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Por Victoria Ginzberg
 “Además de ser un
oprobio político que deja al gobierno de Fernando de la Rúa
como protector de los genocidas de la última dictadura, desconoce
el principio republicano de la separación de poderes”, dijo
el diputado Jorge Rivas. Su par Marcela Bordenave afirmó que “muestra
el doble discurso del Gobierno”. Las críticas al decreto por
el que el Presidente ratificó que rechazará todos los pedidos
de extradición de represores argentinos siguieron ayer, tanto desde
el ámbito político como desde los organismos de derechos
humanos. La solicitud de extradición de Alfredo Astiz emitida por
la Justicia sueca será la primera oportunidad de probar la “eficacia”
del decreto 1581/2001.
La norma que se publicó el lunes en el Boletín Oficial cristaliza
la política que el Gobierno estaba manteniendo respecto a los pedidos
de colaboración o extradición emitidos por jueces extranjeros
en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por la última
dictadura. Es decir, negar toda asistencia por un lado y luego, en algunas
ocasiones, remitir el expediente a la Justicia para que sean investigados
en el país. Pero la actitud de anticipar una posición unánime
para todos los casos despertó las censura de miembros de organismos
de derechos humanos, que además rechazaron rotundamente los fundamentos
del texto que firmaron el Presidente, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo,
y los ministros de Justicia, Jorge de la Rúa y de Relaciones Exteriores,
Adalberto Rodríguez Giavarini.
Para Víctor Abramovich, director ejecutivo del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), el principal objetivo del decreto parece ser
la presión hacia los jueces para que no detengan provisoriamente
a los acusados a la espera de un pedido formal de extradición.
Este año María Servini de Cubría y Gabriel Cavallo
arrestaron a Astiz y al ex juez federal Víctor Brusa. Ambos cumplieron
con las órdenes de los magistrados de Italia y España, que
llegaron a través de Interpol, pero debieron dejar libres a los
represores cuando el Gobierno negó que pudieran ser trasladados
a Europa. En el decreto se expresa que “tratándose de hechos
respecto de los cuales no procede la extradición, la medida cautelar
de privación de libertad tendiente a asegurar la comparencia de
la persona requerida resulta privada de fundamento”.
Abramovich criticó también que en los fundamentos de la
norma se generalice el principio de “cosa juzgada” –como
si todos los represores hubieran sido condenados por todos los crímenes
que cometieron– y que se reduzca el principio de jurisdicción
universal al Tribunal Penal Internacional, “cuando en realidad el
tratado de Roma recepta normas que ya existían en el derecho, como
la jurisdicción universal”.
“Esto deja ver una vez más el doble discurso del Gobierno
que, por un lado dice apoyar las luchas por los derechos humanos y en
la práctica lleva adelante una férrea defensa de los delincuentes
que han cometido crímenes de lesa humanidad y que la Corte Interamericana
ha declarado no admistiables e imprescriptibles”, aseguró
la diputada del ARI Bordenave. Rivas coincidió en que “la
medida imparte directivas a priori a los tribunales acerca de cómo
deben actuar en caso de que haya un pedido de detención preventiva
u ordena a los jueces que no colabore con la Justicia de otros países,
actitud que contradice las disposiciones de los tratados internacionales
incorporados a la Constitución Nacional”. El diputado del
ARI anticipó que reclamará la derogación del decreto,
tal como lo hizo con el que firmó Carlos Menem para negar cualquier
tipo de apoyo a la justicia española. La entonces diputada Diana
Conti también firmó el proyecto para anular la norma que
impedía colaborar con Baltasar Garzón, pero ahora, como
subsecretaria de Derechos Humanos, defendió la idea oficial.
Mientras el Gobierno intenta que no haya más detenciones de represores
a pedido de la Justicia extranjera, esta semana llegó al país
la solicitudde arresto contra Astiz por el asesinato de las joven sueca
Dagmar Hagelin. Los jueces Sergio Torres y Jorge Ballestero están
definiendo la competencia, pero quien se haga cargo del caso deberá
decidir si hace caso al decreto o si detiene al represor hasta que llegue
el pedido de extradición.
COMISION
PROVINCIAL POR LA MEMORIA
Para poder juzgar
La Comisión Provincial
por la Memoria se reunió ayer con diputados de diferentes partidos
para impulsar la anulación de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final y los Indultos.”Con estas leyes el Estado avasalló
a la sociedad en su derecho al pleno conocimiento de la verdad, desprotegiendo
a las víctimas como bien jurídico”, expresaron luego
en un documento.
De la reunión participaron los diputados frepasistas Irma Parentella
y Margarita Jarque; los radicales Margarita Stolbizer y Ricardo Vázquez;
la justicialista Graciela Giannettasio; Marcela Bordenave del ARI; Patricia
Walsh, de Izquierda Unida; Francisco Gutiérrez del Polo Social
y Luis Zamora de Autodeterminación y Libertad. Como resultado los
participantes suscribieron en un documento la decisión de promover
la derogación del decreto 1581/01, que establece el rechazo a todos
los pedidos de detención contra represores argentinos que lleguen
desde el exterior. Y acordaron la decisión de impulsar nuevamente
en el Congreso la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida –en 1998 se derogaron–.
“Con estas leyes el Estado avasalló a la sociedad en su derecho
al pleno conocimiento de la verdad, desprotegiendo a las víctimas
como bien jurídico, desconociendo las obligaciones de garantizar
el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución
perpetuando así la impunidad en la Argentina y marcando su continuidad
hasta el presente”, señalaron. Entre los miembros de la Comisión
Provincial por la Memoria estuvieron Estela Carlotto (también titular
de Abuelas de Plaza de Mayo), el fiscal Hugo Cañón, el legislador
bonaerense Alejandro Mosquera, y Laura Conte, también del Centro
de Estudios Legales y Sociales.
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