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Por David Cufré
 El proyecto de Presupuesto
2002 comenzó ayer a circular por el Congreso. Todavía la
mayoría de los diputados desconoce el alcance de la propuesta,
que recién empieza a ser analizada. Sin embargo, la reacción
general tras el primer vistazo no fue nada alentadora para las pretensiones
del Gobierno. “No hay chances de que se apruebe, siquiera en general,
antes de fin de año”, sentenció el diputado justicialista
Jorge Matzkin, quien presidirá la estratégica Comisión
de Presupuesto y Hacienda. El bloque de la Alianza tampoco parece dispuesto
a acelerar el trámite. Primero quiere conocer el detalle de las
asignaciones de recursos. En su presentación del Presupuesto, Domingo
Cavallo había dado información muy global sobre la implementación
del mayor ajuste de la historia. Con las planillas de gastos en la mano,
los diputados se están llevando sorpresas que darán lugar
a extensos debates.
Algunos ejemplos de las “perlitas” que van apareciendo al desgranar
la información contenida en centenares de planillas son los siguientes:
 Se reduce el presupuesto del
Hospital Malbrán en 2,5 millones de pesos.
También se achican las
partidas para el Hospital Sommers en 2,7 millones, para la Colonia Montes
de Oca en 3,6 millones y para el Consejo Nacional del Menor y la Familia
en 600 mil pesos.
Desaparece el Fondo de Incentivo
Docente y la deuda que el Estado mantiene por el atraso en los pagos de
este año se liquidará en cuotas durante 2002, sin que aparezca
especificado su número y monto.
El bloque justicialista advirtió que en el presupuesto se incluyen
“contribuciones figurativas” en el Ministerio de Educación
por 175 millones de pesos. De acuerdo a su interpretación, esas
contribuciones serán realizadas por los estudiantes universitarios,
en un virtual primer paso hacia el arancelamiento de la educación
superior. El Gobierno negó de plano que fuera a tomar esa medida
y, de hecho, mantuvo en 1800 millones el presupuesto para financiar a
las universidades, igual al pautado para este año. Sin embargo,
el peronismo denunció la supuesta maniobra para introducir el germen
del arancelamiento.
Otro hecho que dará lugar a largas discusiones es la modificación
al sistema de pago de asignaciones familiares y planes sociales. Se trata
del plan que con mucha pompa presentó Patricia Bullrich a poco
de asumir como ministra de Seguridad Social, y que quedó trabado
en la Justicia por una presentación de la CGT. Cuando Bullrich
abandonó el Gobierno, el programa quedó a la deriva. Ahora
el Ejecutivo lo rescató, determinando en el presupuesto una nueva
distribución de fondos para la asistencia social. Algunos de sus
términos son el pago a los trabajadores con ingresos inferiores
a 1000 pesos de 30 pesos por cada hijo menor a 14 años, unas 700
mil becas estudiantiles del mismo monto y el pago de 100 pesos a unas
60 mil personas mayores a 70 años que no pudieron jubilarse. El
punto es que en este programa se gastarán 2540 millones de pesos,
unos 600 millones menos de lo que se destinó a asistencia social
este año.
“Habría que buscar con lupa un diputado del partido (justicialista)
que esté dispuesto a votar este Presupuesto sin decir una palabra”,
subrayó Matzkin al anticipar el arduo trabajo que le espera al
Gobierno para conseguir que el Parlamento sancione la ley. Está
previsto que Cavallo concurra mañana al Congreso a defender el
proyecto oficial, que, como viene sucediendo desde hace años, incorpora
un artículo aceptado por los partidos mayoritarios que autoriza
al jefe de Gabinete a practicar todas las reasignaciones de gastos que
se le ocurran. Esto quiere decir que el Ejecutivo tiene amplia libertad
para modificar lo que vota el Congreso.
Igualmente, los legisladores siguen dando una importancia central al diseño
del presupuesto. Para Matzkin, “canjear la Ley de Leyes por 1300
millones de dólares es minimizar los problemas del país”,
agregó. Los 1300 millones –o más exactamente, 1264
millones– son los que el FondoMonetario no enviará a la Argentina
hasta tanto no esté aprobado el presupuesto.
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“No es una panacea”
Lawrence Meyer, uno de los gobernadores más influyentes
de la Reserva Federal (banca central de Estados Unidos), afirmó
ayer que los problemas de Argentina han demostrado que adoptar un
tipo de cambio fijo no es por sí mismo “una panacea”.
En una conferencia sobre la estabilidad financiera en los mercados
emergentes, Meyer se mostró favorable a los tipos de cambio
flexible, que consideró como “la mejor elección”.
“Un tipo de cambio fijo es sólo adecuado en los casos
relativamente poco comunes en los que pueda ser totalmente creíble”,
indicó el gobernador del banco central de Estados Unidos,
que preside Alan Greenspan. “Para promover una mayor estabilidad
a los regímenes de tipo de cambio fijo, algunos países
han adoptado sistemas de junta monetaria o se han decidido por una
dolarización total. Sin embargo, esas decisiones no son panaceas,
como lo demuestran las actuales dificultades de Argentina”,
apuntó.
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IRREGULARIDADES
DETECTADAS POR LA SIGEN EN EL ESTADO
Ñoquis y doble ocupación
Por Cledis Candelaresi
La reducción de los gastos
“superfluos” que Domingo Cavallo prometió erradicar del
Presupuesto puede ser una tarea de escaso rédito en términos
de ahorro. Desde que a mediados de año el Gobierno anunció
una batería de medidas para depurar la administración central
de ñoquis y evitar la duplicidad de ocupaciones, la Sindicatura
General de la Nación encontró un centenar de agentes estatales
que ostentaban el don de la ubicuidad: en el mismo horario realizaban
trabajos en lugares diferentes, como si tal desdoblamiento fuera factible.
Pero las dificultades técnicas y la desidia de algún sector
de la burocracia estatal impidió avanzar más a fondo este
tipo de rastrillaje, del que las universidades y las Fuerzas Armadas,
entes reguladores, entre otras dependencias, luchan por ser eximidas.
Difícilmente alguien objete desde el punto de vista ético
que es correcto expulsar a quien cobra un sueldo sin trabajar. Pero es
menos claro que esa purga, en el supuesto que pudiera realizarse a fondo,
salve al país de la crisis fiscal. En rigor, la Argentina no gasta
demasiado en términos de PBI: alrededor del 30 por ciento, contra
el 34 de Estados Unidos, el 52 de Francia o el 61 por ciento de Holanda.
Esto no significa, sin embargo, que no haya margen para racionalizar.
Desarrollo Social acaba de dar de baja 400 contratos, sin que eso haya
hecho mella en su funcionamiento. Presidencia de la Nación tiene
una dotación de 800 personas, a simple vista excesiva. Y el Congreso
prorrogó recientemente por diez años la vigencia de las
actuales pensiones, beneficios por un total de 800 millones de pesos al
año, que los legisladores otorgan con absoluta discrecionalidad.
Al margen de esos rubros que esquivan la tijera, hay otros gastos presuntamente
superfluos, que el Gobierno decidió recortar a mediados de año
a través de una batería de medidas que apuntó básicamente
a los ñoquis, muchas veces encubiertos tras contratos de servicio.
Desde agosto, los responsables de administración de cada área
del Estado deben avalar con una declaración jurada que sus subordinados
efectivamente prestan un servicio, so pena de ser incriminados penalmente
por falsedad ideológica o administración fraudulenta.
Los propios contratados tienen obligación de justificar su tarea
mediante similar instrumento, del mismo modo que quienes trabajan en la
Nación y cobran una jubilación ya debieran haber renunciado
a aquella remuneración o a ese haber.
Pero el control último del cumplimiento de estas normas está
a cargo de la Sindicatura General de la Nación, desbordada por
su escaso personal para hacer inspecciones sorpresivas e imposibilitada
de construir por sí misma una gigantesca base de datos que permita
detectar a los infractores. Organismos como la Anses, la DGI o las Fuerzas
Armadas, con reparticiones dispersas, hacen además imposible un
rastreo exhaustivo.
A estas dificultades operativas se suma la resistencia que ejercen la
mayoría de las reparticiones públicas para hacer los ajustes
reclamados. Gran número de auditorías internas no remitieron
a la Sigen el listado de empleados y sus respectivas justificaciones salariales,
lo que imposibilitó al organismo comandado por Rafael Bielsa elevar
a la Jefatura de Gabinete el detalle correspondiente a toda la administración
pública. Amén de esa omisión, el gasto en contratos
–que debe ser reducido un 30 por ciento– se transfirió
al rubro “servicios profesionales”.
Al mismo tiempo, varias universidades nacionales, organismos científicos
tecnológicos y las Fuerzas Armadas invocaron razones legales para
no ser alcanzadas por las normas que en junio pasado intentaron cambiar
el marco del empleo público: éstas, adujeron, no podían
estar por encima de las leyes que las regían hasta ese momento.
La Procuración General del Tesoro opinó en sentido inverso,
obligando a docentes, científicos y uniformados a acatar las restricciones
que impiden trabajar y cobrar una jubilación odesafiar a la física
prestando servicios en horarios simultáneos pero en reparticiones
diferentes. Los resultados de esa orden son aún inciertos.
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