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Por
Miguel Bonasso
 Enrique
Gorriarán Merlo denunció en una carta a Página/12
que las nuevas autoridades del penal de Villa Devoto, donde está
encarcelado desde hace seis años, le habrían pedido dinero
a cambio de no limitarle las visitas familiares y personales. El dirigente
del MTP acusa asimismo al juez Luis Alberto Nieves –integrante del
Tribunal Oral número 2 de San Martín– de haber desestimado
una denuncia sobre este intento de cohecho en connivencia con los miembros
del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Desde que el dirigente del MTP formulara su acusación ante la Justicia,
se habrían redoblado controles y vejámenes sobre sus familiares,
incluyendo su nieta Valentina, de tan sólo un año de edad.
Hace pocos días este cronista intentó visitar a Gorriarán
sin éxito. En el penal de Devoto mintieron al afirmar que el ex
guerrillero no había solicitado el encuentro. Una funcionaria del
SPF dijo la verdad: “No se autorizó la visita porque consta
en el registro que Miguel Bonasso es periodista de Página/12”.
Es una restricción discriminatoria, pero dista de ser la única.
Con frecuencia, la Comisión Argentina de Solidaridad y otros organismos
defensores de los derechos humanos han debido dirigirse a las autoridades
señalando que distintas personalidades del país y el extranjero,
(como los brasileños Breno Altman y Daisy Barreta) que concurrieron
a Villa Devoto a visitar a Gorriarán, fueron discriminadas por
“ser periodistas”.
En su denuncia pública, el jefe del MTP afirma que “desde
que están en funciones las actuales autoridades del Penal de Devoto,
el prefecto Fernando Arrejín y el subprefecto Jorge Gómez
Escobar”, ha tenido “reiterados problemas con las visitas”,
incluyendo “maltrato a las mismas”. “Después de
quejarme varias veces –añade– me vino a ver un oficial
que, luego de oír mis reclamos, comenzó un rebuscado monólogo
sobre la importancia actual del dinero para culminar diciendo: ‘Hoy
todo se arregla con plata’. Frente a mi silencio ante el poco simulado
pedido de coima, el personaje –apresurado y tenso– se retiró”.
Entonces le hizo llegar la denuncia al juez Nieves, “pero éste
la rechazó argumentando un problema formal y las cosas empeoraron”.
A principios de octubre la requisa habría intentado un trato vejatorio
sobre su nieta Valentina, de un año de edad, lo que motivó
que la madre de la criatura, Adriana, (una de las dos hijas mellizas del
preso), se negara a ingresar al penal. “Ellas venían de Brasil,
donde viven, y no pude verlas ese día”, agrega. Gorriarán
solicitó entonces una entrevista con el juez Nieves, que receptó
“la denuncia por el intento de coima” y el maltrato a la nieta.
“Pero desde ese día las vejaciones se multiplicaron”.
Se reiteraron con Adriana y Valentina, a quienes no pudo ver, y se extendieron
a sus otros dos nietos, Santiago y Camila, de tres y cinco años,
que hasta entonces habían visitado al abuelo sin inconvenientes.
“Tampoco a ellos puedo ver ahora”, se queja el preso. Según
Gorriarán “el juez, en lugar de investigar si los bienes y
la forma de vida del director (Arrejín) y del subdirector (Gómez
Escobar) se justifican por sus sueldos, los alertó y su intervención
sirvió para que ambos aumentaran los agravios e hicieran gala de
una absoluta desaprensión por mi acusación ante el tribunal”.
“Pero todo tiene su explicación”, sostiene el ex jefe
guerrillero, “ahora me entero que el juez Nieves es uno de los que,
por medio de un pavoroso fallo, liberó a la apropiadora de menores
Marta Elvira Leiro, esposa del fallecido Carlos Ernesto De Luccia, ex
oficial de inteligencia de la Armada”. Gorriarán alude a una
sentencia más que benigna dictada por el Tribunal Oral de Olivos
el 12 de mayo de 1998, en beneficio de la Leiro, apropiadora de un niño
nacido en cautiverio en el Pozo de Banfield, hijo de los desaparecidos
Yolanda Iris Casco Ghelfi y Julio César D’Elía Pallares.
El bebé le fue sustraído la madre por el famoso médico
policialJorge Antonio Bergez, quien se lo entregó al matrimonio
formado por el represor De Luccia y la Leiro, que lo anotaron como propio
con el nombre de Carlos Rodolfo de Luccia.
El tribunal de Olivos apenas condenó a la apropiadora a tres años
de prisión “en suspenso” como “coautora” del
hecho. Pero aún esa sentencia -manifiestamente benévola–
debió parecerle excesiva al juez Nieves, que votó en disidencia,
considerando que Marta Elvira Leiro “debió ser absuelta en
orden al delito de retención y ocultamiento del infante”.
En su denuncia pública, Gorriarán sostiene que el juez Nieves
“está acusado por supresión de documento público,
por adulterar facturas, por hacer figurar pagos que nunca existieron,
es decir por corrupto”. Según un artículo de Rolando
Barbano, publicado en Clarín el 16 de agosto último, los
camaristas del Tribunal Oral Número 2, de San Martín, Luis
Alberto Nieves, Víctor Horacio Blanco y Daniel Alberto Cisneros,
estaban siendo investigados por el juez federal de San Isidro, Roberto
Marquevich, a raíz de una denuncia de la defensora oficial Estela
Fabiana León que los acusó de haber modificado los argumentos
de una sentencia ya dictada por ellos, para impedir que el fallo pudiera
ser apelado ante el tribunal de Casación. La denuncia era grave,
tan grave que –de acuerdo con lo que parece ser una inveterada práctica
de la justicia bonaerense– acabó costándole el puesto
a la denunciante, camarista como los denunciados. El 17 de agosto, otro
artículo de Barbano informó que se estaba practicando una
auditoría sobre el manejo de los fondos de ese mismo Tribunal Oral
de San Martín, a raíz de una denuncia sobre distintas irregularidades:
“Pagos por servicios que nunca se usaron, tickets que no describen
lo que se compró, extracciones de dinero de una cuenta bancaria
cuyo destino no se pudo dilucidar”.
“Acudí a reclamar respeto para mis nietos a quien protegió
a una mujer que robó al hijito de los compañeros desaparecidos
y caí a denunciar un intento de coima a quien está acusado
e investigado por ladrón”, dice Gorriarán. Y concluye:
“Como tampoco tuvieron efecto las quejas ante el jefe del Servicio
Penitenciario Nacional, (inspector general, doctor Juan Pedro) Develluk,
ni ante el encargado de Política Penitenciaria del Ministerio de
Justicia, (doctor Alvaro) Ruiz Moreno, concluí que los jefes de
Devoto cuentan con una red de protección tal que no me deja otra
opción que la denuncia pública”.
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