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ALINEAMIENTO FORMAL DEL GRUPO PRODUCTIVO CON LOS DEVALUACIONISTAS
El plan contra la convertibilidad

Devaluación con desdolarización previa
es la fórmula que impulsan industriales y ruralistas, lanzados a conseguir el respaldo de duhaldistas y los dolidos radicales y frepasistas. Según sus mentores, intentan hacer un contrapeso contra la ortodoxia monetaria.

Por David Cufré

El Grupo Productivo presentó ayer formalmente las bases de un plan económico para reemplazar a la convertibilidad. Tal como anticipó Página/12, ese programa se basa en la devaluación y pesificación, con reestructuración de la deuda pública y privada. Todo esto, apuntalado con el aporte de unos 15 mil millones de pesos por parte del FMI. José Ignacio de Mendiguren, presidente de la Unión Industrial Argentina, está operando velozmente para que la discusión sobre la economía pos De la Rúa transite por aquellos carriles. Los contactos más aceitados son con el duhaldismo, que se ubica en la misma sintonía. La propuesta del GP cuenta, además, con el respaldo de sectores políticos ahora alejados del poder, como el alfonsinismo y el Frepaso.
Mientras perduró el gobierno de la Alianza, estaba claro que antes de la devaluación habría dolarización. El estallido social sorprendió al tándem De la Rúa-Cavallo antes de que pudieran tomar la decisión final. Ahora que todo cambió de manera estrepitosa, el plan que parece generar el mayor consenso es el de la devaluación. La UIA se apuró en poner sobre la mesa un proyecto concreto sobre el cual discutir, antes de que los exponentes de la ortodoxia económica (Ricardo López Murphy, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Pedro Pou, Jorge Avila, Emilio Cárdenas, Carlos Melconian, Miguel Angel Broda, Pablo Guidotti) reaparezcan en el escenario de la confusión absoluta procurando insertar sus recetas.
Ese sector expresa y defiende los intereses de los ganadores del modelo: privatizadas, bancos extranjeros y empresas monopólicas. El plan del GP, por el contrario, presenta como principales beneficiarios a los exportadores y a las compañías endeudadas en dólares. Asalariados, ahorristas que quedaron atrapados en el sistema bancario, AFJP y compañías petroleras son los mayores afectados por la propuesta, que en un primer momento profundizaría la recesión, aunque a mediano plazo los hombres de la UIA confían en que resultará plenamente reactivante.
Esas conclusiones pueden extraerse de las siguientes medidas incluidas en el plan:
Desdolarización o pesificación total de la economía. Esto incluye: contratos entre particulares, contratos financieros (créditos y depósitos) y contratos con empresas privatizadas.
La devolución de los depósitos se haría de manera gradual. Todo el dinero que quedó en el “corralito” será devuelto en pesos, pero sumando a la tasa de interés del depósito –sea en caja de ahorro, plazo fijo o cuenta corriente– el nivel de la inflación. De ese modo, se mantendría medianamente protegido el poder de compra real en pesos.
Las deudas en dólares con el sistema bancario local también se pasan a pesos. Y para aquellas contraídas con el exterior habrá un sistema de compensación. Las empresas podrán comprar dólares al Banco Central para saldar esos pasivos en una cotización de uno a uno. Para obtener los dólares con que realizar la operación, se fijarán retenciones a las exportaciones energéticas.
Igualmente, se propone la renegociación de la deuda pública –con más de un año de gracia en el pago de intereses– y privada, para que no haya giro de divisas al exterior.
Las tarifas de los servicios públicos privatizados ya no estarán dolarizadas, pero se indexarán en función de la inflación, al igual que el resto de los contratos.
En cambio, los salarios de los empleados públicos y jubilados no se indexan de ningún modo. Por tanto, habrá una abrupta devaluación de su poder de compra.
Para equilibrar las cuentas fiscales, se contarán con los recursos que no se paguen de intereses de la deuda y con la suspensión por 2 años de los aportes a las AFJP. Los afiliados al sistema de capitalización pasarán a aportar al Estado, que se compromete a devolver el dinero, con una tasadel 6 por ciento, al momento de cada jubilación. Además, se reimplantan las contribuciones patronales a las privatizadas. Y habrá una generalización de Ganancias, por lo que pasarán a pagar el impuesto las rentas financieras.
Las medidas en favor de la demanda son un seguro de empleo universal de 200 pesos y una baja de 5 puntos en la tasa del IVA.
“No es una propuesta terminada, es para comenzar a debatir y perfeccionarla”, se defendió ayer De Mendiguren ante los cuestionamientos por el impacto que la devaluación tendría en los asalariados. Ese y demás aspectos del plan formarán parte de la discusión sobre lo que vendrá en economía en las próximas semanas, con cada sector defendiendo sus intereses.

 

Irregulares beneficios

A río revuelto, algunos pescadores intentan su ganancia. Dicho de otro modo: en plena crisis institucional, algunos funcionarios intentan sacar provecho. El 13 de diciembre, un decreto de Fernando de la Rúa designó al frente del Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos a Oscar Bouzo, hombre de estrecha relación con el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo. Pero el nombrado funcionario recién fue ayer al mediodía a hacerse cargo, horas después de que renunciara el presidente que lo designó y con el presunto afán de no perder un puesto bien remunerado. La inoportuna irrupción del hombre de radicalismo generó resistencia en los cuerpos gerenciales. También en la Lotería Bonaerense se ha dado una situación singular. Según fuentes gremiales, el presidente Gustavo Costa firmó el ascenso de dos asesores que hasta ahora se desempeñaban ad honorem, reconociéndoles el derecho de cobrar un retroactivo de varios miles de dólares. Según las mismas fuentes, también aprobó una costosa campaña publicitaria ignorando la severa crisis económica del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, que no está pagando los sueldos en fecha y tiene atrasos de hasta seis meses con sus proveedores.

 

ULTIMOS DATOS DEL NAUFRAGIO DELARRUISTA
Final de juego a todo trapo

Los resultados de la gestión de Domingo Cavallo están bastante a la vista, pero el Indec entregó ayer nuevas precisiones. En el tercer trimestre, cuando arrancó el plan del Déficit Cero, la economía registró una caída estrepitosa. El Producto Interno Bruto se contrajo 4,9 por ciento respecto del tercer trimestre de 2000. El programa de ajuste fiscal extremo fracasó en al menos dos aspectos. En primer lugar, porque no se pudo conseguir el equilibrio fiscal, dado que el derrape de la recaudación hizo inútil todo esfuerzo de reducción del gasto. Y, en segundo término, porque una vez más quedó comprobado que en estas circunstancias no existe tal cosa como un círculo virtuoso –de ajuste, caída de tasas de interés y mayor producción– que haga crecer la economía.
En nueve meses de 2001, la baja del PIB fue de 2,4 por ciento, luego de retrocesos sucesivos de 2,0 por ciento en el primer trimestre, 0,2 en el segundo y 4,9 en el tercero. Estimaciones privadas indican que en la última parte del año la contracción rondaría el 8 por ciento. Para 2002, antes del vuelco de la situación política con el estallido social, el Fondo Monetario Internacional estimó una caída del 1,5 por ciento. A esta altura, cuesta encontrar economistas que arriesguen una proyección tan “optimista” como la del FMI.
Ayer el Indec puntualizó que la baja del tercer trimestre fue de 3,7 por ciento en comparación con el segundo. Los sectores productores de bienes fueron, otra vez, los más afectados por la política económica. Tuvieron una caída de 5,5 por ciento contra el tercer trimestre del año pasado. Y dentro de la producción, el golpe más duro lo sufrieron los constructores, con un descenso del 12,3 por ciento. En el caso de la industria, el retroceso fue menor, pero igualmente severo: 7,1 por ciento. Los sectores productores de servicios, en tanto, registraron una baja interanual del 4,6 por ciento.
Pese a que la política de ajuste tuvo como principal justificación la necesidad de recrear un clima favorable a la inversión, ésta se desplomó un 17,6 por ciento. En esa merma influyó el retroceso del 9,4 por ciento de las inversiones en construcción y del 29,6 por ciento en las que se efectúan en equipos durables de producción. Los últimos datos que se conocieron de la administración De la Rúa fueron catastróficos: el desempleo llegó a 18,3 por ciento y el déficit fiscal, a casi 900 millones de pesos solo en noviembre.

 

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