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Por
Victoria Ginzberg
Hace más de diez años que la Justicia intenta establecer
si un joven que fue criado –y anotado como propio– por una familia
de Chacabuco es hijo de desaparecidos. La jueza María Servini de
Cubría ordenó que se realizara el estudio de ADN pero la
medida fue impedida con maniobras que incluyeron una querella por injurias
al Banco Nacional de Datos Genéticos y otra a uno de los secretarios
de Servini de Cubría. Ahora, la causa volvió a estancarse,
ya que la jueza decidió citar como acusados y procesar a los posibles
apropiadores pero el abogado defensor recusó a la magistrada.
Esta causa comenzó en 1987 y se reactivó hace unos años
cuando una joven se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo en busca
de su identidad y relató una historia que le habían contado.
Narró que una madrugada del año 1977, en un cruce de caminos,
se estacionó un camión militar y un hombre que ocultaba
su rostro con una bufanda, entregó cinco bebés a las personas
que lo esperaban en el lugar. La joven que se acercó a Abuelas
creía que ella era una de los bebés, y que podría
ser hija de desaparecidos. Los datos de esta narración se correspondían
con los de la causa en la que están imputados Norberto y Cristina
Gargaglione, de Chacabuco, quienes podrían tener otro de los niños
entregados aquella madrugada.
Cuando Servini ordenó la realización del examen genético
del joven que fue anotado como hijo de los Gargaglione, el abogado defensor
de la pareja, Martín Sanguinetti, nombró una perito que
criticó la forma en que se hacen los estudios de ADN en el Banco
Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand.
El Banco, dirigido por Ana María Di Lonardo, se creó en
1984 y fue regulado por ley en 1987. Allí se concentran los estudios
genéticos sobre los hijos de desaparecidos y su tarea es reconocida
internacionalmente. La perito nombrada por Sanguinetti indicó que
el examen debía hacerse de una forma diferente a la habitual. A
pedido de la jueza María Servini de Cubría, la entidad respondió
con un escrito lleno de precisiones científicas en el que aseguraba
que la técnica propuesta por la perito de parte era antigua y que
a su entender se trataba de un “pedido dilatorio”. Luego de
estos hechos, Sanguinetti reclamó copia certificada de las actuaciones
para presentar una denuncia por “calumnias” contra el Banco
Nacional de Datos Genéticos.
El abogado inició también otra querella, esta vez por “amenazas”
contra el secretario ad hoc para casos de niños desaparecidos de
Servini de Cubría, Ricardo Parodi. Según la denuncia, el
funcionario habría increpado a Gargaglione en un pasillo. Pero
cuando Sanguinetti hizo la presentación, en el lugar del damnificado
se señaló NN. Parodi se apartó del expediente, aunque
fue sobreseído definitivamente de la acusación que le hizo
el abogado defensor.
Hace un mes, la jueza accedió al pedido de la abogada de Abuelas
de Plaza de Mayo, Alcira Ríos, y decidió citar como acusados
y procesar a los Gargaglione. Además, en una polémica resolución,
la magistrada estimó que el joven que se rehusó a realizarse
los análisis genéticos podría ser acusado de “desobediencia”.
Aunque los análisis genéticos no se realizaron aún,
en el caso hay muchos puntos oscuros. Por ejemplo, la pareja imputada
presentó un acta que atestigua que su hijo habría nacido
en la Clínica Chacabuco e investigadores de la causa aseguraron
que de las diligencias judiciales surge que esa clínica no está
registrada ni tiene libros de parto o internaciones. Por lo tanto, las
hipótesis son: el niño nació en ese lugar de forma
clandestina o el parto se produjo en otro lugar y se falsificó
el documento.
Para trabar la realización del análisis genético
los Gargaglione decidieron tramitar la emancipación del menor.
El escribano que realizó esta diligencia, Hugo Gargaglione –no
tiene parentesco con los supuestosapropiadores– declaró ante
la Justicia que “la señora Cristina tenía imposibilidad
de procrear y que todos sus hijos son adoptados”.
Ante el llamado a indagatoria, Sanguinetti recusó a la jueza por
segunda vez y la acusó de no cumplir con el “debido proceso”
y de haber “perdido todo tipo de imparcialidad”. “Si todos
los acusados pudieran apartar a los jueces cuando son citados, nunca se
podría hacer justicia”, afirmó Ríos ante una
consulta de este diario. El juez Claudio Bonadío debe ahora resolver
si Servini sigue a cargo del caso.
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