Por Cledis Candelaresi

Hace largos diecisiete años, cuando Adolfo Rodríguez Saá asumió por primera vez la gobernación de San Luis, suprimió hasta los autos oficiales. Desde entonces, el virtual presidente provisional intentó aplicar en territorio puntano el criterio de déficit cero que la Nación se propuso sin éxito a mediados de este año. Aquella austeridad, unida a la habilidad de aprovechar debidamente los beneficios de la promoción industrial y la continuidad de una política, le permiten ahora jactarse de haber comandado hasta ayer uno de los pocos estados superavitarios del país.
Con un estilo muy personal, Rodríguez Saá aplicó en su provincia algunos de los criterios administrativos que la Nación proclama pero no puede. Equilibró las cuentas y para ello atacó algunos renglones del denominado “gasto político”, reduciendo drásticamente secretarías y asesorías. Al menos hasta ahora, San Luis destella en el mapa fiscal. Tiene un superávit de alrededor de 60 millones de pesos anuales y la mejor relación recursos coparticipados vs. los propios: recibe de la Nación 400 millones, pero recauda 430 (su vecina San Juan, por ejemplo, recibe 400 y pero sólo consigue 100 de sus propias fuentes). La desocupación es de un envidiable 7 por ciento, muy inferior al 18,3 del promedio nacional. En relación con los recursos corrientes, los 68 millones de pesos que adeuda tiene el menor peso relativo: apenas el 13 por ciento.
Pero quizás lo más llamativo es la proporción de personal público versus ocupados en el sector privado. San Luis tiene 16 mil estatales y 32 mil empleados industriales, relación inédita. Esto, porque a diferencia de lo que ocurrió en otras provincias promocionadas, las industrias instaladas sobre territorio puntano en su mayoría no fueron armadurías con rueditas.
El mix de austeridad y radicación industrial le permitió a la provincia una buena performance fiscal. Por esto pudo acumular una reserva de 500 millones de dólares que tiene depositado en Nueva York. El resto está volcado en los millonarios planes de obra pública de la provincia, que la hicieron liderar el ranking de consumo de cemento por habitante: mientras el promedio nacional es de 150, el de San Luis sube a 330.
Destina anualmente alrededor de 300 millones de pesos para infraestructura, superando con creces al presupuesto de otras provincias grandes, y paga en forma puntual y en efectivo. “Lo que pasa es que yo apliqué el déficit cero desde que llegué a la administración”, se jactaba el 7 de septiembre ante los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, que lo invitaron a su sede para desentrañar aquel milagro y, de paso, iniciar el lobby institucional sobre el próspero estado.
Sucede que las contratistas son empresas locales con las que el ex gobernador tiene buenos vínculos. Este hecho no sólo genera suspicacias por parte de quienes ven el negocio pero no participan, sino que tiene a maltraer a las grandes constructoras nacionales, que no consiguieron hasta ahora sumarse a ese negocio. Su estilo de gestión es personalista y autoritario. Por esto renueva periódicamente todo su gabinete, impidiendo que los funcionarios provinciales se consoliden en sus cargos y, por consiguiente, en el segmento de la administración que le toca en suerte.
Así como el círculo de políticos de confianza es muy estrecho, igualmente acotado es el de referentes económicos. No se le reconoce economista de cabecera, aunque sí su política de fluidas relaciones con las figuras de renombre. Martín Redrado, valga de ejemplo, fue invitado varias veces a ofrecer conferencias en la provincia mediterránea, aunque no por esto puede definirse su hombre de consulta.
Hace casi un año que Rodríguez Saa armó un equipo de técnicos que incluye a hombres del radicalismo para trabajar en una plan de gobierno. Bien podría decirse que la actual responsabilidad no lo sorprende totalmente desarmado.

JORGE CAPITANICH Y OSCAR LAMBERTO
Políticos y técnicos

El justicialismo encomendó el Ministerio de Economía al senador Jorge Capitanich y la Secretaría de Hacienda y Finanzas a su colega Oscar Lamberto, dos hombres que aunque ostenten cierta solvencia técnica son, básicamente, cuadros políticos. Fue otras de las diferencias cruciales entre la flamante gestión del PJ, dinámica y ejecutiva, y la extinguida administración aliancista.
Ambos parlamentarios son contadores públicos y políticos del interior, batalladores de las causas provinciales. Capitanich, el joven senador de 35 años, se forjó como técnico en la función pública trabajando en la Secretaría de Relaciones Económicas con las provincias, cuando Antonio Erman González estaba al frente de Economía. Siguió en el área trabajando varios años, incluso durante la anterior gestión de Domingo Cavallo en el Palacio de Hacienda, y llegó a administrar programas para el interior con financiamiento del Banco Mundial.
Diez años después de su irrupción en Economía, consiguió que Carlos Ruckauf le financiara la campaña como primer senador justicialista por el Chaco, descubriendo definitivamente su perfil y apetencias políticas. Pero este apoyo del gobernador bonaerense no le impidió tejer, al mismo tiempo, buenos lazos con Carlos Menem, quien también podría brindarle algún apoyo.
Algo parecido ocurre con el santafesino Lamberto, hombre de la localidad de Gálvez, próxima a Rosario. Durante su extensa carrera parlamentaria como diputado (acaba de asumir en el Senado) representó al partido en las comisiones de Economía y Presupuesto y Hacienda, desarrollando su perfil técnico. Sin embargo, en el Justicialismo se lo reconoce como un sólido cuadro político.
Su militancia en el peronismo combativo en la década del 70 lo ejercitó en las mañas de la política. Es reconocido por sus pares del Parlamento como un muy buen orador, al tiempo que desempeña cómodamente su papel de “operador”. Desde las huestes aliancistas le confieren el estatus de técnico “más progresista: sabe mucho y no tiene un discurso condicionado por los organismos internacionales de crédito”, comentaba ayer un hombre de la gestión delarruista.

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