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 “No voy a devaluar”,
dijo anoche Adolfo Rodríguez Saá después de quedar
ungido como candidato a Presidente para la Asamblea Legislativa de hoy.
“La Convertibilidad se va a mantener”, agregó. Es obvio
que nadie que devalúa lo anuncia antes, pero anoche dirigentes
y economistas del peronismo preferían hablar de un plan keynesiano
de reactivación y la declaración formal de cesación
de pagos.
El sábado pasado, Adolfo Rodríguez Saá adelantó
a Página/12 su plan económico, preparado con el consultor
David Espósito, que este diario publicó en exclusiva el
domingo. Se basaba en cuatropuntos:
 Renegociación de la
deuda, con declaración formal de default ante los acreedores internacionales.
Prioridad uno a la reactivación
a partir de una nueva moneda llamada Argentino. De esa moneda se emitirían
10 mil millones de dólares que reemplazarían a los bonos
circulantes en todo el país. El 30 por ciento del presupuesto se
ejecutaría en Argentinos, incluyendo naturalmente el pago de aguinaldos
y sueldos de la administración central, una medida a la que se
había resistido el Gobierno aliancista ante los gobernadores.
Plan de forestación
de 200 mil hectáreas, donde volcaría 2400 millones de Argentinos.
Esto daría empleo directo a un millón de personas.
Un plan de vivienda o infraestructura
vial de entre tres y cinco mil millones más de Argentinos, que
brindaría trabajo a otras 500 mil personas.
Según Rodríguez Saá, que ayer volvió a refrescar
este plan ante sus pares, de este modo la moneda mejorará y se
reactivará la economía. Recién después, entonces,
se verá cómo salir de la Convertibilidad. En todo caso,
una eventual devaluación quedará para el final del mandato
interino o para el comienzo del próximo, cuando, argumentan los
más entusiastas, las medidas de reactivación ya estarán
en marcha.
Si todo se realiza como aparece en los papeles, la gran medida financiera
será el default formal que evitaban con desesperación Fernando
de la Rúa y Domingo Cavallo. Formal y, dicen los economistas del
PJ, programado. Es decir, negociado con los acreedores sobre la base de
que, para eso, la Argentina fue capaz de presentar lo que el Fondo Monetario
y los Estados Unidos definen como “plan sustentable”.
Después de la cesación formal de pagos debería pasarse
a renegociar la deuda externa. Antes de oficializar su candidatura, ayer
mismo, Rodríguez Saá dijo que pediría la moratoria,
un período de gracia durante el que no se paguen capital e intereses.
Después calló. Hoy se sabrá el resultado final de
este capítulo.
En cuanto al corralito, en principio la idea es trabajar sobre los sueldos
que se paguen de ahora en adelante, ampliando el permiso de retiro de
mil a 1500 mensuales. “Del resto, lo que está enjaulado seguirá
enjaulado”, dijeron a Página/12.
También podría otorgarse un subsidio de desempleo de 200
pesos, con dinero de los actuales fondos sociales y del impuesto al cheque,
e implementarse una ayuda en comida al estilo de las cajas PAN del alfonsinismo,
con un costo de 350 millones de dólares.
“El Adolfo quiere borrar el episodio del Y... no c”, comentó
un colega suyo. Se refería a cuando una maniobra derivó
en que fuera filmado en un hotel alojamiento en actitudes que había
tomado por la fuerza y contra su voluntad. En realidad, el test verdadero
que enfrentará Rodríguez Saá no es ése sino
el del respeto de las garantías individuales y la transparencia
administrativa. Durante su larga gestión en San Luis, del ‘83
hasta aquí, el gobernador fue denunciado junto con su hermano Alberto
por el radical Walter Ceballos porque “creen que porque dominan el
poder económico del cual se ha apropiado desde el Estado –y
siguen manejando discrecional y oscuramente– y porque dominan los
medios gráficos y la Justicia de San Luis, pueden someter a quienes
luchan por la igualdad y latransparencia”. Y en 1998 este diario
publicó el caso de Ana María Careaga, la jueza independiente
destituida solo porque había resuelto investigar al intendente
de Villa Mercedes, Alberto Cangiano, un hombre de Rodríguez Saá.
Antes, los abogados de la provincia había acusado al gobernador
de haber disuelto los colegios porfesionales, haber puesto en crisis al
Superior Tribunal de Justicia y haber removido a otra jueza con un jury
de enjuiciamiento afín a su política.
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