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Por Irina Hauser
 Hacinados en el hall de la
comisaría segunda, los familiares de los detenidos en Plaza de
Mayo le gritaban con ira infinita a un televisor donde aparecía
Fernando de la Rúa con sus anteojos de hacer discursos. Todavía
presidente, recitaba enajenado frases como “debemos oír el
reclamo popular”, que no era otra cosa que lo que venía expresando
pacíficamente la gente que él mandó a reprimir sin
razón. Hasta la jueza María Romilda Servini de Cubría
le exigió que le informara por qué había desobedecido
su orden de cesar “la represión indiscriminada”. A la
tarde, el juez Roberto Grispo dispuso la libertad de 55 personas apresadas
en Capital Federal -un puñado de los miles de detenidos que hubo
en todo el país– y ordenó que se investigue si hubo
privación ilegal de la libertad. De todos modos, a la noche había
aún muchas otras detenciones sin resolver. Todos los jueces de
Neuquén dictaron la inconstitucionalidad del estado de sitio.
“Estábamos parados en la plaza, tranquilos, aplaudiendo y
con una bandera argentina cuando se abalanzó la policía
montada y nos llevó detenidos.” Gustavo Lesbegueris, adjunto
de la Defensoría del Pueblo porteña, cuenta que se vio arrastrado
hacia un camión de la Policía Federal junto con jubilados,
jóvenes, un comerciante que intentó ayudarlos y terminó
enmarañado con ellos, y otros tantos manifestantes con ollas abolladas
de tanta percusión. Había menores de edad, un chico con
ataque de asma y un muchacho en pleno tratamiento de quimioterapia. Todos
terminaron en las mismas celdas y sin poder salir hasta que surtió
efecto la orden del juez Grispo.
Varios pedidos de hábeas corpus, en su mayoría de carácter
colectivo, se fueron sumando a lo largo del día en reclamo de la
libertad de las personas detenidas. Algunos fueron presentados por la
defensora del Pueblo porteña Alicia Oliveira, el defensor de la
Nación Eduardo Mondino, los diputados del Frente para el Cambio
Alicia Castro y Alfredo Villalba, el Comité de Acción Jurídica
del CTA, el CELS, y las Madres de Plaza de Mayo. Uno de los argumentos
centrales utilizados señala que no hay relación entre el
estado de sitio decretado –con la supuesta intención de frenar
los saqueos– y los arrestos en masa.
Grispo se limitó a decir que “no existe orden escrita de autoridad
competente que justifique la detención” y ordenó que
se tomen testimonios a los damnificados para determinar si existieron
delitos por parte de las fuerzas de seguridad que actuaron y el Gobierno.
La decisión fue refrendada por la jueza Servini de Cubría
quien, previamente, intentó frenar en persona, frente a la Casa
Rosada, la represión que derivó en muertes.
Algunos planteos judiciales cuestionaron también la constitucionalidad
del decreto de estado de sitio. Según Castro y Villalba, De la
Rúa pretendió “arrogarse la suma del poder público”.
El abogado de la Defensoría porteña, Raúl Gustavo
Ferreyra, explicó: “Estando prorrogadas las sesiones ordinarias
del Congreso, en caso de conmoción interior es potestad exclusiva
de ese cuerpo la declaración de estado de sitio. Tampoco estaban
dadas las condiciones de conmoción interior requeridas para llevar
adelante tal medida porque no se aplicaron previamente otros remedios
previstos”. Carlos March, de Poder Ciudadano, presentó un
recurso de amparo y pidió una medida cautelar esperando que la
Justicia le ordenara al Gobierno “que se abstenga de realizar todo
tipo de acto que implique la aplicación del decreto de “estado
de sitio”, que considera ilegal, y que puso “en estado de indefensión
absoluta” a la gente.
Solamente los jueces de Neuquén dictaron abiertamente la inconstitucionalidad
del decreto de estado de sitio. El juez Grispo, a pesar de conceder libertades,
dijo que no le correspondía hacer “valoraciones” sobre
ese punto.
Amnistía Internacional dirigió una carta al presidente renunciante
donde le recordaba que “el Estado tiene la obligación internacional
de salvaguardar los derechos humanos fundamentales incluso en situaciones
deemergencia”. La Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH) le pidió que pusiera fin a la represión y que levantara
“en forma inmediata” el estado de sitio. Pidió también
una investigación “independiente e imparcial sobre los asesinatos”.
Al cierre de esta edición no se conocían cifras exactas
de ciudadanos demorados y detenidos. Fueron miles en todo el país.
De por sí 2500 desbordaron las comisarías de la provincia
de Buenos Aires. Juan Carlos Capurro, del Comité de Acción
Jurídica de la CTA, señaló: “Lo que sabemos
es que todavía hay muchísimos casos sin resolver y que incluso
hay gente que sigue sin aparecer”.
PROHIBIERON
A CAVALLO SALIR DEL PAIS
Y Mingo no se va
Por Adriana Meyer
Las conferencias internacionales
que Domingo Cavallo suele dar cuando no ejerce como ministro de Economía
quedarán pendientes. Tres jueces federales le prohibieron la salida
del país y ordenaron a las fuerzas de seguridad que controlen que
el ex funcionario no traspase las fronteras. El juez en lo penal económico
Julio Speroni tomó esa decisión en la causa en la que Cavallo
está imputado de haber cometido contrabando agravado por la venta
ilegal de armas, mientras que los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral
y Jorge Ballestero hicieron lo propio en las investigaciones sobre asignación
de fondos reservados y el megacanje respectivamente. Por otra parte, el
fiscal federal Luis Comparatore evaluaba la posibilidad de impedir la
salida del país del ex presidente De la Rúa en la causa
que abrió ayer por la “indiscriminada represión”
policial desplegada en Plaza de Mayo, pero sólo lo haría
cuando la Asamblea Legislativa acepte su renuncia. Al cierre de esta edición,
los allegados a Cavallo no podían asegurar que estuviera en el
país.
Diputados y voceros del cavallismo desmintieron la versión que
indicaba que el ex ministro había abandonado Argentina el miércoles
a la noche a bordo del avión “Tango 03” rumbo a Uruguay.
Uno de ellos aseguró que estuvo con él ayer a la mañana.
Sin embargo ninguno pudo afirmar adónde se encontraba Cavallo anoche.
En la causa de Speroni, el ex ministro de Economía no tenía
prohibida la salida del país ya que —según explicaron
fuentes judiciales a la agencia DyN— contaba con trabajo aquí,
como titular de la cartera de Hacienda, y no correspondía dictar
esa medida porque debía viajar frecuentemente en misiones oficiales
al exterior. “Pero ahora se quedó sin trabajo y hay informaciones
que indican que tiene previsto irse del país. Cavallo está
imputado por contrabando agravado, un delito no excarcelable, de modo
que el juez decidió impedirle la salida del país para garantizar
su presencia cada vez que sea requerido en el marco de la investigación”,
dijo una alta fuente cercana al juzgado. En esa causa, Cavallo goza de
la “falta de mérito” y no está previsto que sea
citado en los próximos días a una nueva declaración
indagatoria.
Los pedidos de prohibición fueron formulados por los fiscales federales
Eduardo Freiler, Federico Delgado y Gerardo Di Masi. Los dos primeros
pidieron, además, la indagatoria de Cavallo en una causa iniciada
en 1995 en la que se investiga el presunto otorgamiento irregular de fondos
reservados a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico.
El juez Ballestero también instruye el sumario por su decisión
de Cavallo de ordenar a los banqueros que ignoren mandas judiciales de
pagos restringidos por el Gobierno mediante el decreto 1570. En ese expediente,
el fiscal Gerardo Di Masi amplió ayer los cargos al ex presidente
De la Rúa.
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