzman, coordinador
de la Campaña de Ballenas de Greenpeace Argentina, recordó
que la CBI “urgió al gobierno del Japón a detener la
cacería, ya que no existe justificación para ella”.
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