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 Cuatro años de prisión
para cada uno de los acusados es la pena que pidió ayer el fiscal
Alberto Huarte Petite en el juicio a los dos skinheads sospechados de
agredir el 1º de julio de 1995 a Claudio Salgueiro, mientras gritaban
consignas racistas. En su alegato, el fiscal consideró -como había
ocurrido en la anulada sentencia anterior del caso– que el hecho
tiene como agravante la violación de la ley Antidiscriminación.
Por su parte, el defensor oficial de los “cabezas rapadas”,
Carlos Garay, cuestionó la forma en la que se obtuvieron algunas
pruebas en la causa y pidió la absolución de los acusados.
Hoy se conocerá el veredicto del Tribunal.
Ayer fue día de alegatos en el primer piso de los tribunales de
Comodoro Py. En primer turno habló el fiscal, quien basó
su pedido de condena sobre Luciano Griguol y Orlando Romero Da Silva por
“lesiones graves y violación del artículo 2 de la ley
Antidiscriminatoria” en las declaraciones que Salgueiro realizó
ante los jueces de la causa Luis Di Renzi, Guillermo Gordo y Guillermo
Madueño, a las que evaluó como “lógicas, coherentes
y creíbles”.
Huarte Petite también hizo referencia a los testimonios del rabino
Daniel Goldman y la psicóloga Elina Aguiar, que asistieron al damnificado
pocos días después del ataque. Según lo declarado
en el juicio por Goldman, Salgueiro “estaba desmoralizado y con pocas
ganas de vivir”, por lo que creyó conveniente brindarle “asistencia
espiritual”. Por su parte, la psicóloga había afirmado
que Salgueiro era incapaz de hacer imputaciones si no estuviese seguro
de quiénes fueron sus atacantes, por lo que el fiscal consideró
de “plena validez probatoria” el reconocimiento que en su momento
hizo la víctima de sus agresores, entre los que se encontraba también
Andrés Paszkowski, quien se mantiene prófugo. El fiscal
recordó que los acusados no pudieron justificar dónde estuvieron
cuando se produjo la agresión.
Por el contrario, el abogado defensor pidió la absolución
de Griguol y Romero Da Silva y cuestionó la forma en la que se
obtuvieron determinadas pruebas utilizadas en la querella. Además,
Garay hizo mención a la resolución que hace más de
tres años había tomado la Cámara Nacional de Casación
sobre el caso. En aquella ocasión, seis meses después de
que los skinheads –incluido el hoy prófugo– fueran condenados
a tres años de prisión en abril de 1998, la Cámara
anuló la sentencia y los liberó, por considerar que el “odio
racial” nunca había sido suficientemente probado. Según
los jueces de Casación que intervinieron en aquella decisión,
los gritos que escuchó Salgueiro no eran consignas racistas sino
apenas “una payasada”.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó
que se llevara a cabo un nuevo juicio. Si bien el máximo tribunal
no confirmó la condena, tampoco avaló la decisión
de Casación de anularla. Teniendo en cuenta esto, Garay impugnó
el pedido del fiscal de condenar con cuatro años de prisión
a los acusados, al sostener que en ningún caso la pena podría
ser superior a la que en su momento había aplicado el tribunal
que estuvo a cargo de la causa.
Una vez concluidos los alegatos, el tribunal oral en lo Criminal Federal
Nº 5 dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, cuando luego
de escucharse las últimas palabras de los acusados se dictará
el veredicto.
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Cómo puede
ser el fallo
El fallo de la Sala I de la Cámara de Casación que
en diciembre de 1998 liberó a Paszkowski, Griguol y Romero
Da Silva, y tres meses después anuló la condena de
tres años dispuesta por el Tribunal Oral Federal Nº
3 tuvo en su momento importantes repercusiones: la DAIA y la APDH
exigieron el juicio político –que finalmente no tuvo
lugar– a los camaristas, por considerar que los jueces tuvieron
una conducta antisemita, ya que quitaron trascendencia a las consignas
racistas que los acusados pronunciaron al momento de agredir a Salgueiro.
Hoy se conocerá la actitud del Tribunal Nº 5, que de
todos modos puede volver a aplicar la ley Antidiscriminación
para agravar la condena, siempre que los agresores sean encontrados
culpables de la golpiza.
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PIDEN
LA LIBERACION DE UN ACUSADO
El caso Gandiaga
El abogado de uno de los detenidos
por el crimen de Fabiana Gandiaga pidió la excarcelación
de su cliente porque considera que el “nuevo examen de los elementos
de prueba” implicaría un cambio de la figura legal por la
que está procesado.
Adolfo Muschietti, abogado de Fernando Antúnez –uno de los
empleados de limpieza acusados de la violación y asesinato de la
maestra– sostuvo que “las nuevas pruebas allegadas a la causa
indican sin lugar a dudas que no existen pruebas materiales que permitan
identificar a Antúnez como autor del hecho investigado”.
El defensor especificó que de los estudios realizados sobre el
semen extraído del cuerpo de Gandiaga no surge que Antúnez
haya participado del asesinato.
La mujer había sido vista por última vez en la tarde del
sábado 20 de octubre, cuando acompañó a su hijo a
un torneo de taekwondo en el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA).
Le había dicho a la mamá de un compañero de su hijo
que salía a comprar una gaseosa y nunca más volvió.
Una semana después, fue encontrada muerta en el hueco de un ascensor
en desuso en las dependencias de Perón al 1100 del club.
“Se ha producido una sustancial modificación a las pautas
que han sido merituadas al tiempo de dictar el procesamiento y prisión
preventiva de Antúnez”, indicó Muschietti. Además,
agregó que hasta el momento no se encontró “un solo
testimonio o medio de prueba que indique al imputado como presunto autor
material del crimen”.
El abogado había presentado un pedido de recusación contra
el juez Alberto Seijas, que fue rechazado por la Justicia. La Sala I de
la Cámara del Crimen evaluó que el hecho de que el magistrado
sea socio del GEBA no lo inhabilita para investigar el crimen.
Ahora Seijas tiene 24 horas hábiles para resolver si hace o no
lugar al planteo que podría dejar sin efecto la prisión
de Antúnez.
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