Aunque su paso por el Palacio de Hacienda sea efímero, Jorge Capitanich ya dejó establecido que se eliminarán las restricciones para sacar dinero de las denominadas “cuentas sueldo” y de las correspondientes al pago de jubilaciones. “El Ejecutivo tendrá que llevar a cabo la liberalización de los salarios. Ya veremos cómo se garantizará este esquema”, señaló Capitanich. En el Banco Central aseguraron que no habrá inconvenientes en cumplir con la medida, ya establecida en una ley de “intangibilidad” de los salarios sancionada pocas horas antes de la renuncia de Fernando de la Rúa. En el Central estiman que la medida podría instrumentarse a partir del próximo miércoles, antes de que los empleados empiecen a cobrar los sueldos de diciembre. Sin embargo, banqueros consultados por este diario admitieron que para los sueldos más altos podrían seguir las restricciones. En torno de la flamante conducción del justicialismo ya se empezó a discutir qué hacer con otros temas candentes heredados de la administración anterior, como el corralito de los depósitos.
Consultados por Página/12, técnicos del Central dijeron que el retiro completo de los salarios de los bancos tendrá “un efecto económico marginal”. En el BC explicaron que la masa salarial que está bancarizada asciende a 5000 millones de pesos mensuales. Y que el 80 por ciento de ese total corresponde a sueldos de entre 600 y 800 pesos. Por lo tanto, consideran que las entidades financieras no tendrán problemas en efectivizar la totalidad de los salarios, una visión que difiere con algunos banqueros. Un alto ejecutivo de una entidad extranjera manifestó a este diario que “será imposible liberar todos los salarios”. Según este banquero, las restricciones seguirían para quienes ganan más de 1500 pesos.
El corralito en el sistema financiero ya fue tema de discusión entre los economistas y técnicos que ayer se reunieron con los flamantes funcionarios. Al respecto, por ahora coexisten diversas posiciones, dependiendo de la política monetaria que se termine adoptando.
Además de la intención de que los salarios se paguen en efectivo, los dirigentes del PJ acordaron en otro punto de vista. Sería prácticamente imposible liberar los depósitos el día 91. Curiosamente, ese día es el 3 de marzo, fecha de la próxima elección presidencial. La razón refiere a la imposibilidad de que los bancos puedan hacer frente a los retiros masivos. “Ningún país del mundo podría devolver los depósitos todos juntos: quebraría el sistema”, señaló una alta fuente del Central a este diario.
Las diferencias surgen cuando se analiza un escenario de “pesificación” de la economía y una libre flotación de la moneda. En ese caso, existen dos posturas en torno de qué hacer con los depósitos en dólares. Dentro del PJ hay quienes creen que también se debería pesificar las colocaciones en dólares y, a lo sumo, compensar la pérdida atando el rendimiento de los depósitos a la inflación. Pero por otro lado se discute si no sería más óptimo respetar los contratos de los ahorristas y mantener los plazos fijos en dólares. Como los bancos no podrían devolverlos en lo inmediato, se los congelaría a lo largo de uno o dos años. Los ahorristas que prefirieran contar con el dinero podrían retirarlo pero en pesos.
También se analiza poner en marcha medidas para limitar las extracciones de aquellas personas que hayan abierto más de una cuenta bancaria.
Si bien ya quedó prácticamente descartada la posibilidad de una dolarización, tanto economistas del PJ como técnicos del Central advirtieron a las nuevas autoridades que, en caso de optarse por una salida de la Convertibilidad, deberán fijar reglas claras sobre la política monetaria. Es decir, qué camino se elegirá para defender el valor de la moneda. Por ahora, cada dólar atesorado en el Central respalda cada peso en circulación. Si se quiebra esa regla, la clave para evitar un pico inflacionario será la nueva manera en que el Central garantizará la emisión de moneda. Más allá de los matices, los técnicos coinciden en que la emisión de moneda debería acompañar el crecimiento del PBI. Y que en elcaso de que la economía siga contrayéndose, la emisión debería atarse a la cantidad de divisas que ingrese al Central.

EL CEA Y LA CAC, CONTRA LAS URNAS
Poco afectos a los votos

El Consejo Empresario Argentino, entidad que nuclea a bancos, empresas privatizadas y demás ganadores del modelo, dio su opinión sobre lo que debería hacer la dirigencia política en este momento. Lo hizo a través de su presidente, el banquero Manuel Sacerdote –titular del BankBoston–, quien manifestó su preferencia de que no haya elecciones y que la Asamblea Legislativa elija un gobierno para completar el mandato de Fernando de la Rúa. El consejo fue expresado antes de que Ramón Puerta comunicara la designación de Adolfo Rodríguez Saá y la convocatoria a elecciones para el 3 de marzo.
Tampoco es muy afecto a que la ciudadanía elija al nuevo jefe de Estado el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori, quien consideró que “no hay que llamar a elecciones porque generará conflictos, pujas y demorará la solución del problema de fondo”. No parece casual que el CEA y la CAC, de excelentes relaciones con el menemismo, hayan sostenido la misma postura que el ex presidente.
“Cualquier persona que resulte designada con carácter temporario carecerá de legitimidad y de la autoridad, así como de la fuerza necesaria para llevar adelante estas medidas de inmediato”, había pronosticado el comerciante. “En la situación de extrema emergencia que vive el país, no podemos postergar decisiones de fondo, porque quien tenga que tomarla necesita de una autoridad que solo la da el ejercicio legítimo de una facultad constitucional”, completaba Di Fiori. Por su parte, otro que no quería elecciones era Enrique Braun, de la Cámara de Supermercados, quien consideró que “en la gravedad de la crisis no hay espacio para un gobierno de transición”.

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