Por Mónica Gutiérrez

El conflicto social en Córdoba tuvo ayer su pico máximo en la sede del gobierno municipal, semidestruida tras una asamblea de empleados que terminó en desmanes y represión policial. La oposición del gremio municipal a la gestión de Germán Kammerath y la crisis que en los últimos meses viven los cordobeses ante la debacle de casi todos los servicios públicos, explotaron en el centro de la ciudad. El intendente habló públicamente recién pasado el mediodía, pero sólo echó más leña al incendio: dijo no entender que “empleados que ganan 2000 pesos de promedio alteren la paz social”. El gremio desmintió la cifra y apuntó contra el desmantelamiento de la comuna por parte de Kammerath, “que aumentó la planta política en 140 cargos desde que asumió”. La capital cordobesa tampoco quedó ajena al panorama nacional. A la tarde se multiplicaban los saqueos mientras el gobierno provincial trataba de tapar focos con ayuda alimentaria.
La falta de anuncios de pago de sueldos, aguinaldos y refrigerio por parte del gobierno municipal, sumado al inminente achicamiento de la planta de empleados, recalentaron el ambiente en los últimos días. Hacia las nueve, un grupo de treinta hombres comenzó a romper vidrios, computadoras y mobiliario de la planta baja de la sede municipal. Minutos después, las piedras y las bombas de estruendo apuntaban al despacho de Kammerath.
Hace 48 horas, el intendente había firmado la “emergencia municipal”, decisión por la que se suspenden los pagos por juicios contra el municipio y se anticipa un achicamiento compulsivo de los gastos. Durante los incidentes, sorprendió cómo la policía “dejó hacer” a los primeros exaltados y sólo desató una violenta represión cuando se reunieron alrededor de 400 municipales. La Guardia de Infantería, junto a los bomberos, disiparon a los manifestantes, arrestando a quince, entre ellos el dirigente del sindicato Mario Fonseca. Varios periodistas fueron agredidos por empleados que trataban de impedir que filmaran los desmanes.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad, José María Las Heras, formalizó una denuncia ante la Fiscalía General, que pidió a los canales las cintas grabadas durante los disturbios. A quince cuadras del centro, en la sede del Registro Civil, los manifestantes arrojaron líquido mortuorio, que provocó afectados por inhalación entre empleados y público, y una nueva represión policial. Después del mediodía, los incidentes se trasladaron al sindicato de Luz y Fuerza, donde se habían congregado los dirigentes municipales. La policía los persiguió y arrojó gases adentro, sin advertir que había chicos que ensayaban para una fiesta de fin de año. Veinte chicos fueron trasladados al hospital con principios de asfixia.
La imagen de Germán Kammerath entró en caída libre a seis meses de asumir, cuando el gremio municipal difundió sus gastos superfluos y el aumento en cargos políticos de 133 a 270, un gasto extra de 22 millones anuales. Otros gastos que desbordaron el presupuesto 2000 fueron el pago de 15.000 pesos mensuales a una agencia de publicidad por folletería y avisos y la renegociación de contratos de correo que aumentó los montos en tres millones anuales. Para octubre, la caída era tal que Unión por Córdoba, la coalición que lidera José Manuel de la Sota, perdió la elección a senador en la capital cordobesa. Todas los cañones apuntaron a Kammerath, que debió resignar a su propio gabinete y aceptar, con una forzada sonrisa, el arribo de enviados delasotistas que venían “a poner orden” en las finanzas municipales.
Para este fin de año, la crisis local se expresaba en protestas de todo tipo. Hace diez días, los médicos realizaron una huelga de hambre en el Hospital de Urgencias, que fue modelo de atención y está devastado por la falta de insumos y la desafectación progresiva de personal. En lo que vade la semana hubo un paro total y dos parciales del transporte urbano, por retrasos en los pagos y despidos después de la concesión que realizó el intendente. Y Córdoba se quedó sin basureros la semana pasada, por la falta de pagos a la empresa concesionaria.

REPRIMIERON A ESTATALES FRENTE A LA LEGISLATURA
Ajuste y palos en La Plata

La Plata también tuvo su día de furia. Además de los saqueos que se produjeron en distintos comercios de la ciudad, al menos seis personas resultaron heridas cuando la Policía reprimió a los estatales concentrados frente a la Legislatura provincial para impedir el tratamiento de un proyecto de ley que establece otro duro ajuste en el gasto público bonaerense. Por lo pronto, el vicegobernador Felipe Solá confirmó que “en los días que restan de esta semana” no se someterá a votación la propuesta del Ejecutivo que conduce Carlos Ruckauf.
Estatales, docentes, judiciales, médicos y obreros del Astillero Río Santiago se concentraron frente a la Legislatura para repudiar el nuevo ajuste en las cuentas bonaerenses, que incluye despidos masivos en la administración provincial. Según Solá, la restricción de gastos está justificada “por la crisis que tenemos”, y agregó que “si la Nación no nos paga y nosotros no recaudamos, tenemos entonces que producir un Estado más pequeño para poder pagar los sueldos”.
En un momento de la protesta, un grupo de manifestantes intentó entrar por la fuerza a la sede parlamentaria, lo que generó la reacción policial. Mediante balas de goma, bastonazos y gases lacrimógenos los uniformados abortaron la iniciativa, pero dejaron un saldo de seis heridos. Tras los disturbios, los estatales se dispersaron y se refugiaron detrás de los árboles de la céntrica Plaza San Martín. Al rato, se reagruparon y siguieron la protesta frente a la Casa de Gobierno provincial.
Mientras tanto, Solá confirmaba que se interrumpía el tratamiento del proyecto. “La decisión la hemos tomado para atemperar los ánimos y entablar las negociaciones que hagan falta, con los sectores involucrados”, explicó el vicegobernador.
La Policía responsabilizó por los incidentes “a grupos de encapuchados”, a los que identificó con el movimiento Quebracho. Según fuentes policiales, los que quisieron irrumpir en la Legislatura “se diferenciaban claramente” del grueso de los manifestantes, “quienes portaban chalecos verdes de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA)”.
Por otra parte, luego de la represión, y pese a que fue suspendido el tratamiento parlamentario del ajuste, los sindicatos que protagonizaron la protesta se declararon “en estado de alerta”, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) concretará hoy un paro de 24 horas.

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