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Noventa por ciento de pesimistas
que creen en la convertibilidad

Una encuesta muestra una abrumadora mayoría que piensa que todo está �mal o muy mal� y que no va a mejorar, pero que
se resiste a la devaluación o la dolarización. La imagen del Gobierno tuvo una leve mejora.

Seis de cada diez encuestados creen que habrá default.

Por Raúl Kollmann

En una Argentina en la que nueve de cada diez personas piensa que la situación es mala o muy mala, una gran mayoría sigue respaldando la convertibilidad y son minoría los que se inclinan por la dolarización y menos aún por la devaluación. Muy pocos son los que tienen una opinión positiva sobre la gestión del presidente De la Rúa, aunque lo ven levemente mejor que hace un mes. La mitad de los argentinos cree que el país se encamina al default y que el panorama económico va a empeorar.
Las conclusiones surgen de una encuesta nacional realizada por la consultora Ibope OPSM y denominada Monitor de Tendencias Económicas y Sociales. Es un testeo que se realiza semanalmente para un grupo de empresarios y que conduce Enrique Zuleta Puceiro, consultor que ha trabajado para candidatos de la Alianza, el radicalismo y partidos provinciales. En total, se encuestaron 1200 personas en 56 localidades de todo el país, respetándose la proporción por regiones, edad, sexo y nivel económico-social.
Prácticamente todos los consultores reconocen que la gente vive uno de los peores momentos, primando la incertidumbre y enormes dudas sobre cómo resolver los problemas cotidianos, qué sucederá con los ahorros o los créditos. Esto, como es obvio, se traduce en que nueve de cada diez personas evalúa como mala o muy mala la situación actual. En ese marco se evalúa la actuación del Gobierno.
Para Zuleta, “el Presidente y el Gobierno haciendo algo, tomando decisiones, reconstruyen un piso de adhesiones que, a diferencia de los anteriores, todavía es muy bajo porque se percibía que hacía poco o nada. Cuando el Presidente toma una alternativa, hay gente que lo ve bien. Incluso habría que sumar a los que opinan regular del Gobierno, porque eso no es poco en la actual situación. El gobierno ha sumado a la dificultad de pisar los depósitos, la bancarización. Son dos crisis: obligarle a la gente a moverse con los bancos y paralelamente tocarle los depósitos. Ni la bancarización ni la restricción de los 250 pesos por semana tienen antecedentes en el mundo. A esto habría que agregarle que a la gente ni siquiera le queda claro hacia adonde va todo esto, porque no cree que se recaude más y percibe fundamentalmente la recesión y la falta de trabajo.
Tampoco le gusta una concertación en la que se reúnan sólo radicales y el peronistas, al estilo de la que comenzó el jueves con la visita de Menem a la Casa Rosada. Eso tiene un rechazo del 85 o el 95 por ciento”.
Los dilemas de la hora tienen que ver también con la dolarización, la devaluación y la convertibilidad. Como se ha demostrado a través de los últimos años, la devaluación sigue siendo un cuco para la gente: tiene créditos en dólares, cree que se viene la hiperinflación y por lo tanto es una de las alternativas más rechazadas. Otros consultores han “apretado” más a los encuestadores formulándole preguntas al estilo de “¿usted estaría dispuesto a respaldar una devaluación si después viene la reactivación?”. Como es obvio, ante esa alternativa, la gente rechaza menos la devaluación, pero en general es una opción muy resistida, aunque en menor medida que hace unos años.
Por el contrario, los encuestados no saben muy bien en qué consiste la dolarización, pero tienen la sensación de que no correrían tanto riesgo con sus créditos ni con la inflación. La pesificación .-que en verdad también implica una devaluación.- es muy poco conocida.
Más allá de una u otra política económica, lo cierto es que más de la mitad de la población cree que la Argentina va camino al default y que la economía evolucionará desfavorablemente en el próximo período. Eso sí, curiosamente la gente le echa la culpa a los políticos y no a los economistas por la actual situación: el 70 por ciento opinó que estamos ante una crisis política que afecta a la economía y no una crisis económica que afecta a la política.

 

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