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 Un
cartel divide a los porteños en dos: los que pueden pagar una consumición
y con ello acceder al baño de un bar o confitería y los
que tienen vedado el ingreso al uso de los sanitarios en una ciudad donde
el baño público es una quimera. Ahora, un proyecto presentado
en la Legislatura propone que ese servicio sea de acceso irrestricto tanto
en bares y restaurantes como en cines, teatros y estaciones de servicio.
La iniciativa prevé multas para los comercios que no cumplan con
esa regla. Un recorrido de Página/12 detectó una mayoritaria
oposición a la propuesta entre los comerciantes, pero el legislador
Enrique Rodríguez, autor del proyecto, justificó: “Un
local de acceso público tiene derechos, pero también obligaciones.
Con esto lo que se busca es garantizar una mejor convivencia”.
En Buenos Aires, los baños verdaderamente públicos no existen
en la práctica. Sólo están los de las estaciones,
pero en buena parte de los casos, llamarlos “baños” es
un exceso de buena voluntad. Con ese panorama, quien circula por la ciudad
y no tiene la suerte (?) de estar en una estación está obligado
a una consumición si el organismo pide aliviar tensiones. En otras
ciudades –como el caso de París, por ejemplo– existen
baños público en las veredas: un módulo cuya puerta
se abre luego de introducir una moneda.
Precisamente, el diputado Rodríguez, de Encuentro por la Ciudad,
justificó su idea en que “es una falta de respeto a los derechos
humanos que un establecimiento semipúblico diga que los sanitarios
son sólo para los que consumen”. Y destacó que “generalmente
hay un trato descortés hacia las personas que piden utilizar ese
servicio, aun siendo chicos de escuela o personas muy mayores”.
En la puerta de un bar de Uriburu al 700 se exhibe el típico cartel
prohibitivo: “Baños de acceso exclusivo para nuestros clientes.
Llaves en caja”. María, una de las empleadas, intentó
justificar por qué allí no se permite que cualquier persona
pase al toilette. “Una vez taparon la rejilla de la pileta con un
papel y dejaron la canilla abierta, por lo que se inundó todo el
local”, se quejó.
El proyecto establece multas de entre 200 y 2000 pesos para los propietarios
de establecimientos que no acaten la norma, ya sea restringiendo el uso
a quienes consuman en el lugar o informándolo a través de
diversos medios. “¿Qué ganan con eso? Es imposible
controlar si se cumple o no”, opinó Jorge, empleado de un
cine de la avenida Corrientes.
Desde su bar de la avenida Córdoba al 2200, Luis comentó
los motivos por los cuales muchos comerciantes no están de acuerdo
con la iniciativa. “Lo que pasa es que el baño tiene gastos
constantes de mantenimiento pero la gente de paso lo usa y no aporta”,
argumentó sin tener en cuenta el carácter público
del servicio. Aunque finalmente se sinceró: “Poniendo un cartel
en la puerta frenás un poco a la gente, pero algunos entran y te
preguntan si pueden usarlo ¿y qué vas a hacer?, ¿les
vas a decir que no?”.
Durante la gestión del ex intendente Saúl Bouer se dictó
un decreto que intimaba a los comercios a prestar este servicio, pero
nunca fue cumplido. Ahora, el nuevo proyecto suma una escala de sanciones
por incumplimiento y establece mecanismos de control e inspección
de los negocios. “Es una función del legislador establecer
normas de conducta para mejorar la calidad de vida –sostuvo Rodríguez–.
Esto es una limitación razonable del derecho a la propiedad para
evitar un uso abusivo de éste”.
“Mientras hay función se permite que entre la gente a los
baños, aunque no asista al espectáculo”, aseguró
Baldomero, boletero de un conocido teatro de la avenida Corrientes. También
manifestó que “sería bueno que esta iniciativa se aplique
en los centros culturales o teatros del Gobierno de la Ciudad así
como en los espacios verdes públicos que tendrían que tener
lugares especialmente habilitados”.
En la recorrida por el centro porteño, Página/12 tuvo dificultades
para encontrar un local que no tuviera pegado en su vidriera el cartelrestrictivo.
Finalmente lo halló en un restaurante de categoría a metros
del teatro San Martín. “Poner el cartel es chocante, ¿cómo
no voy a dejar entrar a alguien para ir al baño?”, se preguntó
Gustavo, el encargado.
Otros comerciantes tienen miedo a que la entrada al baño sea una
oportunidad para el robo. De todos modos, Rodríguez dejó
en claro que un local de acceso público “tiene derechos y
obligaciones” y recalcó que su proyecto apunta a “garantizar
una mejor convivencia”.
Informe:
Romina Ruffato.
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