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Por
Maximiliano Montenegro
 Si
se lo propusiera, Domingo Cavallo tendría el “salariazo”
al alcance de la mano. Sólo haría falta voluntad política
para fijar la tasa de interés máxima que pueden cobrar los
bancos por los préstamos otorgados así como el Gobierno
ya fijó la tasa máxima que pagan los bancos a depositantes
cautivos. Según un estudio de los economistas de la UIA, estableciendo
un techo a la tasa que cobran los bancos por distinta clase de créditos,
en línea con el congelamiento de tasas para depositantes, se podría
beneficiar a empresas y familias endeudadas por 7500 millones de dólares.
Sino esa suma pasaría a engrosar las ganancias de la entidades
financieras. Sólo alineando las tasas de créditos hipotecarios,
personales y por descubierto en tarjetas de crédito a valores razonables
se podría aliviar la carga anual de intereses de las familias endeudadas
en 2400 millones de dólares. Para tener una idea de la magnitud
de un estímulo semejante para salir de la recesión, el único
instrumento reactivador que mantiene con vida el Gobierno –el descuento
del 5 por ciento para las compras con tarjeta de débito– representará,
en el mejor de los casos, una transferencia a los consumidores de apenas
150 millones anuales, pagado obviamente por el Estado.
Cómo funciona el negocio de un banco es bien conocido, pero vale
la pena recordarlo. Toma depósitos del público, por los
que paga una tasa de interés, la llamada “tasa pasiva”.
Mientras mantiene en reserva una porción menor de esos depósitos,
para devolverlos al público en caso necesario, el grueso de esos
ahorros son prestados a empresas y familias, por lo que el banco cobra
una tasa de interés, la llamada “tasa activa”. En la
diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva están los ingresos
del banco, que así remunera sus costos administrativos, salariales
y ganancias para los accionistas.
Desde el 3 de diciembre pasado, con los ahorristas como rehenes, el Banco
Central viene fijando una tasa de referencia máxima para remunerar
los depósitos. La semana que se inicia esa tasa es del 8,5 por
ciento en dólares, pero en la práctica los bancos están
pagando bastante menos para los depósitos medianos y chicos, porque
igualmente los clientes están cautivos. En noviembre, para colocaciones
de mas de un 1 millón los bancos llegaron a pagar con tal de retener
a sus clientes más del 20 por ciento en dólares y más
del 35 por ciento en pesos. Para depósitos de menos de 50.000 que
hoy remuneran entre el 5 y 7 por ciento, en tanto, abonaron en noviembre
hasta el 16 por ciento en dólares.
Los economistas de la Unión Industrial Argentina, Federico Poli
y Miguel Peirano, hicieron un cálculo de las ganancias extraordinarias
que embolsarán los bancos en los próximos meses, a menos
que el gobierno les fije también un tope a las tasas activas que
cobran a empresas y familias endeudadas. De hecho, el comité ejecutivo
de la UIA, que presidente Ignacio de Mendiguren, analizará esta
semana formalizar el pedido al Gobierno, para que, a través del
Banco Central, establezca una tasa de máxima para préstamos
a empresas, personales, hipotecarios y hasta descubiertos en tarjeta de
crédito.
EL estudio de Poli y Peirano revela que, de adoptarse una medida así,
más allá de justificarse por una noción elemental
de equidad distributiva, el Gobierno podría contar con un valioso
estímulo para salir de la recesión. No sólo porque
abarataría el costo del financiamiento de las empresas, sino también
porque aligeraría también la carga sobre familias endeudadas
con mayor propensión a consumir que ahorrar. Los números
son los siguientes:
* En la última semana, sólo la tasa de interés activa
para empresas de primera línea disminuyó muy levemente,
pero se mantuvo inalterada para pymes, deudores hipotecarios, personales
y en tarjeta de crédito. Para colmo, en este último caso,
las tarjetas dolarizaron unilateralmente suscréditos, que hasta
el 3 de diciembre eran en una proporción de 2 a 1 en pesos.
* Considerando el nuevo costo que deben pagar desde ahora los bancos por
los depósitos y 5 puntos extra en concepto de costos administrativos,
por previsión de incobrabilidad y ganancias para los accionistas
–el doble del spread con que se manejan los bancos en el primer mundo–,
el Gobierno podría fijar en el 12 por ciento la tasa de interés
activa.
* Del lado de las empresas, dicha tasa podría ser aplicada tanto
a empresas de primera línea como pymes, que hoy pagan el 25 por
ciento y más de 40 por ciento respectivamente (ver cuadros)
* También podría aplicarse como tasa máxima para
préstamos personales y en tarjetas de crédito, que hoy pagan
tasas exorbitantes. En créditos hipotecarios, en cambio, la tasa
podría ser sustancialmente menor –del 7 por ciento– debido
a que cuentan con una garantía real.
* Con las nuevas tasas, sobre un stock de préstamos al sector privado
de 51.000 millones de dólares, podría transferirse a empresas
y familias unos 7500 millones anuales en ahorro de intereses. Pero, sin
regulación, dichos fondos irían a parar a las arcas de los
bancos.
* Las familias endeudadas se verían beneficiadas en 2400 millones
anuales. Así, los deudores hipotecarios verían reducida
la carga de intereses en 978 millones; los deudores de tarjetas de crédito
dejarían de transferir a los bancos 1033 millones; y los deudores
de préstamos personales podrían ahorrar casi 400 millones.
Como referencia del estímulo al consumo que significaría
una medida así, basta mencionar que la reducción de 5 puntos
del IVA por compras con tarjetas de débito representará
–según la estimación más optimista– poner
“apenas” 150 millones anuales en el bolsillo de los usuarios
de esos plásticos. Claro que quien pagará en este caso no
serán los bancos sino el Estado.
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