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Por Alejandra Dandan
 Primero le pidieron cuarenta
años de aportes, ahora también piden su casa. Es la única
opción de Marta de Martín para conseguir un lugar en un
asilo de PAMI. Si no lo hace, quedará eternamente en la cola. En
estos días, la delegación que atiende a esta jubilada descubrió
que era propietaria: supuesta condición de privilegio entre los
afiliados de la obra social. Sólo por eso le exigen su departamento
en Caballito como condición para internarla. Esta sorprendente
política está legitimada por un reglamento interno con poca
difusión, pero con 5 años de antigüedad. El programa
se llama Convivir y es un recurso que sólo se aplica en Capital
Federal. Con él PAMI ha ganado unas 150 casas a costa de pura desesperación.
Ninguno de sus dueños puede conseguir sitio para internarse si
no las entrega. Página/12 fue testigo de una de estas ofertas propuesta
por la jefa del servicio social del distrito 5 de la ciudad, cuya sede
está en Ecuador 650. Ahí, y en secreto, una grabadora fue
registrando paso a paso las ofertas que la empleada le hacía a
esta cronista convertida durante un rato en familiar de una afiliada.
El caso presentado por este diario no fue parte de la farsa. Es la experiencia
de una jubilada y pensionada atendida por médicos de la obra social
que recetaron “urgente” una internación. Este diagnóstico
disparó la búsqueda del alojamiento y, después, la
indignación de los familiares ante un recurso dudoso, ofrecido
a afiliados con algún título de propiedad.
El programa Convivir creado por PAMI en el ‘95 tiene un doble discurso.
Pedro Albanese, responsable del área de Vivienda de la gerencia
de Prestaciones Sociales del PAMI, le explicó a este diario las
causas que promovieron el programa: “Lo pusimos en marcha por la
falta de vacantes en los asilos de ancianos y geriátricos subsidiados
por la obra social”. El programa intenta resolver estos problemas
tomando en comodato la casa de alguno de los jubilados que necesita internarse.
El caso de Marta M. empezó así. Cuando sus familiares pidieron
su incorporación a un geriátrico por recomendación
médica, les dijeron que todos los lugares estaban completos y que
no habría vacantes en, por lo menos, seis meses. Esto mismo suele
repetirse en todas las consultas. Así, PAMI encuentra alguna base
para ofrecer una de sus propuestas más insólitas.
–¿Discúlpeme, su mamá es propietaria?
–Sí, ¿por qué?
Aquí empieza la oferta:
–A las personas que tienen algo se lo pedimos prestado para pagarle
la internación: por un año, dos, el tiempo que la persona
esté internada.
El comodato que en este caso ofrece la licenciada María Inés
Binsenti se reviste de urgencia social: de acuerdo con el PAMI, dice,
las prestaciones sociales se otorgan teniendo en cuenta el grado de necesidad
del jubilado. Como el alojamiento en un asilo es una prestación
social, el jubilado más pobre es el primero que tiene derecho a
entrar. El resto tendrá que esperar. Por eso a un propietario “jamás
le llegaría el turno de internación”, admite ahora
y casi sin darse cuenta Albanese, el jefe del Programa.
Frente a la perspectiva de una espera que amenaza en volverse eterna,
el comodato es una solución para los desesperados familiares que
así consiguen rápidamente una ubicación. Cuando entregan
la casa, PAMI hace un contrato con ellos por el término de un año.
Durante ese tiempo la casa no queda vacía, ni se alquila: la obra
social la usa como propia. “Designamos a un grupo de dos o tres personas
que no tienen recursos para que vivan en la casa mientras dure la internación”,
explica Albanese. En este momento, existen unas 150 casas usadas de este
modo en la ciudad de Buenos Aires. En ellas se alojan, según los
datos de Albanese, unos 400 afiliados que no tienen recursos. El contrato
se renueva tantas veces como años viva el anciano en el asilo.
En ese lapso PAMI irá ocupándose de los nuevos moradores
de su vivienda. María Inés, la asistente social del Servicio
del distrito 5, explica el resto:
–Los que viven en la casa se hacen cargo de las expensas mientras
tu mamá está internada. El día que llegara a fallecer...
lo cortamos cuando se termina el contrato y se te devuelve la vivienda,
pero vos la tenés cero kilómetro. Y aparte te pagan todos
los gastos.
–¿No hay otras opciones?
–Así, techo y comida no le va a faltar. Antes, le hubiésemos
dicho que no teníamos nada para ofrecerle: al que tiene vivienda
no lo atendemos porque puede usufructuarla.
La licenciada no tuvo tiempo de comentar el cálculo que ya hizo
el PAMI con todo esto: “En el 99 por ciento de los casos, los abuelos
no dejan el geriátrico, mueren ahí”, dice más
tarde Albanese calculando los años que PAMI tendrá la casa
en sus manos. Cada afiliado internado cuesta unos 600 pesos por mes. En
las casas, PAMI no tiene costos: puede alojar a unas tres personas generando
un ahorro a costa de un recurso ajeno.
–A esta gente no tiene sentido internarla –afirma la empleada–.
Los ponés todos juntos en una casita y van y vienen, así
pueden tener una mejor calidad de vida. ¿No es cierto?
–No nos queremos equivocar –dice dubitativo el familiar.
–Entiendo, pero los grandes van para arriba, no vuelven para abajo.
No la lleves a tu casa porque después tenés a tus hijos
con psicopedagogos.
–...
–Vos fijate; si vos querés hacer el trámite acá,
me venís a ver.
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La historia de Marta
Marta ni siquiera pudo conocer de cerca todos los traspiés
que iba dando su historia clínica en los escritorios del
PAMI. Hace poco más de un año, esta mujer, una jubilada
de 69 años, se cayó en la bañera de su casa.
Julio, uno de sus dos hijos, se convirtió a partir de ese
momento en testigo de la larga fila de especialistas que la fueron
transfiriendo de lugar en lugar dentro del laberíntico mundo
del PAMI. Hace unos días conoció el veredicto final
y la orden de internación. Mientras buscaba un sitio para
alojarla, se encontró con el Plan Convivir, la última
gota de un vaso cargado y listo para explotar.
Para el PAMI, Marta de Martín no es una jubilada común,
más bien todo lo contrario. No está en la calle, ni
cobra la mínima, ni está sola. Por todo eso es una
“privilegiada”: “Vos tenés una situación
de privilegio, otros no tienen nada”, les explicaba a Julio
y a esta cronista la asistente social del PAMI cuando ofreció
el comodato. Marta tiene exactamente tres cosas: jubilación,
pensión y un departamento como bien de familia en Caballito.
Y además una carrera: 40 años de aportes como administrativa
en el Hospital de Clínicas.
Cuando se cayó en la bañera, Julio pidió una
consulta con un neurólogo de la obra social. El médico
la atendió todo este tiempo hasta que, un día, Marta
se perdió en la calle. Fue muy poco tiempo, pero por este
antecedente se ordenó una interconsulta.
Julio se encontró así con el universo kafkiano entre
los pasillos del PAMI. Caminó con aquella orden por cada
una de las delegaciones a donde lo fueron derivando, hasta que lo
atendieron en la de la calle Ecuador. Allí lo recibió
un médico. “Le hizo un par de preguntas a mi vieja –dice
Julio–, no más de dos y la hizo salir para hablar conmigo.”
Fue terminante: dijo que el diagnóstico del neurólogo
que la venía siguiendo “estaba mal” y prescribió
la internación “urgente” en un asilo. Enseguida
le ofreció el nombre de la jefa del servicio social de la
delegación para que hiciera las averiguaciones del caso.
Allí, Julio supo que era un privilegiado y que por eso mismo
tenía que estar contento de tener un departamento para entregar.
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