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Por Raúl
Kollmann
 Los jefes de la Gendarmería,
la Policía Federal y la Prefectura analizaban al cierre de esta
edición los operativos para frenar la ola de saqueos. Los dos territorios
más delicados son el Gran Rosario y el Gran Buenos Aires, muy difíciles
de controlar porque sólo los conocen bien la Policía Bonaerense
–poco dispuesta a intervenir– y la santafesina: esas zonas están
llenas de callecitas y barrios que son una especie de agujero negro para
las fuerzas de seguridad federales. Para colmo, el conurbano es tan enorme
que en cualquier caso habrá grandes dificultades para cubrirlo
con efectivos. Aunque la decisión no estaba tomada, las fuerzas
de seguridad patrullarían las zonas con armas largas y la instrucción
sería prevenir, dispersar y responder con dureza a cualquier conato
de saqueo. Esto encierra el mayor de los peligros: que maten gente. En
la jornada de ayer ya hubo cinco muertes.
Gendarmería, Policía Federal y Prefectura tienen el diagnóstico
de que la Bonaerense no hizo prácticamente nada para prevenir lo
ocurrido ayer. “El Estado tenía la obligación de intervenir,
pero la Bonaerense dejó hacer y por la tarde se vio desbordada
porque los saqueos se hicieron multitudinarios. Acá hubo una neta
inacción del gobierno de Carlos Ruckauf y esto muestra una intencionalidad
política en lo que ocurrió”, dijo a Página/12
uno de los estrategas del ministerio del Interior.
La acusación va más allá: “Ayer a la tarde hubo
un intento de trasladar la conmoción a la Capital. A último
momento, la marcha que encabezaba el intendente de Moreno, Mariano West,
hombre de Duhalde, quedó frenada. Pero también estaba juntando
gente el intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, quien ahora está
cerca de Ruckauf. O sea que traían gente al centro. Eso exhibe
todo desde el punto de vista político: querían derribar
al Gobierno”, completó un hombre del Gobierno.
Todo indica que las fuerzas de seguridad federales se dividirán
el Gran Buenos Aires y cada uno se hará cargo de una zona, aunque
el mayor peso lo tendrá la Gendarmería, que tiene más
efectivos.
–¿Podría oponerse Ruckauf al ingreso de gendarmes,
policías federales o prefectos? –preguntó este diario.
–Teóricamente se puede oponer –señalaban anoche
en Interior–, pero dudamos que lo haga.
–¿Será difícil la relación con la Bonaerense?
–Si hay algún conato de saqueo, las fuerzas federales intervendrían.
Es posible que haya roces con las policías provinciales pero habrá
que trabajar con eso.
Estos choques entre fuerzas de seguridad registran antecedentes. En las
movilizaciones de Corrientes, ni bien asumió De la Rúa,
hubo acusaciones cruzadas: Gendarmería señaló que
la policía provincial disparó contra manifestantes y gendarmes,
mientras que la policía acusó a los gendarmes de disparar
contra los manifestantes. También hubo enfrentamientos en autopistas
de la provincia de Buenos Aires e incluso en zonas de frontera. Según
evalúan los federales, la convivencia en todo caso será
mejor con los santafesinos. En las fuerzas federales se decía anoche
que la estrategia debió ser por etapas: primero el despliegue y
recién después -sólo en caso necesario– el estado
de sitio. Es más, en Interior se cree, tal vez pecando de optimismo,
que es posible que únicamente con el despliegue de gendarmes, federales
y prefectos baje la conflictividad, lo que habría hecho innecesario
dar el paso de restringir las libertades. “La idea debió ser
la de ir en escalada, no largar todo junto”, argumentan.
Más allá estrategias a resolver en la reunión de
anoche, el punto clave es el riesgo: la policía santafesina produjo
muertes ayer, Gendarmería tiene en sus antecedentes varios muertos
en intervenciones en Corrientes ySalta. Una situación semejante
se convertiría en explosiva en el Gran Buenos Aires. Por ahora
el dato es nefasto: ayer hubo en total cinco muertos y eso que prácticamente
no se registró ningún caso de manifestantes con armas. Los
disparos ayer o salieron de la policía o de comerciantes que defendieron
sus negocios. En este ambiente de gravísima crisis, los riesgos
que se corren son inmensos.
OPINIONES
SOBRE LOS ALCANCES DEL ESTADO DE SITIO
El decreto de los súper-poderes
El artículo de la Constitución
nacional que se refiere al estado de sitio es el número 23. “En
caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro
el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas
por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio
en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí
las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión
no podrá el presidente de la República condenar por sí
ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de
las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación,
si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”, dice
textualmente el artículo. Página/12 consultó a diferentes
abogados constitucionalistas.
Daniel Sabsay. “La declaración de estado de sitio por parte
del Presidente puede implicar restricciones importantes al derecho de
reunión, a los actos políticos y a las actividades públicas.
Es una medida poco deseable, pero yo creo que es razonable mientras no
se abuse de ella y en tanto se tome por un tiempo limitado. Cabe destacar
que el Congreso puede dejar la medida sin efecto en cualquier momento”.
Antonio María Hernández. “Hay que tener mucho cuidado
con el estado de sitio. En la historia argentina se ha utilizado para
perseguir opositores políticos o restringir la libertad de prensa.
Hay que ser extremadamente prudentes. No creo que tenga que implicar la
suspensión de todas las garantías constitucionales. Y considero
que lo debería declarar el Congreso, que a mi entender no está
en receso”.
Gregorio Badeni. “Se pueden suspender las libertades constitucionales
siempre que la suspensión tenga relación con el objeto que
se persigue con la declaración del estado de sitio. El presidente
de la República puede determinar cuáles son los actos que
no se pueden realizar para lograr el objetivo al cual responde el estado
de sitio, que es preservar la vigencia de la Constitución y de
las autoridades nacionales. Quiero pensar que desde el Poder Ejecutivo
tendrán más información y datos fehacientes que justifiquen
esta medida, que es constitucional”.
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